El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) se situó este jueves en el centro de la crisis política que sacude al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en la sede de la corte en Caracas que, tras realizar “el peritaje” del proceso electoral solicitado por el presidente Nicolás Maduro, había decidido “convalidar” su triunfo.

La victoria de Maduro fue cuestionada dentro y fuera de Venezuela desde que la anunció horas después del cierre de los colegios electorales el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso.

Amoroso dio como vencedor a Maduro sin dar detalles de los resultados y justificó el retraso en la difusión de los mismos por un supuesto ataque cibernético contra el sistema electoral venezolano.

En su sentencia de este jueves, el TSJ indica que la Sala “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado” y “convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República”.

Esta decisión reavivó las denuncias de falta de independencia del tribunal por parte de la oposición, que acusó al TSJ de plegarse a los designios de Maduro para “perpetrar un golpe de Estado”, y provocó otra ola de críticas de organismos internacionales y de otros gobiernos.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.

El gobierno de Venezuela sostiene, en cambio, que las críticas a las instituciones son parte de una campaña internacional contra la Revolución Bolivariana.

El papel institucional del TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto órgano judicial de Venezuela y última instancia de recurso. La Constitución venezolana le confiere un amplio abanico de atribuciones, entre las que destacan pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas, conocer de los presuntos delitos cometidos por los miembros de la Asamblea Nacional, promover las leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales o decretar la destitución o falta absoluta del presidente de la República cuando proceda.

También le corresponde dictaminar si hay mérito para enjuiciar al presidente, sus ministros, legisladores y otras altas autoridades, y conocer de esos juicios si se producen.

Se compone de una Sala Constitucional, una Político Administrativa, una Electoral, una de Casación Civil, una de Casación Penal y una de Casación Social. La Constitución venezolana señala también que el TSJ cuenta con “autonomía funcional” dentro de la independencia judicial.

Esto es precisamente lo que, según los críticos y diversos observadores internacionales, está hace tiempo en cuestión. Y la polémica en torno a los resultados electorales no ha hecho sino acrecentar las dudas.

Después de que Maduro fuera proclamado vencedor de las elecciones, arreciaron las acusaciones de fraude y las exigencias al Consejo Nacional Electoral de que presentara las actas que acrediten el triunfo del candidato oficialista, algo que hasta ahora no se ha producido y contrasta con las publicadas por la oposición, que mostraban una amplia ventaja del opositor Edmundo González.

En medio de la polémica y de las protestas en las calles que se saldaron con decenas de muertos y detenidos, Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del TSJ para que completara “un peritaje” del proceso electoral y verificara que había ganado limpiamente.

Tras el recurso de Maduro, el tribunal inició un proceso al que citó a las distintas fuerzas políticas y candidatos y les requirió la entrega de la documentación electoral en su poder. El candidato opositor Edmundo González no se presentó porque no cree en la imparcialidad del órgano judicial.

Numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que, invariablemente, una y otra vez, favorecen al oficialismo.

La jefa de la misión de observación electoral que el Centro Carter envió a Venezuela, Jennie K. Lincoln, cuestionó que el TSJ fuera a inmiscuirse en el proceso electoral.

“No es una evaluación independiente”, dijo la experta en una entrevista con la agencia AP en la que señaló que, en lugar de ir al TSJ, Maduro debería exigir al CNE que publique los datos de la elección mesa por mesa.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela tampoco da crédito al tribunal y le atribuye “un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en enero de este año que los fallos del TSJ que impidieron presentarse a las elecciones a destacadas figuras de la oposición confirman que “el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad”.

El gobierno venezolano defiende el papel institucional y la imparcialidad del TSJ.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, le dijo a la televisión estatal que la sentencia del TSJ sobre el recurso electoral de Maduro representa “un acto de altísima institucionalidad que ratifica el carácter republicano de nuestros procesos y nuestras instituciones” con el que “nuestra democracia sale fortalecida”.

Quiénes componen el TSJ y por qué se les cuestiona

La designación de los actuales magistrados del TSJ también ha provocado dudas sobre su imparcialidad.

Todos sus integrantes han sido nombrados por Parlamentos dominados por el chavismo y entre ellos hay algunos que han formado parte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional y vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez.

La presidenta Caryslia Rodríguez fue electa concejal en 2018 por el PSUV y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.

La Constitución venezolana exige que, “para garantizar su independencia e imparcialidad”, los jueces no podrán llevar a cabo activismo político, pero solo a partir de la fecha de su nombramiento y hasta su cese. Rodríguez fue nombrada magistrada del TSJ en 2022.

El mecanismo de elección de los jueces también ha sido cuestionado.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU señaló que la Asamblea Nacional chavista modificó en 2022 la composición del Comité de Postulaciones Judiciales para asegurar el control gubernamental del TSJ y eligió a los 20 magistrados que actualmente lo componen.

Según la presidenta de la misión de la ONU, Marta Valiñas, el gobierno ejerce además “una injerencia indebida” sobre sus decisiones “a través de mensajes directos y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, vicepresidente del partido oficialista.