A diferencia de lo que pasó en las instancias de los tribunales inferiores, donde ni el juez federal Claudio Bonadio ni los jueces de la Cámara Federal avalaron los argumentos usados por Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, ejecutivos de la firma Iecsa, sobre la razón de sus entregas de dinero a los exfuncionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal tomaron en cuenta los argumentos empresariales para que los pagos que hizo a los exfuncionarios kirchneristas sean investigados como aportes de campaña por la justicia electoral.

Los jueces cuestionaron que en las instancias anteriores no se haya producido la prueba suficiente para probar los argumentos de defensa de Calcaterra pero, en lugar de ordenarle al TOF 7 incorporar o realizar más pruebas, directamente lo dejaron afuera del juicio oral y público donde debían ser analizadas las pruebas existentes. Además, desestimaron el hecho de que, en otra causa que es derivada del caso cuadernos, Calcaterra reconoció haberle pagado dinero a Ernesto Clarens para que su empresa pudiera cobrar pagos que el Estado le adeudaba.

En su voto, el juez Diego Barroetaveña dijo que el Tribunal Oral Federal 7 (a cargo del juicio oral del caso) no valoró correctamente los argumentos de Calcaterra y optó por considerar que a través de otra empresa constructora, Creaurban, había hecho aportes para la campaña de 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos. “El tribunal a quo nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”, dijo Barroetaveña en su voto, al que adhirieron los jueces Carlos Mahiques y Daniel Petrone. Es decir que dio por cierto que las entregas de dinero fueron por razones proselitistas y no para obtener beneficios tales como contratos de obras públicas o los pagos de los certificados de obras que ya habían sido adjudicadas.

Sin embargo, fueron 16 las entregas de dinero que hicieron Calcaterra y Sánchez Caballero a Roberto Baratta y sus delegados en el estacionamiento del Hotel Hilton y de las oficinas de la empresa Iecsa. Esto muestra, tal como consideró la fiscal Fabiana León cuando se expidió en contra de mandar el caso a la justicia electoral, que este caso no tiene las mismas características que el de los empresarios Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Ivannisevich y Hugo Eurnekian, quienes sí fueron beneficiados por Julián Ercolini para que la justicia electoral investigue sus pagos como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo.

La fiscal Fabiana León dijo que las situaciones de esos tres empresarios son excepcionales y desiguales por tratarse de pagos aislados. “En aquellas situaciones, excepcionales y desiguales a ésta, se entendió que aquellos pagos por aislados, específicos y por la prueba rendida podían y debían ser juzgados por infracción a la ley electoral” mientras que en los casos de Calcaterra y Sánchez Caballero “existe una consolidada acusación que vincula esos pagos al fin declamado de obtener un beneficio funcional, para sí y/o para las empresas representadas, por parte de los integrantes de la asociación ilícita investigada en la causa principal”.

Las pretensiones de que los pagos ilegales fueran investigados en el fuero electoral ya habían sido desestimadas en instancias anteriores y quedaba pendiente la realización del juicio oral y público donde, en todo caso, la prueba que hay en el expediente de cuadernos contra Calcaterra y Sánchez Caballero iba a ser analizada.

En el caso de los Cuadernos, Calcaterra declaró que los pagos se hicieron en el garaje del Hotel Hilton, en Macacha Güemes 307, en Puerto Madero, los días 1° de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015; y en Manuela Sáenz 323, los días 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, 1° de agosto de 2013, 22 de octubre de 2013, 28 de mayo de 2015, 18 de agosto de 2015, 14 de septiembre de 2015 y 21 de octubre de 2015.

Pero además, Calcaterra, Sánchez Caballero y Santiago Altieri (también ejecutivo de la firma Iecsa) fueron procesados y enviados a juicio oral por al menos cuatro hechos de cohecho activo en la causa conocida como “camarita”, derivada del expediente original y basada en las confesiones y las planillas aportadas por Ernesto Clarens, financista de los Kirchner que recibió pagos de las empresas de obra pública que recibían obras viales.

Según una resolución emitida por Bonadio cuando dio por probadas las declaraciones de los imputados colaboradores, el propio Calcaterra declaró en el marco de ese expediente (que es el n°13.816) haberle entregado dinero a Clarens personalmente en reconocimiento a las gestiones por él realizadas en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que se concretaran los pagos adeudados a la firma Iecsa (Esos dichos están en las fojas 4563/4571 del expediente.

Pero no sólo Calcaterra admitió los pagos a Clarens por estas gestiones. Sánchez Caballero también declaró en la causa conocida como “Camarita” y dijo: “ Tengo entendido que el Sr. Calcaterra había hablado con el Sr. Clarens para efectuar gestiones de cobranza en alguna oportunidad por las cuales le entregaba con posterioridad algún dinero”.