En medio de cruces entre el los representantes del kirchnerismo y los concejeros jueces y abogados, el Consejo de la Magistratura aprobó en la reunión plenaria de hoy ternas de candidatos para cubrir 12 vacantes de jueces. En la misma sesión, el cuerpo desestimó las denuncias contra los jueces que fallaron para evitar el juicio oral contra el empresario Angelo Calcaterra por el caso de los cuadernos de las coimas y contra la jueza Agustina Díaz Cordero, señalada por supuestos lazos con diputados libertarios que visitaron en prisión a represores condenados.

La sesión del Consejo de la Magistratura, a la que asistieron representantes de los organismos de Derechos Humanos, no estuvo exenta de debate político, ya que el kirchnerismo se quejó de las decisiones que llevaron a desestimar las denuncias contra los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, también consejero, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, que entendieron que los pagos que efectuó Calcaterra al kirchnerismo debían ser considerados aportes de campaña electoral y no sobornos.

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El consejero y diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade se quejó de que se desestimara la denuncia sin una investigación. Afirmó: “El juez Mahiques se hace el tonto en sus relaciones con el sistema político al que pertenece Calcaterra, que es el macrismo, donde fue funcionario. El hijo Juan Bautista es el fiscal general de la Ciudad. Es decir, una serie de cuestiones que claramente por lo menos requerían del pronunciamiento del juez para que viniera a decir lo que consideraba, sobre todo porque la Coalición Cívica decía que debía haberse excusado y hablaba de estas relaciones”.

Se votó y se desestimó la denuncia. El caso de la jueza Díaz Cordero también generó revuelo. Hasta el punto de que Rosatti le dio la palabra a Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y, al finalizar su alocución, el concejero Miguel Piedecasas, por los abogados, cruzó a Tailhade, que quería abrir una investigación sobre la magistrada aludida en un grupo de chat de los diputados libertarios que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores en Ezeiza.

“Tailhade, usted me corre el eje, pero yo no se lo corro porque no quiero hacerle trampa. El mío es que la doctora Díaz Cordero, a quien conocemos como actúa, cómo trabaja, su conducta, cuáles son sus compromisos y eso tampoco hay que soslayarlo. Yo no la conozco de antes que estos dos años”, dijo Piedecasas.

Y siguió: “Son manifestaciones en un grupo de WhatsApp que no integraba la denunciada, que no emitió los mensajes y no recibió los mensajes. Son opiniones de WhatsApp, a dónde vamos si abrimos las puertas de ese camino, a dónde vamos a llegar. Se hace referencia solamente a la doctora en esos WhatsApp que se han transcrito. Perdónenme, pero ustedes dicen que ella conscientemente consintió y la doctora dice no es parte del grupo, no emitió los mensajes”.

“En la denuncia dice conscientemente y la doctora desmintió todo vínculo con esos grupos”, insistió el juez Rosatti, que dijo “no se evidencia falta de conducta y mucho menos un patrón de conductas. La magistrada ha demostrado un apego a las normas actuando con ejemplaridad en su conducta pública. Doy vueltas y termino en lo mismo, la misma referencia en grupos donde no forma parte y no ha sido ni emisora ni receptora, no dan cabida a la investigación por mal desempeño. Lo que conlleva la desestimación de la denuncia efectuada. Estoy en un órgano constitucional, ha tenido un gesto el Consejo, ha tenido un gesto el Presidente y lo resolveremos democráticamente votando”, concluyó Piedecasas. Luego se aprobó la desestimación de la denuncia.

El otro asunto que se decidió tiene que ver con el juez comercial Hernán Papa. Su caso estaba en la Comisión de Acusación, que es la que decide si los jueces son sometidos a juicio político para ser removidos. Pero, finalmente, se votó que las denuncias en su contra pasen a la Comisión de Disciplina, con lo que a lo sumo el magistrado comercial se expone a recibir una sanción disciplinaria que consiste en general en el descuento de un porcentaje de su salario.

Papa fue denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por graves casos de abuso de autoridad, amenazas, agresión física, maltrato laboral y acoso por razón de género para con los empleados de su juzgado. El juez fue denunciado tanto por el sindicato como por una camarista del Juzgado Comercial. Papa estaba ternado en el Senado para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde recibió medio centenar de impugnaciones.

Asimismo, el plenario aprobó, con la abstención del bloque kirchnerista, dos ternas para ocupar dos vacantes en un tribunal oral federal en Neuquén. La primera terna la integran Juan Manuel Kees, Verónica Laura Pérez y Matías Oscar Zanona, y la segunda terna la integran Pablo Antonio Matkovic, Carolina García y Jorge García Davini.

Se aprobó, con la excusación del juez Barroetaveña, una terna para cubrir la vacante de juez federal de Tucumán con competencia electoral: fueron ternados el secretario judicial Carlos Ezequiel Oneto, el fiscal Carlos Eduardo Saltor y la relatora de la cámara federal de Tucumán y especialista en derecho empresario, Solana Esther Casella.

Se aprobaron ocho cargos para jueces de tribunal oral en lo criminal en la ciudad de Buenos Aires. Las ocho ternas están integradas por 1) Fernando Buján, Mariano Adolfo Klumpp, Ana Poleri; 2) Sebastián Noé Alfano, Santiago Juan Schiopetto y María Laura Barsanti; 3) Julio César Di Giorgio, Juan Carlos Riccardini y Vanesa Silvana Alfaro; 4) Marcelo Alejandro Peluzzi, Claudio Ricardo Silvestri; Albertina Anatonia Carón 5) Andrea Fabiana Raña; Mariano Jorge Cartolano, Sergio Roberto Rocamora; 6) Rodrigo Demián López Gastón, Laura Fabiana Kvitko; Hugo Fabián Decaria 7) Mariana Salduna, Anselmo Gabriel Palmiro Castelli, Carlos Luis Montesano Rebón 8) Paula Vanesa Romeo, Santiago Alberto López y Simón Pedro Bracco.

Se eligió además la terna para cubrir la estratégica Cámara Federal de General Roca, que es la alzada de seis juzgados federales de General Roca, de Viedma, de Bariloche, de Zapala y los dos de la ciudad de Neuquén. Es el tribunal que tiene jurisdicción sobre Vaca Muerta. Y los delitos federales que se asocian en ocasiones al petróleo y su extracción son cuestiones ambientales, cortes de ruta o delitos económicos como contrabando y evasión.

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Fueron ternados Hugo Horacio Greca, Walter Ezequiel López da Silva y Luisina Tiscornia. Greca es juez federal de General Roca y subroga el juzgado federal de Viedma. Walter Ezequiel López da Silva es juez federal del juzgado federal 1 de Bahía Blanca. Y Luisina Tiscornia es fiscal auxiliar del Tribunal Oral Federal de Neuquén.

Con las 12 ternas aprobadas en el plenario de hoy quedaron 161 vacantes en manos del Gobierno, que supuestamente enviará la mayor parte de esos pliegos al Senado la semana próxima. Además, quedan 138 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura para llamar a concurso.