En la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) hay 79.000 estudiantes, dan clases 3400 docentes y trabajan 600 no docentes. Con más de 35 años de historia, ocupa unas 40 hectáreas de San Justo en un predio de la exautomotriz Chrysler. Al estilo campus norteamericano, allí confluyen sedes académicas, laboratorios, biblioteca, áreas deportivas, medios, campo de deportes y espacios verdes. Es pública y, según sus autoridades, “los números cierran”. Hoy, en medio de las polémicas en torno de las auditorías, el propio Gobierno nacional reconoció que la rendición de sus gastos está al día, en contraste con lo que el oficialismo le indilga a la Universidad de Buenos Aires (UBA), uno de los ejes del conflicto por el presupuesto para el funcionamiento y los salarios del personal de las instituciones de nivel superior.

Hasta ahora, no prosperaron las tomas, cuyos intentos se vinculan tanto con la izquierda como con la municipalidad a cargo de Fernando Espinoza, con quien la Unlam no está alineada. Llamativamente, en esta universidad del corazón del conurbano bonaerense tampoco abunda la cultura de la militancia partidaria. Apenas hay carteles en las paredes y la publicidad política es escasa. La estructura a la vista se ve moderna, organizada y en constante crecimiento. Una residencia estudiantil, un centro de salud y el edificio de Odontología son algunas de las obras en curso. Sin embargo, el rumbo educativo de la administración de Javier Milei resintió su funcionamiento y puso en alerta a esta comunidad educativa.

“Las instalaciones de la universidad siguen en buen estado, pero resultó imposible renovar el equipamiento tanto informático como didáctico”, explica Sebastián Garber, secretario general de la Unlam. Al atravesar la entrada sobre la avenida Florencio Varela, constituida con frontis característicos de la arquitectura romana, un solo cartel rompe el paisaje: “No al veto”. Narra que “el impacto del recorte fue muy fuerte y muchos profesores migraron al ámbito privado, ya que el 70% de los sueldos quedaron bajo la línea de pobreza”. Las obras son financiadas con fondos propios, a excepción del centro de salud, a través del ex Ministerio de Obras Públicas. Bajo la consigna de “déficit cero”, desde la asunción de Milei se desfinanció y quedó paralizada con un 79% de avance.

La mirada de los estudiantes

“Los estudiantes merecen las cosas claras”, dice Julián Copanucci (22 años), que cursa la licenciatura en economía. Mientras lee unos apuntes a metros de la fuente de uno de los jardines, lamenta que “muchas fechas de parciales y entregas se hayan cambiado”. Pese a la incertidumbre, cree que “la protesta está completamente justificada de acuerdo con las decisiones que tomó el Gobierno últimamente”. Como contrapartida, toma distancia de los centros de estudiantes en facultades de la UBA, cuya caja de resonancia suele ser mucho mayor. “Algunas medidas y mensajes se salieron un poco de control, acá está todo más organizado y tranquilo”, expresa.

Si se toman en cuenta los datos iniciales, en la Universidad de La Matanza hay 31 alumnos por cada empleado no docente y 24 alumnos por docente. Durante el corriente ciclo lectivo, ante la devaluación de los sueldos en los primeros meses del año y el congelamiento de las partidas de la Casa Rosada, las autoridades debieron implementar un bono de refuerzo para evitar un mayor éxodo. A partir de las estimaciones de la universidad, se considera que “en promedio a los estudiantes les lleva seis años recibirse. Más del 85% es primera generación de universitarios y el 50% de los alumnos provienen de escuela pública”.

Con 26 años, Michelle Kadima es ingresante de la mencionada carrera de Odontología, cuyo edificio propio tiene fecha de estreno para el inicio de las clases en 2025. Se inscribió tras haber tenido una experiencia previa en la universidad privada y resalta que está “muy satisfecha con el cambio”. Al igual que Julián, sostiene que el clima político no coincide con el de la UBA, aunque también opina que “las manifestaciones son una forma válida de expresión para reclamar fondos”. Entiende que “la falta de presupuesto impacta directamente en la educación y salarios de los profesores, donde hay muchos que llegan a cobrar nada más que 400 lucas al mes”.

En una de sus últimas declaraciones al respecto, Milei atribuyó sin distinciones el privilegio de terminar la educación superior a “la clase media acomodada y los ricos”. La discusión en torno del efecto movilidad social de las universidades públicas son centro de acusaciones cruzadas en la puja que protagonizan el gobierno libertario y el universo UBA. Michelle marca que la premisa oficialista no se cumple, al menos, en la Unlam: “Es mentira lo que dicen de que las clases media-bajas no terminamos la universidad, acá los bondis que más se llenan son los que van a Pontevedra, los que van a Catán, y son un montón de chicos que vienen de lugares humildes para formarse, recibirse y laburar”.

En la Universidad de La Matanza el centro de estudiantes está en manos de una corriente estudiantil peronista clásica. “No kirchnerista, peronista”, aclaran quienes están involucrados. El presidente es Javier Trímboli, estudiante de la licenciatura en comunicación social. Bajo el sello de La Liga Federal Universitaria (LFU), en 2024 revalidó con el 80% de los votos su mandato por dos años más, tiempo que dura cada período el frente. “Estamos a favor del superávit fiscal, pero no a costa de los jubilados, los docentes y las universidades. Hay que acercarse más a la comunidad y distinguir los problemas”, señala Trímboli.

Micaela Volpe se encuentra en la recta final de la carrera de educación física, a la que ingresó hace seis años. “La Unlam está muy por encima de otras que conozco, las instalaciones son mejores que la mayoría de las universidades que hay”, afirma con orgullo. En cuanto a la disciplina que estudia, destaca, “está todo a disposición para hacer todos los deportes, un montón de facilidades y herramientas que es difícil encontrar en otros profesorados”. Esta es la primera vez que cursa en un contexto de paros. “No es algo habitual acá, por lo que afectó mucho”, cuenta. Y agrega: “No me interesa ningún partido político, pero siempre voy a estar del lado de la universidad pública”.

Silvia Saullo (63) da clases de fundamentos biológicos en la tecnicatura en psicopedagogía, que funciona en un anexo y es arancelada. Cuenta que “hoy las principales carreras afectadas son las de grado”. Es decir, las que se dictan ciento por ciento gratis en los departamentos de Salud, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades, Ingeniería, Arquitectura y Odontología. A su lado, se encuentra Patricia Fara (60), par en la misma carrera. “Hace cuatro años que estoy y es la primera vez que se ve esta incertidumbre –comenta–. Se trata de buscar acuerdos entre los docentes porque la mayor preocupación es no afectar el bienestar de los alumnos, que es a lo que no se quiere llegar”.

Cuentas al día

La Unlam es una universidad que el Gobierno ha tomado como ejemplo. Durante el informe de gestión que brindó en septiembre en el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le dedicó un capítulo a las universidades públicas. “La UBA desde el año 2015 no rindió fondos por el 80% de los recursos públicos utilizados; desde el año 2015 hasta el 2024, no se pueden realizar auditorías porque no se mandó la rendición de fondos. Hay otras universidades, como la Universidad de La Matanza, que rindió el 100% de los fondos enviados, y otras como la de La Rioja, que no rindió sobre el 87% de los fondos enviados”, comparó el funcionario.

Frente a las polémicas por las auditorías a las facultades públicas, donde el gobierno nacional acusa un sistema encubierto de cajas políticas. “La Universidad de La Matanza –sostiene Garber– mensualmente informa tanto los salarios como la ejecución presupuestaria. Es decir, la totalidad de los recursos que remite la administración central para el funcionamiento y los salarios”. Por otra parte, remarca que “hay fondos de afectación específica para programas, este tipo de gasto es de rendición obligatoria y a la fecha no se adeuda ninguna rendición”.

La Matanza es el partido más habitado de toda la provincia de Buenos Aires con más de 1.840.000 personas. Hoy tiene mayor población que las provincias de Santa Cruz (333.000), San Luis (540.000), Chubut (600.000) y La Rioja (380.000) juntas. Con el objetivo de promover la profesionalización de las familias matanceras, históricamente vinculadas con la vida obrera industrial, la Unlam se creó el 29 de septiembre de 1989 mediante la sanción de la ley 23.748. Fue una iniciativa del político y empresario Alberto Pierri, extitular de la Cámara de Diputados (PJ) durante los dos mandatos del difunto expresidente Carlos Menem en los años 90 y presidente de la Fundación Unlam.

En la actualidad, la relación de la conducción directiva a cargo del rector Dr. Daniel Martínez y la Municipalidad de Espinoza es tirante. “La universidad no tiene ni dependencia ni relación con el municipio. Solo tratamos de colaborar con lo que se nos pida”, cuenta el directivo de la Unlam, que “ganó todas las ediciones de los Juegos Universitarios Argentinos, donde se miden todas las universidades del sistema nacional” e inaugurará de una Cámara Gesell para la segunda quincena de noviembre próximo para que alumnos puedan presenciar juicios oficiales.

Entre los pasillos, quienes viven el día a día de la casa de estudios superiores del partido bonaerense más populoso afirman que “los constantes intentos de Espinoza por meterse en la conducción fracasaron y, como la gestión directiva es exitosa, busca capitalizarlo políticamente por más que no le corresponda, como ya ha hecho poniendo carteles sobre la universidad junto a fotos de su cara o el sello del municipio en rutas o en destinos turísticos”. Y agregan: “La presencia de la Municipalidad de La Matanza en la marcha universitaria generó repercusiones negativas”.

El día del intento de la toma

El pasado 9 de octubre, luego de que la Cámara de Diputados respaldara el veto presidencial a ley de financiamiento universitario, parte de la comunidad de la Unlam –alumnos, el centro de estudiantes y autoridades– hicieron una manifestación espontánea en rechazo a la decisión en el ingreso por avenida Varela. “Ese día se notaba un clima raro en la universidad, ensombrecido”, reconoce un directivo que dice “vivir para la universidad” y prefiere reservar su nombre. Cuando empezaba el plan de lucha pacífico, la situación se tornó caótica en el momento que un grupo de militantes de izquierda, muchos externos a la universidad, llamaron a copar de forma temeraria las instalaciones.

“Hubo una pequeñísima porción de estudiantes y el resto eran personas ajenas a la comunidad universitaria que pretendían hacer de esto un hecho político. Personajes que nada tienen que ver con la vida universitaria”, apunta Garber. Por orden del rector Martínez, la seguridad esa noche debió cerrar el portón (que siempre está abierto) para evitar una escalada de violencia, que dejó personal no docente e incluso autoridades con lesiones por los cruces, o que se produjeran acciones de saqueo y vandalismo.

Según Gastón López (27 años), cursante de educación física y jugador de vóley del equipo de la Universidad de La Matanza, “los estudiantes acá lo que más quieren es el aumento de los salarios de los profesores y avalan ese reclamo”. López vive a 12 cuadras, en la localidad de Villa Luzuriaga. Dice que casi todos sus vínculos “son del barrio y de la universidad”. Rechaza la idea de la toma y cuenta que estuvo presente el día del intento. “No veo la necesidad o todo el tiempo querer incitar a tomar la universidad. Hay mucha desinformación que algunos sectores quieren aprovechar”, añade.

Pero la corriente del trotskismo, que tiene en la Unlam una presencia mayor que otras agrupaciones tradicionales en la militancia estudiantil, como es Franja Morada, no fue el único sector que terminó alentando la toma. Mediante cámaras, ese día se pudo constatar la presencia de funcionarios ligados al intendente Espinoza reunidos casi a escondidas a pocos metros de los hechos. Entre ellos, el subsecretario de Culto de la Municipalidad, Miguel Narváez; y el director general de Entidades de Bien Público, Ángel Aisa, quienes salieron a desmarcarse y negar haber asistido con patotas, como también se les atribuyó.

“Fuimos para solidarizarnos y evitar una escalada de hechos de violencia que se venían sucediendo desde horas antes a nuestra llegada”, respondieron en un comunicado. Además de ambos funcionarios matanceros, el escrito fue firmado por el defensor adjunto del pueblo provincial, Marcelo López; la concejala Laura Chamorro, el diputado provincial Ricardo Rolleri (UxP) y Mario Ortiz, secretario general de la CGT Regional de La Matanza. “Exhortamos al rector de la universidad a que se rectifique y revea la azarosa y selectiva presentación judicial que hizo”, señalaron.

Desde la izquierda ofrecen otra versión: niegan rotundamente haber actuado en connivencia con allegados a la municipalidad. Así lo afirma Marcos Alzú, de la agrupación Clave Roja, quien estudia hace diez años relaciones laborales y fue uno de los militantes trotskistas presentes en el intento de toma. “Cuando ocurrió lo del veto, muchos estudiantes quisieron venir a manifestar su descontento. Ese día decidimos ir a hacer una asamblea, pero cuando llegamos –asegura– nos encontramos con que las autoridades estaban cerrando la universidad, a lo que se sumó la presencia de una patota que hasta hoy sigue sin estar identificada, y ahí se arma el enfrentamiento”.

A partir de entonces, desde la conducción de la casa de estudios superiores matancera ordenaron el refuerzo del personal de seguridad. Algo inédito en sus más de tres décadas, donde casi no se registran saqueos ni robos considerables en las instalaciones. Incluso, algunos portones laterales “debieron ser soldados para evitar que se los lleven puestos”. Pese a que se impuso el rechazo a la radicalización de las medidas de fuerza, hoy consideradas ajenas a la realidad de la Unlam, hay quienes sospechan que podría haber nuevos intentos de toma si recrudece la crisis entre el Gobierno y el sector universitario, donde ya se contempla una nueva movilización federal para noviembre.