El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado este viernes una demanda junto con otros 15 Estados gobernados por republicanos para bloquear el programa del Gobierno que permitiría a medio millón de migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses obtener el permiso de residencia y acceder a una vía para alcanzar la nacionalidad.

Los demandantes denuncian que el Gobierno de Joe Biden aprobó el programa, llamado Parole in Place, sin la autorización del Congreso con “evidentes fines políticos” y que “incentivará la inmigración ilegal y dañará irremediablemente los Estados demandantes”. La demanda está interpuesta contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios del Departamento.

El presidente anunció el nuevo programa en junio, y este lunes, 26 de agosto, empezaron a recibirse las primeras solicitudes. El objetivo de Parole in Place, que también es conocido como “Manteniendo a las familias juntas”, es legalizar la residencia de los cónyuges de estadounidenses que carecen de documentos y lleven más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Los solicitantes no pueden representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, y han de probar haberse casado con un ciudadano antes del 18 de junio, fecha del anuncio del programa. El plan de alivio también beneficiaría a unos 50.000 menores de 21 años, hijastros de los ciudadanos estadounidenses. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los esposos y esposas que se pueden beneficiar han residido una media de 23 años en el país.

Los cónyuges de ciudadanos americanos tienen derecho a una green card que les permite residir legalmente en Estados Unidos, salvo en el caso de que hayan entrado de forma ilegal en el país. Es a estos últimos a quien está destinado el Parole in Place, pues hasta su aprobación, para conseguir papeles, los cónyuges debían abandonar el país y, después de un mínimo de 10 años, solicitar la residencia desde un consulado. La perspectiva de estar separados por al menos una década de sus familias promovió que muchos de ellos prefirieran quedarse en el país de forma ilegal.

El programa, celebrado por las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, sirvió de munición para que el Partido Republicano continuara sus embestidas contra la política migratoria del Gobierno de Biden, asunto que ha protagonizado la campaña electoral de su candidato, Donald Trump.

Paxton, afirmó en un comunicado que “bajo Joe Biden y Kamala Harris, el Gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes. No permitiré que esto suceda”. El fiscal general estimó que el programa beneficiará a 1,3 millones de migrantes indocumentados, “200.000 de los cuales viven en Texas”, aunque los cálculos oficiales son de medio millón de posibles beneficiados.

La retórica antiinmigrante ha sido recurrente en cada mitin y discurso republicano de la campaña electoral de Trump, quien en numerosas ocasiones ha equiparado a los migrantes indocumentados con delincuentes. El expresidente ha llegado a declarar que los migrantes envenenan la sangre del país y ha prometido que, si regresa a la Casa Blanca, llevará a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos.

“La nueva solución alternativa de Biden para la libertad condicional otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no autorizados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes. Esto viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está afectando a Texas y a nuestro país”, aseguró Paxton.

En julio, se registraron 56.408 entradas ilegales en la frontera sur, un 32% menos que el mes anterior, cuando Biden aprobó un decreto que endureció las leyes de asilo. Es el número más bajo de migrantes indocumentados que entran en el país en casi cuatro años, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La crisis migratoria que llegó a su punto álgido el año pasado por la llegada masiva de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos ha sido el arma más utilizada por los republicanos para ganar votos en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y han responsabilizado a la vicepresidenta Kamala Harris de la situación.

Las críticas contra Harris por el manejo de la frontera se han multiplicado desde que tomó el relevo de Joe Biden para liderar la papeleta demócrata el mes pasado, a pesar de que su competencia los últimos cuatro años se enfocaba más en atajar el problema de raíz en los países de origen de la inmigración más que de reforzar los controles fronterizos. Trump volvió a criticar este miércoles en un acto electoral en Arizona, uno de los Estados más afectados por las entradas ilegales, que Harris fomenta el establecimiento de una frontera de puertas abiertas.

En el discurso que Harris dio el jueves en la Convención Nacional Demócrata para aceptar la nominación como candidata a la presidencia prometió que atacaría el problema de la inmigración, incrementando la seguridad de la frontera y facilitando la vía a la ciudadanía a los residentes indocumentados.