El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado hoy a cuatro años y medio de cárcel por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, en José Ignacio, Uruguay. El financista Leonardo Fariña, que intervino en la operación, fue condenado a dos años y medio de prisión, y le redujeron la condena en un año por sus aportes como “arrepentido”. El Tribunal Oral Federal N 4 decomisó 14.800.000 dólares a los acusados.

Esta es la cuarta condena contra Báez, que está en arresto domiciliario en su casa en Santa Cruz. Ya fue sentenciado a 10 años por lavado de dinero, en “la ruta del dinero K”, a 6 años por las licitaciones dirigidas en su beneficio en la acusa Vailidad, y a 3 años y seis meses de prisión por evadir aportes patronales de su empleados en Austral Construcciones.

La fiscalía había pedido en el juicio por el Entreveo seis años de cárcel para Báez; la Unidad de Información Financiera (UIF), nueve años, y la AFIP, siete años y medio.

Integran el tribunal que condenó a Báez los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, que se manifestó en disidencia en cuanto a la condena a Báez y en disidencia parcial en los casos de otros acusados; entre ellos, Fariña.

Báez, empresario que fue amigo y socio de Néstor Kirchner, ya había sido condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, caso del que se desprendió este expediente.

Allí se lo juzgó por lavar dinero de la corrupción (según la condena de los dos jueces de la mayoría) mediante transferencias al exterior desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Esos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia Báez. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña.

En un tramo residual de esta causa, la Cámara Federal insiste en investigar a Cristina Kirchner y determinar si el dinero de Báez en verdad es plata de los Kirchner.

A su vez, Báez fue condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patagónico.

La operación principal que se investigó en este caso fue la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, entre José Ignacio y La Barra, por el que se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, según la acusación. Fariña declaró en el juicio que se puso más dinero, habló de 16 millones de dólares y sostuvo que los que intervinieron en la operación se quedaron con plata.

Lo que se juzgó es el blanqueo de capitales mediante la compra de diferentes propiedades en el país y el extranjero. Entre ellas, El Entrevero, ubicada entre José Ignacio y La Barra, en Uruguay.

Fue condenado Báez a 4 años y medio y a pagar una multa de tres veces el monto de las operaciones (14 millones de dolares) por la compra del campo y un terreno en el Faro de José Ignacio por otros 800.000 dólares Fue condenado su contador Daniel Pérez Gadín, a 4 años y al pago de la misma multa; su abogado Jorge Chueco, a 3 años y seis meses, y Fariña, a 2 años y medio; dejando expresa constancia que le descontaron un año por sus aportes como “imputado arrepentido”. La pena se unificó en 4 años, con otras condenas anteriores.

Fueron condenados también Santiago Carradori, a 4 años y medio; Maximiliano Goff Dávila, a 5 años; Oscar Guthux, a 3 años, y Alejandro Acosta a dos y seis meses.

A finales de 2010, Goff Dávila, conocido de Fariña que asesoraba a Báez en cuestiones económicas, consultó a su concuñado por la posibilidad de realizar una inversión en Uruguay. Le indicó que podía comprar el 50% de la estancia El Entrevero, cuya titularidad era de Walter Kobilansky Brandhuber. De esta manera, el 29 de diciembre de 2010 se firmó la reserva en Punta del Este por dos fracciones de campo -una de 145 hectáreas y la otra, de 7- por US$14.000.000.

En ese documento, el comprador se comprometió a abonar US$1.400.000 de seña y US$ 12.600.000 a través de transferencias bancarias. El escribano Pittaluga Shaw ofició de intermediario del pago de la seña. Recibió tres transferencias a su cuenta bancaria Nº500060200 del Banco Santander de Montevideo desde la cuenta en el HSBC (Estados Unidos) de la Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. (Afisur) por US$399.617,68, US$399.618,01 y US$599.441,68.

El campo no estaba destinado a estar a nombre de sus verdaderos dueños y por eso se adquirió la sociedad Traline. Una vez completado el pago, Pérez Gadín y Chueco se abocaron a la escrituración mediante otra sociedad.

El proceso de adquisición de la estancia “El Entrevero” fue iniciado en diciembre de 2010 y culminado en agosto de 2011, y se realizó mediante la canalización de dinero de procedencia ilícita a través de mecanismos financieros y bancarios -liquidación de títulos, transferencias desde bancos europeos, letras de cambio- por 14 millones de dólares, disfrazado de inversión para desarrollar un mega proyecto inmobiliario y valiéndose de las empresas -Traline SA y Jumey SA- “para ocultar al verdadero dueño de los fondos y, así, brindarle a esa inyección de dinero apariencia de licitud”, dijo el juez Sebastián Casanello, que procesó a los imputados.

En otro hecho de lavado, los imputados están acusados de comprar por 320.000 dólares un terreno en el faro de José Ignacio, en Uruguay, con las mismas sociedades, y un departamento en la avenida del Libertador. Allí actuó como intermediario un monotributista que pagó 800.000 dólares por el inmueble que compró junto con BMW descapotable. Luego vendió el inmueble en 1.350.000 dólares. El origen del dinero con que se compró el departamento era ilícito.