Los peores números en materia de resultado financiero en 2024 dentro del universo de empresas públicas se concentran en Aerolíneas Argentinas, según el último reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto, con información hasta el primer trimestre del año. Generó pérdidas por $149.214,4 millones que, a cotización del dólar del Banco Nación, equivalían a US$170 millones al 28 de marzo.

En caso de no cambiar este desempeño en sus cuentas, el Gobierno no lograría alcanzar uno de sus objetivos en esta empresa pública, ya que se propuso terminar este ejercicio con un déficit menor a US$150 millones, tal como explicaron desde la compañía.

Es una tarea complicada en este contexto. Las medidas de fuerza impulsadas por gremios aeronáuticos en reclamo de recomposición salarial, las cuales comenzaron el lunes 19 en el aeroparque Jorge Newbery, apuntan contra la empresa y se extenderán hasta la mañana de este viernes 30 de agosto.

Por este motivo, Aerolíneas Argentinas y Flybondi anunciaron que trasladarán algunas operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Un documento de la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que trabajaba en la órbita de la Jefatura de Gabinete y ahora se convirtió en una Agencia de Transformación de Empresas Públicas que funciona en el Ministerio de Economía, explicaba que antes de cualquier privatización, concesión o cambio de esquema a capitales mixtos, la compañía debía “poner en orden sus cuentas”.

Según detallaron fuentes oficiales, esto no sólo implica efectivizar el “no hay plata”, sino también reducir la planta de personal y eficientizar el esquema de negocios, algo que se puede observar en los cambios de rutas que anunció la aerolínea de bandera.

A propósito del “no hay plata”, Aerolíneas Argentinas sólo recibió transferencias del Gobierno equivalentes a $61.100 millones, según la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC). Esto representa un recorte interanual del 29% en términos reales. De hecho, gran parte de ese dinero, $58.733 millones, tenía el objetivo de cubrir el gasto de retiros voluntarios. Un primer plan de retiros acogió a 500 personas y actualmente se encuentra en marcha una segunda etapa con el que la compañía también busca que se adhieran otros 500 empleados.

“Las empresas públicas sobredimensionaron la cantidad de empleados que necesitaban para funcionar”, sostiene el documento de quienes trazaron el plan original del Gobierno con las empresas públicas. De acuerdo con cifras oficiales, Aerolíneas Argentinas tenía una dotación de 11.926 empleados en diciembre del año pasado. Según el Indec, esa cantidad bajó a 11.436 en junio y los números de la OPC correspondientes a julio muestran que la reducción de la planta continuó, ya que cerró el séptimo mes del año con 11.184 empleados. Es decir, en lo que va de la gestión libertaria, la compañía tiene 742 empleados menos.

En términos de masa salarial, los datos de la Jefatura de Gabinete expuestos ante el Senado dieron cuenta que el ingreso del personal de APLA, sindicato dirigido por Pablo Biró, oscila entre $2,9 millones y $7 millones; el de APA, entre $759.742 y $1,7 millones; el de APTA y UPSA, entre $1,3 millones y $3 millones; y el de AAA entre $975.216 y $3,1 millones.

La compañía introdujo cambios en su esquema de negocios, al que busca darle “mayor rentabilidad”. Desde la empresa informaron que se cancelaron las rutas de Nueva York y de La Habana, que eran deficitarias, y se reforzaron con esos aviones los vuelos a Miami, Madrid, o los destinos del Caribe.

En paralelo, informaron que redujeron postas y viáticos, y renegociaron contratos con proveedores. Un ejemplo que citaron fue el caso de las postas en Ushuaia, cuyo costo mensual superaba los US$100.000.

Pero no todo se definió desde el diseño de la estrategia de negocios. En un primer momento, el Gobierno buscó apuntalar a Aerolíneas Argentinas para su privatización, pero el Congreso quitó la quitó de la Ley Bases. En consecuencia, los cambios más rotundos comenzaron a llegar con las medidas vinculadas a la “desregulación de los cielos”, firmadas por el ministro Federico Sturzenegger.

La primera de ellas se publicó a través de la Resolución 240, mediante la cual el Gobierno habilitó la ampliación de operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery y eliminó la limitación en la cantidad de asientos de las aeronaves. Para Sturzenegger esto significó: “Las operaciones internacionales en Aeroparque no podían ser a escala ni usar aviones con más de 200 plazas. Ambas restricciones se liberan. Como resultado, Jetsmart comenzará a operar Santiago de Chile -Buenos Aires-Río de Janeiro, que estaba prohibido”.

A su vez, desde la Secretaría de Transporte dijeron que eso permitirá operar vuelos a menores costos, ya que podrán ingresar aviones con más pasajeros a Aeroparque. Para Aerolíneas Argentinas, esto significó el comienzo de la planificación de nuevos vuelos desde octubre entre Santiago de Chile, Río de Janeiro y San Pablo, todos con escalas en el Jorge Newbery.

Otra medida que impactó directo en Aerolíneas Argentinas fue la eliminación de la obligación de funcionarios públicos de viajar con la aerolínea de bandera. Ahora, pueden contratar tickets con cualquier empresa para viajes oficiales.

Además, un cambio reciente en las tarifas de la compañía es el aumento para los vuelos de cabotaje. Su precio, tal como informó LA NACION, se incrementó un 3%.