Casi un mes y medio después de que lo aprobó la Cámara de Diputados, y después de dos intentos fallidos, obtuvo dictamen en comisiones del Senado el denominado proyecto de “ley antimafia”, que endurece penas y crea nuevas figuras y herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado, y que tiene en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su principal promotora.

Entre sus principales ejes, la iniciativa dispone procesar y condenar con la pena del delito más grave que se le impute a un acusado a todos los integrantes de una organización criminal. Con esta medida, el Gobierno busca que los cabecillas de las bandas paguen por los crímenes, como en el caso del homicidio, cometidos por sus subordinados.

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Además, establece la creación de la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objetivo de agilizar los procedimientos y permitir la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las justicias federal y provinciales.

El proyecto fue avalado en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales por el oficialismo y el arco opositor dialoguista.

Sólo se opuso el kirchnerismo que, tras ausentarse en las reuniones anteriores en las que se trató el tema, en esta oportunidad envió a Oscar Parrilli (Neuquén) a pedir cambios en el texto, los que no le fueron concedidos porque llegó tarde y ya se estaba firmando el dictamen, como se lo hizo notar la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Carolina Losada (UCR-Santa Fe).

El dictamen de comisión salió tal cual lo aprobó la Cámara baja el 1° de octubre último y lleva la escala penal de 8 a 20 años de prisión para quien “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita”.

La iniciativa introduce nuevas herramientas y procesos de investigación para los delitos perpetrados por organizaciones criminales, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el lavado de activos. En su paso por la Cámara de Diputados se sumaron al trato especial los agravios contra la administración pública, como el cohecho, el tráfico de influencias, la sustracción de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito y también los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad.

Además de agravar penas, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo habilita a las fiscalías federales y a la cartera de Seguridad a “requerir la necesidad de una investigación especial” ante la autoridad judicial con competencia. Esta pesquisa particular deberá circunscribirse a una zona determinada, aunque podrá comprender una o más ciudades. Esta declaración no sólo habilita la jurisdicción federal y la creación de unidades de trabajo de las fuerzas de seguridad y la justicia conjunta con las provincias.

Así, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas de seguridad federales y provinciales quedarán habilitadas para detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos siempre y cuando “exista una razón fundada”. Si se trata de delitos de carácter transnacional, los sospechosos podrán ser retenidos hasta por 15 días, prorrogables por un período similar. Además, la declaración de la zona especial permitirá incautar mercadería considerada como resultado de la comisión de algunos de los delitos contemplados por la normativa. También quedan permitidas las requisas en las cárceles nacionales o provinciales.

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Siempre en el marco de las herramientas especiales que concede el proyecto dictaminado en comisiones por el Senado, el Ministerio Público Fiscal podrá autorizar allanamientos por cualquier medio de comunicación fehaciente siempre y cuando dé inmediato aviso a la autoridad judicial con competencia en la materia y la jurisdicción.

Tras la luz verde de las comisiones del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser discutido en la próxima sesión. Sin embargo, el camino a la sanción de la iniciativa podría encontrar algunos obstáculos, como el temor que tiene el oficialismo de abrir el recinto de la Cámara alta y darle la oportunidad a la oposición de impulsar el rechazo del DNU 846/24.