Oficialismo y oposición de la Cámara de Diputados avanzaron este mediodía en un proyecto de ley histórico, no solo por su contenido, sino porque fue suscripto por amplia mayoría, incluido el kirchnerismo. Se trata del proyecto para instaurar, en todo el país, el mecanismo de juicio por jurados, el cual habilita la participación ciudadana en los procesos judiciales federales de tipo penal.

La iniciativa, que obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto, tiene como propósito cumplir con una manda constitucional de 1853, establecida en sus artículos 24 y 75 inciso 12. Es la primera vez desde entonces que el Congreso –en este caso la Cámara baja– logra articular un acuerdo para instrumentar este mecanismo de jurados populares con un consenso casi unánime. Solo un sector del bloque Encuentro Federal se desmarcó del resto de sus pares y firmó un dictamen propio.

El proyecto acordado establece que serán obligatoriamente juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión. Para estos casos se convocará a un jurado integrado por 12 miembros titulares de entre 18 y 70 años, los cuales serán elegidos por sorteo sobre la base del padrón electoral.

Este jurado “popular” estará dirigido por un juez, reza la iniciativa. Su única misión será la de determinar la inocencia o culpabilidad del acusado y su veredicto deberá ser por unanimidad; si no se logra en un plazo racional de deliberación, el juicio se declarará estancado y podrá juzgarse nuevamente ante otro jurado. En caso de que el acusado sea declarado culpable, tanto el monto de la pena, en caso de condena, son decididas por un tribunal de jueces. Además, el veredicto del jurado es inapelable.

Los legisladores celebraron el acuerdo alcanzado; se descuenta que los libertarios procurarán llevar el texto al recinto antes de fin de año, ya que el propio presidente Javier Milei es uno de sus impulsores.

“Fruto de mucho trabajo de asesores y diputados de los diferentes bloques vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, exaltó el libertario Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia.

“El juicio por jurados no es solo una demanda del sistema judicial, sino también una aspiración de la sociedad argentina en su conjunto. Es una deuda pendiente que debemos saldar para garantizar una justicia más abierta, participativa y cercana al ciudadano”, enfatizó, por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

En nuestro país este mecanismo se aplica en varias provincias; Córdoba fue la primera, en 2004, seguida por Neuquén, en 2011, y Buenos Aires y Chaco, en 2015. Luego les siguieron CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, San Juan Mendoza y Santa Fe.

En su última jornada de deliberaciones, el plenario de las comisiones escuchó las exposiciones de expertos en esta materia. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional de la UBA y juez de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via, quien celebró el consenso alcanzado por los legisladores.

“Este proyecto es un paso adelante –enfatizó–. El juicio por jurado es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso. Es el juez el que establece las reglas. Es el juez el que dicta sentencias. ¿Qué hace el jurado? El jurado toma una decisión política. La decisión del jurado no es una decisión jurídica. No está basada en precedentes. Es una decisión libre de libres convicciones”.

En tanto, Martín Sabelli, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU., consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

El abogado Víctor Vélez informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que –enfatizó– “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.

Sobre el final del debate, los legisladores expresaron su satisfacción por el acuerdo logrado. El radical formoseño Fernando Carbajal, autor de uno de los proyectos, destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”.

La diputada Paula Oliveto Lago (CC) también anticipó su apoyo al dictamen de mayoría, al igual que su par Rodolfo Tailhade (UP). “Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia”, enfatizó el diputado kirchnerista.