El Gobierno nacional podrá respirar aliviado al menos por una semana, ya que el Senado recién discutirá el jueves 22 de agosto el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que cuenta con la aprobación de Diputados y que el presidente Javier Milei prometió vetar por el enorme costo fiscal que, según el oficialismo, implicaría su sanción.

La postergación de la sesión, que inicialmente iba a convocarse para este jueves, se resolvió en una reunión con jefes de bloque y ninguno de los líderes de las bancadas de oposición puso reparos cuando desde el oficialismo se propuso postergar la reunión por una semana y usar ese tiempo para discutir la elevada la semana pasada por el Gobierno, que intenta por todos los medios evitar que la Cámara alta convierta en ley el texto tal cual salió de Diputados el pasado 4 de junio.

Si el proyecto iba a al recinto esta semana el panorama para Villarruel y su tropa se siete senadores libertarios se perfilaba más que complicado ya que, a priori, el oficialismo no tenía forma de frenar la sanción definitiva del proyecto aprobado por Diputados a principios de junio y que llevó al Presidente a calificar de “degenerados fiscales” a los bloques que aprobaron la iniciativa, y a anticipar que pensaba vetarlo si terminaba convertido en ley. Esto hubiese significado un duro golpe político para el Poder Ejecutivo, que sostiene que la sanción de la norma haría trizas el superávit fiscal que tanto venera y persigue.

Como si fuera poco, la derrota legislativa vendría para Villarruel con el bonus track de una nueva ofensiva de Karina Milei y Santiago Caputo, que aprovecharán la oportunidad para reavivar la feroz interna que mantienen con la vicepresidenta y, además, para enviar a su ejército de las redes sociales a criticarla de manera despiadada por infringirle una derrota al Gobierno, como ya lo hicieron cuando el Senado rechazó el DNU 70/23.

Villarruel sabía que si este jueves llamaba a sesión la derrota legislativa sería inexorable. Desde la semana pasada tiene sobre la mesa los números que le acercó su secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, los que muestran que el proyecto de ley cuenta con una mayoría de 40 votos.

Ahora tendrá una semana para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita cambiar este panorama es una instancia de negociación con los enviados del Poder Ejecutivo. La clave pasa por convencer al radicalismo, en particular a los cuatro senadores de la UCR que están dispuestos a aprobar el texto tal cual salió de la Cámara baja.

Las perspectivas no son optimistas entre los colaboradores de la vicepresidenta, que ven “muy difícil” que se pueda encontrar una fórmula de consenso. Pero el éxito de haber ganado una semana más de tiempo insufló ánimos en la tropa oficialista de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda la semana pasada, después de un lento tratamiento que demandó más de dos meses y luego de que las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo no tuvieran buena recepción en los sectores más díscolos de la oposición dialoguista.

Hasta ese momento, el Gobierno apostaba por alcanzar un acuerdo para modificar el proyecto y devolverlo en segunda revisión a Diputados. La propuesta enviada al Senado sólo acepta dos artículos de la versión que salió de la Cámara baja: la actualización de las jubilaciones por el índice de precios al consumidor (IPC) y el reconocimiento de una recomposición por la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y el 12,5 abonado por el Poder Ejecutivo cuando actualizó los haberes por decreto en abril último.

El resto del articulado quedaba eliminado. Entre las cláusulas rechazadas por el Poder Ejecutivo se encuentra la que obliga a la Nación a cancelar, en un plazo de seis meses prorrogable por igual plazo de tiempo, las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.

La propuesta oficialista dividió aguas en el radicalismo. Los senadores de provincias que gobiernan el centenario partido, con Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) a la cabeza, optaron por mantener la concordia con la Casa Rosada y, aunque con disidencia parcial, apoyaron el texto con cambios.

Sin embargo, cuatro legisladores de la UCR decidieron avalar el proyecto aprobado por Diputados. Son lo que en la jerga legislativa se conoce como “sin techo”, es decir que no tienen gobernador al cual responder: Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Martín Lousteau (Capital), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca), quienes, disconformes con la propuesta del Gobierno, decidieron sumar sus firmas junto al kirchnerismo y el provincial José María Carambia (Por Santa Cruz) y se alzaron con el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones.

Con los 33 senadores del kirchnerismo plantados en una oposición cerrada a la administración Milei, el voto de estos cuatro radicales y de Carambia alcanza para que el proyecto se convierta en ley. Pero la suma no termina ahí, ya que junto al santacruceño votaría su compañera de bancada y comprovinciana Natalia Gadano, y es muy factible que la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) termine sumándose, ya que sólo estaba dispuesta a votar cambios en la iniciativa si se registraba un amplio acuerdo político que, hasta el momento, no se concretó.