Luego de que un nutrido grupo de productores autoconvocados, cámaras comerciales de Avellaneda, Santa Fe, y hasta algunos referentes políticos santafecinos dieran a conocer un documento ante la Corte Suprema de Justicia provincial para que habilite la propuesta de pagos de la concursada cerealera Vicentin aprobada por mayoría hace dos años y homologada por una cámara de apelaciones, hoy se conoció que 73 miembros del Fideicomiso de Acreedores Granarios de la compañía criticaron esa movida al considerarla un intento de “presionar” sobre el máximo tribunal. Vicentin cayó en default en diciembre de 2019, acumuló deudas por más de US$1500 millones y su plan de pagos significa que estaría devolviendo en torno del 30%, según los casos, de las acreencias.

En este sentido, el grupo de acreedores relevantes del sector, que lidera Grassi/ Commodities, dio a conocer un documento. “Los 73 miembros del Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, que ostenta aproximadamente el 30% de los créditos de la categoría, rechazamos en forma enérgica el reciente intento de ciertos sectores del ámbito comercial de la ciudad de Avellaneda , empleados vinculados a las familias accionistas, algunos miembros del arco político, así como instituciones con sabida participación de miembros de la concursada, de presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para obtener “un pronto pronunciamiento” tendiente a “homologar la propuesta concursal” de la agroexportadora, la cual fuera rotundamente rechazada por el juez de primera instancia”, dijeron.

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“Desde el lugar de damnificados que nos toca ocupar, sentimos mucho que aún existan algunos pocos actores que adopten tal postura, y no tenemos dudas que la causa radica en intereses económicos comunes con los imputados, o bien en la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los orquestadores del mayor default económico de la historia de nuestra provincia”, agregaron.

Hace unos días, se difundió un documento desde una red de productores con la firma, entre otros, de empleados de la cerealera, la Asociación Civil Integrar Avellaneda, que agrupa a organizaciones comerciales, industriales y públicas del distrito Avellaneda, el Centro Industrial y Comercial Avellaneda; Gonzalo Braidot, intendente de la localidad; Orfilio Marcón, senador provincial; Emiliano Peralta, diputado provincial; Dionisio Scarpin, diputado provincial; Amalia Granata, diputada provincial y Marlen Spíndola, diputada con mandato cumplido.

Allí decían: “Aprobada la propuesta de pago de Vicentin por amplia mayoría de acreedores -63% de las personas y 73% del capital- y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible”. Y remarcaban: “Trabajadores de Vicentin, las fuerzas vivas del norte de Santa Fe, representantes de sectores productivos e instituciones públicas y privadas, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que termine con la incertidumbre y habilite la propuesta de pagos homologada”.

En tanto, hoy el grupo de acreedores granarios liderado por Grassi/ Commodities, señalaron: “No tenemos dudas que quienes se expresaron ante el Máximo Tribunal Provincial son parte interesada o bien han sido manipulados por los mismos responsables de esta larga agonía que venimos sufriendo con el fin de presionar a los miembros de la Corte, y así consolidar su acto delictual realizado, profundizarlo con una quita ilegal de la deuda y finalmente, favorecer el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos”.

“Es por ello, que aprovechamos la oportunidad para informar a la sociedad en general que quienes representan a la mayoría de los acreedores granarios y a los bancos nacionales (Commodities y el Banco de la Nación Argentina (BNA), BICE y Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro)), vienen dando una pelea judicial épica para evitar un nuevo desfalco con quitas mayores al 80% de sus créditos, y para obtener una condena ejemplar en la justicia criminal”, agregaron.

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Los acreedores apuntaron que “los exdirectivos y accionistas de Vicentin se encuentran actualmente acusados por la comisión de delitos y con penas solicitadas por la Fiscalía que llegan hasta los 17 años de prisión. Esta situación no puede ser ignorada, y cualquier intento de injerencia en el curso del proceso en beneficio de quienes han causado tanto daño no solo a los acreedores, sino a toda la sociedad, debe ser firmemente rechazado”.

Finalmente, solicitaron: “Hacemos un llamado a la Justicia para que no avale ni consolide la megaestafa perpetrada por Vicentin y sus directivos (menos aún la “impunidad” de éstos últimos) que lleva ya más de 5 años causando un profundo perjuicio y agonía a los verdaderos damnificados del proceso concursal”.