La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y apuntaron contra el responsable de la cartera, Alberto Baños. En las últimas semanas, la agrupación gremial viene reclamando por la desvinculación del personal del organismo público y los centros de memoria que de él dependen.

Según indicaron en un comunicado conjunto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), este jueves, 15 delegados gremiales no pudieron ingresar al edificio de la secretaría, ubicado en el predio de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Avenida Libertador 8151. “Hoy la Policía Federal Argentina les impidió el acceso al edificio central del organismo, ubicado en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, entre ellos, la Secretaria General Adjunta de la Junta (Interna de ATE del Ministerio de Justicia)”, informaron.

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Una situación similar se había dado el 2 de enero, cuando miembros de las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso al Centro Cultural Haroldo Conti, luego de que el Gobierno le informara a sus trabajadores, a través de un mensaje de WhatsApp, que debían cesar sus actividades y pasar a guardia pasiva hasta nuevo aviso. Según confirmó una delegada gremial a LA NACION, casi dos semanas más tarde, los empleados afectados aún no han tenido novedades de parte de las autoridades nacionales y el sitio de la memoria permanece cerrado.

En aquella oportunidad, ATE se movilizó en el predio de la ex-ESMA para exigir por la reducción de personal tanto en la cartera que conduce Baños como del espacio cultural. Durante la asamblea que llevaron a cabo también reclamaron por el vaciamiento del centro de memoria Virrey Cevallos, ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Sus antiguos empleados denuncian falta de financiamiento y personal para llevar adelante las tareas pedagógicas y de investigación correspondientes.

“Esto es parte del plan de desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y Derechos Humanos, a cargo del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y persecución a sus trabajadores y sindicato, y la intención de disciplinar a quienes encabezan las luchas contra estas medidas”, sigue el comunicado de ATE emitido esta tarde.

En línea con los reclamos del gremio estatal, el lunes, la Federación Sindical Mundial elevó un pedido al titular de la cartera de Derechos Humanos para que se reviertan las recientes desvinculaciones a fin de garantizar el cumplimientos de las políticas de memoria. “En nombre de la Federación Sindical Mundial y de los 105 millones de afiliados de 133 países a los que representa nuestra Federación, quiero expresar nuestra preocupación por este grave retroceso y pedirle que retrotraiga los despidos de trabajadores que tienen los conocimientos necesarios para servir a estas políticas, sin los cuales está claro que no se sostendrán”, reza el documento suscrito.

Esta semana, el Gobierno recibió su primer revés judicial respecto de la reducción de personal que ha estado llevando adelante. A raíz de una denuncia de la legisladora porteña Victoria Montenegro (Unión por la Patria), el juez federal Ariel Lijo –uno de los letrados que el oficialismo busca incorporar a la Corte Suprema– instó a la administración libertaria a adoptar las “medidas necesarias” para que se garantice el funcionamiento de los espacios de memoria que dependen de la secretaría de Derechos Humanos.

Además de la reincorporación de los empleados cuyos contratos no han sido renovados, el fallo judicial también estipula que se deben arbitrar los medios que haga falta “para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación y limpieza diaria” de los edificios que operan como sitios de memoria.