Mientras se aguarda que el Gobierno implemente el nuevo sistema de trazabilidad de identificación de hacienda individual y de carácter obligatorio, son varias las entidades de productores que se mostraron en contra de dicha medida. Una de los primeras en manifestarse fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que exigió sea voluntaria, no obligatoria. Luego la Confederación de Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For) acompañó el criterio de CRA.

“La trazabilidad es un hecho desde hace mucho tiempo en la Argentina, pero ahora quieren transformarla en electrónica para todos los animales, aún aquellos que no estén destinados a la exportación. Este paso tiene un costo muy elevado para pequeños y medianos productores que poseen animales para comercialización interna más que nada”, dijo el presidente de Cha-For, Guillermo Martínez Balbis.

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“Nosotros apoyamos un cambio pero parece que los burócratas y lobistas llevan las de ganar. Quiero ver cómo y quiénes lo van a llevar a la práctica y cuántos medianos o chicos van a seguir soportando el lazo en el cogote, en una situación límite que en cualquier momento nos hace abandonar nuestra fuentes de trabajo. Nos están acostando ‘con buenos modos’ y las reuniones son para la foto. Esa trazabilidad debe ser voluntaria para aquellos que les interese el negocio exportador”, enfatizó Martínez Balbis.

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Asimismo, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), en conjunto con CRA, expresaron “el desacuerdo, preocupación e incertidumbre que genera entre los productores que representan el proyecto que se conociera días pasados, relacionado a la implementación de un sistema de trazabilidad electrónica individual, total y obligatorio”.

En ese sentido, consideraron que en su aplicación, “dicho sistema podría generar complejidad inconvenientes, mayores costos, burocratización, así como dificultades entre los productores”.

“La Argentina posee un sistema de trazabilidad predial o grupal, quedando a criterio empresarial la posibilidad de individualizar cada animal, dentro de los 180 días previos a su comercialización, y así acceder a todos los mercados externos disponibles para el país, por lo cual, resulta inconveniente complejizar innecesariamente el trabajo del campo”, señalaron.

“Lo mejor sería confiar en el criterio libre de los productores, quienes harán lo necesario, cuando encuentren los incentivos adecuados y pedimos al estado que arbitre las medias para generarlos. La trazabilidad electrónica individual no debe ser total sino voluntaria y hacemos votos, para que en el marco del diálogo y la reflexión se puedan lograr medidas superadoras, sin necesidad de tener que imponer obligaciones que generan innecesarias controversias”, añadieron.

En coincidencia, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) manifestó su absoluto rechazo al nuevo sistema de trazabilidad individual. “Este paso que se intenta dar no conlleva mejora alguna sobre el actual sistema de trazabilidad que ya se aplica en la Argentina y no existen datos objetivos que indiquen que esta nueva modalidad sea exigida por mercados internacionales, como así tampoco que sea un agregado de valor a las reses que lo incorporen”, dijo en un comunicado.

“Esta medida solo agrega un nuevo costo y una complejización al manejo de los rodeos, siendo un golpe muy fuerte a la rentabilidad de los pequeños y medianos productores. Sin duda, esta medida no encuentra en el horizonte beneficios ni para los productores ni para el Estado argentino por lo que carece de sustento”, agregó.

En Farer enfatizaron que, antes de pensar en mecanismos de incorporación de tecnología, “se debieran solucionar con anterioridad problemas macroeconómicos como la presión impositiva y la unificación del tipo de cambio, medidas que sí coadyuvarán a que los productores la incorporen sin necesidad de una imposición”. E instaron a las autoridades a que “revisen esta decisión controversial y arbitraria”.