El presidente Javier Milei sabe que debe moverse rápido. Más allá del discurso que prepara para dar hoy en la apertura de sesiones del Congreso, en el que volverá a arengar a su electorado con la batalla cultural contra la ‘casta’, lo desvela por estas horas la economía. Avanzar con el levantamiento del cepo es una prioridad; la otra es poder pasar por el Congreso alguna de las reformas claves que exige la economía. Para la primera, será crucial el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), y sobre todo, del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene la última palabra en el directorio del organismo internacional de crédito. Para la segunda, en tanto, la apuesta es que, asfixiadas financieramente, las provincias accedan a negociar (casi) sin condicionamientos.

La realidad es que prácticamente todas las provincias que tienen deuda emitida en el mercado saben que, tarde o temprano, deberán sentarse con sus acreedores. Algunas, como La Rioja, que esta semana anunció que no tenía los fondos para pagar un vencimiento de US$26 millones, ya eligieron el camino desprolijo de confrontar con sus acreedores. Otras, como Córdoba, una de las que venía con las finanzas más prolijas, sigilosamente comenzaron a trabajar en un canje voluntario de deuda, con el asesoramiento de los bancos JP Morgan y Santander. Ricardo Quintela y Martín Llaryora, dos estilos de gestión diferentes.

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Pero no serían las únicas. En los bancos creen que difícilmente provincias como Buenos Aires, Salta o Entre Ríos (que acaba de convalidar un aumento salarial para los empleados provinciales del 18%) logren sortear una reestructuración de su deuda, más allá de que en privado manifiestan su intención de evitarlo. Y es que, más allá de estar sufriendo un recorte total de las transferencias discrecionales que antes recibían de la Nación, también están viendo cómo la recesión está haciendo estragos en sus recaudación. Cuando la economía se frena violentamente, dificilmente hay quien quede en pie.

La Nación, de hecho, volverá a mostrar en febrero, por segundo mes consecutivo, superávit primario (un saldo positivo entre ingresos y gastos) y probablemente también financiero (después del pago de intereses de la deuda), si se considera el sector público consolidado. Pero también empieza a llamar la atención de quienes siguen de cerca los números del Tesoro, la brutal caída registrada en febrero de la recaudación de los impuestos vinculados a la actividad. “Se acabó la nominalidad y ahora empieza a pesar el parate de la economía”, advierten.

Así las cosas, parte del buen número fiscal de febrero estará explicado no tanto por una mejora real de los ingresos o el recorte de gastos, sino porque Economía continuó con la licuación y además decidió “pisar la caja”, como se dice en la jerga. Las víctimas no son sólo las provincias, sino también en este caso las generadoras de electricidad, que deben recibir cada mes una compensación de Cammesa, la empresa estatal, por el costo de la energía que producen y que no pagan los usuarios. “La cuenta de Cammesa son unos $400.000 millones o $500.000 millones por mes, dependiendo del consumo –explica el responsable de una generadora–. La cuenta de noviembre sólo se pagó en un 50%, de diciembre se debe el 100% y, la de enero, vence el 15 de marzo. Para entonces habrán acumulado una deuda de cerca de un billón de pesos”, advirtió. El martes de esta semana, cuando las transportistas de energía amenazaron con que ya no tenían dinero para pagar sueldos, el Tesoro le giró a Cammesa apenas $140.000 millones. Con gobernadores o con las empresas de energía, el Gobierno juega siempre al filo.

Está claro que no se vienen meses fáciles. Milei volverá a advertirlo en su discurso de hoy. Para mantener los mejores números fiscales hará falta mucho más que una licuadora y un ladrillo sobre la caja. En el Gobierno, sin embargo, esperan poder anunciar pronto el levamiento del cepo. “El cepo vence rápido. Y después, antes de fin de año, debiéramos tener una economía bimonetaria”, anticipa una fuente con acceso al círculo más cercano el Presidente.

Nada mejor para el relato oficial que la difusión de escándalos de corrupción como los que ahora rozan a Alberto Fernández con Nación Seguros y un puñado de brokers amigos. Pero no está claro que el Gobierno quiera ir a fondo. De desearlo, debería sondear más profundo. El diputado radical Martín Tetaz declaró en una entrevista radial que lo mismo podría haber sucedido en la provincia de Buenos Aires. La Justicia debiera investigar de oficio. Pero también el Gobierno debiera indagar (si es que ya no lo sabe) qué pasaba en el mundo de las casas de cambio el año pasado, cuando por una firma sin negocios genuinos (porque por el control de cambios nadie podía comprar dólares oficiales) se llegaba a pagar en el mercado más de US$2 millones. O cómo es que alocan sus inversiones algunos organismos oficiales, que mueven miles de millones de pesos mensuales y eligen sólo un puñado de fondos para invertirlos. En la City porteña sobran los negocios. El problema es que no son exclusivos de un espacio político. Si de seguros se trata, por otro lado, algunos sindicatos conocen el negocio a la perfección.

En el mundo desarrollado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) juegan un rol clave en muchos de estos casos, no sólo depende del buen accionar de la Justicia. Una primera señal alentadora: según confirmó LA NACION, tras la denuncia iniciada por la Coalición Cívica, la CNDC inició una investigación por presunta cartelización en el negocio de las prepagas. No parecieran haber sido muy felices las declaraciones del titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quien públicamente anticipó los aumentos que haría la industria que, se supone, debiera competir. “Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. Los representantes de las prepagas vamos a hacer una reunión en la UAS (por la Unión Argentina de Salud) en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló el empresario al periodista Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. La última vez que la CNDC llevó adelante una investigación con un resultado que tuvo real impacto sobre el mercado fue durante la gestión macrista, cuando obligó a los bancos a desprenderse de Prisma, la empresa que en ese momento emitía exclusivamente tarjetas Visa. Otras investigaciones se quedaron simplemente como buenas intenciones.

Apuntalado sobre todo por la urgencia fiscal (más que por un afán de transparencia), el Ministerio de Economía tendría previsto hacerse cargo la semana que viene de la gestión de los fondos fiduciarios que hasta ahora estaban bajo la administarción principalmente de los bancos BICE y Nación, a través de su vinculada, Nación Fideicomisos. El decreto que establece el traslado a la órbita del ministro Luis Caputo está a la firma del Presidente y sería publicado el lunes próximo en el Boletín Oficial.

“La idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la SIGEN, para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”, explicaron fuentes oficiales.

En el medio, el Gobierno espera que la paulatina apertura de la economía colabore para morigerar la escalada de precios. Con el dólar casi planchado empiezan a encarecerse todos los productos al medirlos en moneda dura, a tal punto que las grandes cadenas de supermercados empezaron a traer más productos del exterior. Hay industrias, como la de textiles y electrónica, en las que los precios vienen corriendo muy por delante de la inflación y de la devaluación. La idea, en principio, sería liberar trabas burocráticas para la importación. Pero además, se volverá a poner en funcionamiento la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con la que se aspira a agilizar los procesos de Aduana, el eterno embudo negro en todas las administraciones. La casta sigue activa por donde se la mire.