Con una batería de medidas y anuncios que acaban de ponerse en vigencia, el Gobierno empezó a darle forma definitiva a su política de fomento al cine nacional, basado en una premisa fundamental: se terminó el apoyo a lo que desde la mirada oficial se denominan “películas sin espectadores”.

A partir de ahora, todo el dinero oficial canalizado en forma de subsidio a las nuevas producciones estará orientado a promover “las películas de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público en general”, según indica el decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial a comienzos de esta semana. En otras palabras: a mayor convocatoria en los cines, más posibilidades existen de obtener el subsidio buscado.

A partir de ahora no habrá más subsidios entendidos como adelantos o anticipos. Según la nueva normativa, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) los liquidará en cada caso “sobre el producto bruto de boletería con deducción de los impuestos que graven directamente al espectáculo”.

De inmediato, distintas entidades y figuras del cine nacional cuestionaron la medida, calificándola de restrictiva. Todo el sector audiovisual tiene claro que gracias al sistema anterior, que la actual gestión del Incaa (a cargo del economista Carlos Luis Pirovano) cortó de cuajo, la posibilidad de iniciar rodajes y llevarlos adelante mediante los anticipos de subsidios permitió que se estrenaran muchas películas argentinas.

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL INCAA

En el año 2023, y en el marco del mayor despilfarro fiscal de la historia argentina, este instituto subsidió 236 películas, de las cuales solo 4 superaron los 100.000 espectadores, 13 apenas superaron los 10.000, 100 no… pic.twitter.com/vRWP27SEtO

Eso es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno con esta normativa, que lleva en la jerga oficial el título de “proceso de optimización de los recursos”. Así se lo define desde un informe publicado en la cuenta oficial del Incaa en la red X (ex Twitter). Allí, el organismo dice taxativamente que quiere evitar lo ocurrido en 2023, un año en el que 236 películas argentinas recibieron subsidios oficiales. Y agrega que de todas ellas “solo cuatro superaron los 100.000 espectadores, 13 apenas superaron los 10.000, 100 no llegaron a los 1000, 4 no alcanzaron a 20, y una sola tuvo cuatro espectadores”.

Este jueves, en los considerandos de una resolución complementaria (también publicada en el Boletín Oficial) que modifica los procedimientos aplicados en los últimos años para apoyar el lanzamiento de las producciones audiovisuales argentinas, el Incaa traduce los números de 2023 a porcentajes.

Dice que el año pasado esa política no fue eficaz “en la captación de audiencias” a partir de los siguientes datos: el 24,52% de los estrenos argentinos no alcanzó los 1000 espectadores; el 56,59% sumó entre 1000 y 3000; el 11,32% logró entre 3000 y 5000, y el 3,77% superó los 5000 espectadores.

Hubo algunos cuestionamientos desde el sector audiovisual hacia el manejo oficial de esos números y no pocas voces señalaron que la taquilla cinematográfica no debería ser la única referencia para medir el éxito de una película. Allí entran a tallar factores más difíciles de cuantificar, como las emisiones a través de las plataformas de streaming, y surgen dimensiones de valor cualitativo, entre las que se destacan la proyección internacional de algunos títulos.

El más ilustrativo es Simón de la montaña, de Federico Luis, que obtuvo en sus primeros seis días de presencia en la cartelera local una magra cosecha de 1715 entradas vendidas (según la consultora Ultracine), después de pasar por los festivales de Cannes (donde recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas más importantes), San Sebastián, Shanghai, Munich, San Pablo y Taipei. Es la película argentina de mayor llegada global en esta temporada después de El jockey, de Luis Ortega.

En el decreto presidencial 984/2024, publicado el martes 5 de noviembre, que enfáticamente asocia las políticas de fomento a la promoción de las películas de calidad y el éxito de taquilla, también se incluye en el cómputo de subsidios lo que corresponda a través de “otras formas de exhibición, conforme la normativa que establezca el Incaa”. Casi extinguido el alquiler de películas en formato físico (DVD), la difusión por streaming, cuyas cifras resultan siempre parciales o escamoteadas por las propias plataformas, quedaría potencialmente encuadrada como el instrumento más plausible para valorar una película según las preferencias del público, tal como imagina la estrategia oficial. Determinar este criterio es uno de los muchos temas pendientes de debate, discusión y definiciones dentro de la industria audiovisual.

La nueva normativa fija para las películas declaradas de interés especial por el Incaa un subsidio del 100% del producido bruto de boletería hasta alcanzar el costo de una película nacional de presupuesto medio, cuyo monto en octubre de 2023 se fijó oficialmente en 105 millones de pesos. El mismo procedimiento, pero en un 70%, se aplicará a los títulos no calificados como de “interés especial”.

Todas estas disposiciones alcanzan a las películas de producción local estrenadas en los cines a partir del 24 de julio último. No hay estadísticas disponibles, pero algunos observadores estiman que si los medimos a través de estos flamantes parámetros, los subsidios en estado pleno habrían llegado solamente a los tres o cuatro títulos más exitosos de la producción cinematográfica nacional de los últimos dos años estrenados en pantalla grande.

Esto no es todo. Para profundizar el “proceso de optimización de recursos” que puso en marcha la actual conducción por medio de un fuerte plan de ajuste y restricción de gastos, el Incaa dejó sin efecto en las últimas horas varias resoluciones que estuvieron vigentes durante los últimos años y se utilizaron como mecanismos de difusión y respaldo a la producción audiovisual en nuestro medio.

El paquete incluye planes de apoyo para el estreno en salas de documentales digitales, un programa similar destinado a las productoras de estrenos nacionales que están a punto de lanzar sus films, un régimen de solicitud de auspicio institucional para eventos audiovisuales, y la asignación de apoyos económicos y pasajes aéreos con vistas a la difusión del cine argentino en el exterior. Según el Incaa, la cifra pendiente de rendición corresponde a los fondos transferidos a beneficiarios de distintos apoyos institucionales suma algo más de 92 millones de pesos, equivalentes al 46% de los aportes girados por el organismo a lo largo de 19 años, entre 2004 y 2023.

Todos los cambios quedaron encuadrados en una medida oficial que tiene el valor de una fuerte señal hacia todo el sector audiovisual. En coincidencia con el comienzo de la aplicación de estas medidas se supo, también a través de un decreto, que la Secretaría de Cultura (bajo cuya órbita se encuentra el Incaa dentro del organigrama de la administración pública) depende ahora directamente de la Presidencia de la Nación.

Desde la mirada oficial, esta es la manera más explícita de dejar en claro, por si todavía quedaba alguna duda, que todas las decisiones relacionadas con la política cinematográfica local responden de manera inmediata y en línea recta a las instrucciones de Javier Milei.