La asociación profesional que nuclea a los psiquiatras en el país emitió un comunicado este lunes en el que rechaza los términos en los que dirigentes políticos utilizan los problemas de salud mental o los hospitales especializados donde se atiende a la población para referirse a opositores o criticar medidas, sin pensar, sobre todo, en el efecto que puedan tener esas palabras en pacientes, familiares y profesionales.

La posición de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), entidad que desde hace tiempo rechaza ese tipo de manifestaciones públicas, surgió luego de que, la semana pasada, se sucedieran los dichos de una senadora que enumeró en una sesión las limitaciones que tiene un “enfermo mental” para trabajar –en ese caso era para ocupar un cargo público– y de un excandidato presidencial que recurrió a la comparación con “una sala del Borda” al hablar de la conducción del Poder Ejecutivo.

“Con preocupación seguimos escuchando que dirigentes políticos se refieren a otros haciendo referencia a que padecen problemas en la salud mental o, también, a las instituciones que se dedican a asistir a personas que padecen enfermedades mentales como es el Hospital José T. Borda”, señala el comunicado de la AAP que firma su presidente, Ricardo Corral, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

El texto, que recuerda que justamente por su alta prevalencia las enfermedades mentales “son la principal causa de discapacidad, dolor y sufrimiento no solo en la Argentina, sino en todo el mundo”, plantea que “las personas que las padecen y sus familias se ven aún más estigmatizadas con este tipo de manifestaciones de personalidades reconocidas que se usan como insultos y agresiones o falacias ad hominem y que cobran estado público con gran difusión en los medios escritos, radio, televisión e, inclusive, las redes sociales”.

La AAP también extiende la carga de ese “estigma y discriminación” a las instituciones y los profesionales que asisten tanto a los pacientes como a sus familias, que no siempre pueden acceder en tiempo y forma a los servicios que necesitan por la falta de actualización de las políticas públicas y las normas orientadas a la respuesta en salud mental a lo largo del país.

“A esto –plantean– llamamos doble estigma; es decir, hacia las personas que padecen enfermedades mentales y las instituciones y los profesionales que se ocupan de tratarlas, asistirlas y acompañarlas. La AAP viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de esta situación, por lo que realiza actividades de educación y concientización hacia la sociedad.”

De hecho, la entidad respaldó hace dos años, con otras cuatro asociaciones profesionales de la región, la publicación de una guía para erradicar los mitos más comunes sobre los problemas de salud mental y mejorar la información sobre cómo viven las personas con depresión, demencia, trastorno bipolar, trastornos del desarrollo, esquizofrenia y otras psicosis. El trabajo lo lideraron justamente dos miembros de la AAP: Corral, que también es jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, y Pedro Gargoloff, fundador y asesor de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia de La Plata (AAFE) y docente de la maestría en investigación biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

La redacción de Las palabras importan, que se puede consultar acá, comenzó durante la pandemia de Covid, cuando los servicios de salud estaban concentrados en la emergencia sanitaria. Cuando de a poco empezó a volver a atender los demás problemas, las consultas en las guardias por síntomas o urgencias psiquiátricas crecieron un 20-30%, según publicó LA NACIÓN con estimaciones de ese momento.

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De acuerdo con la guía, por ejemplo, hablar de enfermo mental –como lo hizo la senadora Cristina López (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) en la sesión del miércoles pasado en el Congreso–, trastornado, loco o demente es “descalificatorio y peyorativo” hacia una persona con problemas de salud mental y lo mismo aplican al calificar a un individuo por un diagnóstico: por ejemplo, esquizofrénico, bipolar o psicótico.

La senadora terminó por asociar en su discurso la enfermedad mental en términos generales con la incapacidad política de un funcionario para ejercer un cargo público. Las guías consideran “incorrecto” asociar los trastornos mentales a la discapacidad intelectual “porque no suponen ni tienen por qué estar asociados con una discapacidad”.

A la vez, se desaconseja “considerar que las personas con enfermedades mentales están incapacitadas, que los trastornos mentales son incurables y que impiden tener una vida plena” porque los especialistas afirman que “con un tratamiento adecuado, además de un entorno social y familiar favorables, pueden superar las limitaciones parciales y transitoria del trastorno mental que padecen como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos, entre otras actividades”.

Por su parte, el dirigente Juan Grabois, excandidato a presidente en las internas de Unión por la Patria, comparó también la semana pasada la Oficina del Presidente con “un pabellón del Borda”, comparación que la AAP rechazó en lo que se refiere a ese hospital especializado en salud mental y los pacientes que ahí se tratan.

“Sabemos que la ignorancia es la base del prejuicio y esto lleva al estigma y posteriormente a la discriminación , por esa razón elevamos nuestra voz y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para informarse adecuadamente y ejercer la responsabilidad en la palabra con el objetivo de mejorar nuestra convivencia y hacer una sociedad mejor”, finaliza el comunicado de la AAP.

En diálogo con LA NACIÓN, Corral repasó que este uso en la política de términos asociados con la salud mental para descalificar a otros sigue siendo recurrente y consideró que eso termina por afectar más a pacientes y personal de la salud que a los destinatarios reales de esas manifestaciones.

“El sistema de salud está totalmente en crisis, con déficit de profesionales, y algunos padeciendo burnout, el aumento de la demanda y el impacto de la crisis económica en la población, que es lo que hace que tenga todavía más importancia que la que siempre tuvo. Si, además, en ese contexto de mayor demanda por problemas de salud mental se estigmatizan a las personas que necesitan atención y a quienes atienden en las instituciones especializadas, eso no hace otra cosa desde la política que aumentar los problemas de acceso de esa población –expresó el psiquiatra–. Los hospitales especializados, como el Borda, están para tratar y ayudar a las personas que son, justamente, las más vulnerables de la sociedad.”

Corral insistió, como en el comunicado, que los problemas de salud mental son, de todas las enfermedades, los más prevalentes en el mundo, no solo en la Argentina. “Tanto hablamos en el país de salud pública, pero falta mejorar los recursos logísticos, económicos y de recursos humanos en las instituciones, sobre todo en lo que se refiere a salud mental, que aún sigue sin resolverse para poder atender las necesidades de la población –afirmó–. Los políticos tienen el tema en agenda: todos hablan de salud mental, pero no hay acción.”