Máximo de materias para inscribirse. Recortes en limpieza y seguridad. A poco de retomar las clases en el nivel superior, la situación es crítica. Los rectores de las universidades públicas nacionales informaron que no cuentan con los fondos para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Estiman poder llegar hasta mitad de año y calculan necesitar el triple del presupuesto actual.

Con una inflación anual de 267%, dado que el presupuesto 2024 nunca se aprobó en el Congreso las universidades deben funcionar con el presupuesto 2023 prorrogado. De las partidas que reciben cada mes, cerca de un 90% se destina al pago de salarios que se renegocian a través de paritarias. Mientras que el 10% restante representa los gastos de funcionamiento, que corresponden a todos los esenciales para mantener cuestiones básicas –luz, agua, limpieza, mantenimiento y erogaciones desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico– y permanecen congelados.

“No estamos planteando ningún incremento, solamente estamos pidiendo una actualización, lo que corresponde para poder funcionar. El presupuesto con el que tenemos que trabajar se aprobó en septiembre de 2022, ya tiene un año y medio. Con una inflación de casi el 300%, en términos reales recibimos casi un tercio. Además hay partidas que no se están ejecutando”, dijo a LA NACION Carlos Greco, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Además, a lo largo del año se van negociando ajustes que impactan también en los gastos de funcionamiento. Las transferencias efectuadas en enero y febrero, según coincidieron varias universidades, no contemplaron las actualizaciones por lo que el monto recibido por las instituciones es nominalmente igual. “Esta transferencia tiene una caída real del 72% en el valor de la transferencia mensual, representando menos de un tercio respecto de la de febrero 2023″, publicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Esta transferencia tiene una caída real del 72% en el valor de la transferencia mensual, representando menos de un tercio respecto de la de febrero 2023.

“Es muy difícil que podamos pasar al segundo semestre. Todos somos conscientes de la situación que atraviesa el país. Lo que estamos pidiendo es lo mínimo para funcionar bien. Necesitamos que sea urgente, porque la situación es crítica y de sostenerse es inevitable que afecte a las actividades”, sumó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Greco es además el rector de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Precisó que en esta institución comenzaron recortando las rondas de limpieza. “Tenemos que recontratar seguridad y limpieza, y nos piden tres veces más de lo que podemos pagar. Estamos recortando en limpieza, pero hay un límite. Además, la cantidad de gente siempre es creciente. Se han suspendido compras de insumos en los laboratorios, viajes al exterior y congresos; es por eso que también compromete a la calidad de nuestro cuerpo docente”, apuntó. Y alertó: “Si no sostenemos un sueldo digno, se van a ir”.

Con una inflación que en los últimos tres meses alcanzaría al 70%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes fue retocar el 16% de los salarios 2023. Según precisaron los gremios, el aumento propuesto por la administración actual para febrero fue del 6%, que se sumaría al 10% que ya habían acordado con el gobierno anterior.

Una de las primeras en informar el impacto de las restricción presupuestaria fue la Universidad Nacional de Hurlingham, cuyo rector es Jaime Perczyk, exministro de Educación de la Argentina. Informaron que debieron “reacomodar la oferta de comisiones”, pospusieron el período de inscripciones y cada alumno podrá inscribirse a un máximo de 3 materias. LA NACION intentó comunicarse con la casa de estudios, pero no obtuvo respuesta.

“El sostenimiento del sistema universitario depende pura y exclusivamente del gobierno nacional. Prorrogar el presupuesto 2023 de las universidades sin tener en cuenta la inflación que todas y todos vivimos, obliga a replantear el funcionamiento de nuestra universidad”, comunicaron. Informaron, además, que sufrieron un recorte nominal del 16% en relación a diciembre.

Algo similar sucedió a la Unsam. Según precisó Greco a LA NACION, la transferencia de enero fue alrededor de un 8% menor de lo que correspondía. “Reconocieron que era un error. Todavía no lo corrigieron, pero espero que lo hagan, creemos en la buena voluntad”, dijo.

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En tanto, fuentes de la UBA contestaron que no están evaluando adoptar una estrategia que afecte la inscripción de los alumnos o las comisiones. Al igual que las demás instituciones, señalaron que cuentan con dificultades para pagar las tarifas de los servicios de mantenimiento y seguridad. Además, remarcaron que la crisis afecta también a los hospitales que dependen de la institución. “Los hospitales están incluso hasta en una situación un poco más difícil que las facultades. La inflación en salud es mucho más significativa. Al tener los gastos de funcionamiento congelados, las partidas que corresponden a salud están afectadas y nos están complicando el funcionamiento”, indicaron.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, informó que el Gobierno interrumpió el pago a las empresas de servicio (seguridad, limpieza y mantenimiento) del edificio Cero+Infinito, un compromiso que fue establecido en un convenio con el Ministerio de Ciencia. En principio, según tuiteó Duran, la empresa de seguridad disminuiría a partir del viernes pasado el personal asignado, por lo que deberán cerrar algunos accesos del edificio.

“El presupuesto de 2023 fue $220 millones y el mantenimiento de este edificio sale actualmente $500 millones. No tengo forma de pagarlo. Si se concreta, voy a recurrir al tribunal de justicia que está estipulado en el convenio”, dijo Durán a LA NACION.

Y agregó: “Es insostenible el mantenimiento de las universidades públicas, es imposible sostenerlas con un tercio del presupuesto. Preocupa la falta de interlocutores con poder de decisión”.

Varios rectores mencionaron que están en comunicación con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según coincidieron, no está asegurada una partida extra. De manera extraoficial se habló de una actualización del 65%, que todavía no está formalizada. El CIN elevó una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no tuvieron respuestas.

Sumado a eso, esta semana el Gobierno frenó a través de una resolución del Ministerio de Capital Humano la apertura de cinco universidades nacionales que se aprobaron por ley el año pasado, en medio de la campaña presidencial, e inició un proceso de revisión sobre ellas. Alcanzó a las universidades nacionales del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo.

El viernes, la Justicia falló a favor de la Universidad Nacional de Pilar por un amparo presentado por su rectora y le ordenó al Ministerio de Capital Humano suspender solo para el caso de esta institución la resolución que establece el proceso de revisión.

En enero, además, en medio de las negociaciones por la ley ómnibus con las provincias y luego de que cayera el paquete fiscal para que se destrabara la iniciativa, el Gobierno restringió el adelanto de fondos para el pago de sueldos del personal docente y no docente de por lo menos 20 universidades nacionales, entre otros empleados públicos. El Banco Central suspendió el mecanismo habitual que permitía que los trabajadores cobrasen el 1° de cada mes. Varias universidades alertaron que no podrían abonar los sueldos en la fecha que solían hacerlo habitualmente. Al otro día, el Gobierno informó que se habían transferido los fondos.