Luego de celebrar tres jornadas de sesiones informativas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar, a fin de mes, sobre los proyectos de ley para reducir la jornada laboral que, en líneas generales, proponen rebajar las 48 horas semanales actuales que dispone la ley actual, manteniendo el nivel de remuneraciones.

La propuesta, más allá de las diferencias que plantean los distintos proyectos, genera tal polémica por el rechazo que genera en el sector empresario que nunca llegó a discutirse en el recinto. De hecho, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), su presidente Luis Macario, enfatizó este mediodía, en la última jornada de exposiciones, que “en un país con casi un 40% de empleo informal, discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno”.

Ante las resistencias que desata este tema, el presidente de la comisión, el diputado radical Martín Tetaz, procura avanzar en un camino intermedio y, para ello, propone un régimen optativo de jornada laboral, a ser reflejado en cada convenio colectivo de trabajo, que permitiría la reducción de horas diarias y más días, o bien más horas diarias y menos días. Todo esto según las necesidades y características propias de cada actividad.

La iniciativa, que establece además un período de prueba de hasta 6 meses para este régimen, tiene el apoyo del bloque de la UCR y recibió avales de la Coalición Cívica y de Pro; de allí la expectativa de Tetaz de avanzar hacia un dictamen de mayoría. La semana próxima convocará nuevamente a la comisión para un último debate entre los legisladores previo al dictamen que, se estima, se firmaría tras el receso legislativo de este mes.

No será fácil acercar posiciones porque, en su mayoría, los proyectos presentados apuntan a una reducción obligatoria de la jornada laboral. En Unión por la Patria hay varios proyectos presentados; está el del diputado Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Su colega Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone, por su parte, que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés, también de Unión por la Patria, y de Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.

Desde la UIA, Macario fue lapidario con estas propuestas al advertir que la Argentina debería “estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal antes de discutir una reforma de esta naturaleza”.

El empresario negó que una reducción de la jornada laboral redunde en una mejora en la productividad, como sostienen sus impulsores. “Estas afirmaciones son meramente voluntaristas y desprovistas de todo fundamento técnico –sostuvo-. Bajar la jornada legal, manteniendo las remuneraciones, implica un inédito descenso de la productividad. Si reducimos la jornada de 8 a 6 horas, la producción debería incrementarse por lo menos en un 33%”, sostuvo, al tiempo que sugirió que las reducciones eventuales de la jornada surjan de los convenios colectivos de trabajo.