La Cámara Federal de Casación Penal reabrió una causa para investigar en la Argentina violaciones a los derechos humanos de la étnia Uigur, en China, una población de ocho millones de personas que vive en un “estado policial” en la región autónoma de Xīnjiāng, donde son sojuzgados porque no reconocen al Partido Comunista chino como autoridad.

La causa se inició con la denuncia de Omer Kanat, director y representante del Uyghur Human Rights Project; de Dolkun Isa, presidente y representante del World Uyghur Congress; y Michael Polak, presidente y representante de Lawyers for Uyghur Rights.

Los denunciantes solicitaron la investigación de violaciones a los derechos humanos que estarían llevando adelante miembros del gobierno de la República Popular de China contra integrantes de la comunidad Uigur.

Pero no tuvieron éxito: el caso fue archivado en primara instancia y el 26 de diciembre de 2023, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el archivo del expediente y el pedido de las ONG de derechos humanos de ser tenidos como querellantes, con lo que se cerró la investigación.

Ahora la causa llegó a la Cámara de Casación, donde los jueces de la Sala III Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos resolvieron, por mayoría, anular ese fallo y desarchivar el caso, al hacer lugar al recurso de casación. También definieron reenviar la causa a la Cámara Federal para que dicte una nueva sentencia de acuerdo a su criterio.

Las ONGs denunciaron una “colonización” de la región de Xīnjiāng mediante la migración de miembros de la etnia Han y de la implementación del programa de gobierno chino lanzado en mayo del 2014, conocido como Campaña de mano dura contra el terrorismo violento (“Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism), usada para la persecución de miembros de la comunidad Uigur.

Los denunciantes señalaron que existen “centros de educación” de los uigures, desapariciones forzadas, políticas de disminución de la natalidad dirigidas a la comunidad Uigur, separación de familias y acciones tendientes a su destrucción cultural.

Los jueces Mahiques y Hornos consideraron que la sentencia venida en revisión de la Cámara Federal no estaba debidamente fundada en las constancias de la causa o la ley aplicable, lo que tornaba inválido el archivo.

De esta manera, frente al archivo de la causa, los jueces consideraron que “atendiendo al tenor y gravedad de los hechos denunciados por los pretensos querellantes”, se debieron haber extremado los recaudos a fin de obtener información judicial precisa, fehaciente y de calidad a efectos de poder justificar adecuadamente el archivo de las actuaciones y luego, si correspondiera, descartar el ejercicio de la “jurisdicción universal”.

Respecto del rechazo de los denunciantes a la pretensión de constituirse en querellantes en el proceso, ambos jueces entendieron que la petición fue rechazada de manera arbitraria, sin explicar adecuadamente las razones por la que los denunciantes no cumplían con las condiciones legalmente exigidas.

Así, postularon una interpretación del concepto de víctima amplio, progresivo y en línea con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos asumió el Estado Nacional, posición avalada en otros fallos de la Cámara Federal de Casación.

Consideraron que las leyes en Argentina facultan a las asociaciones y fundaciones debidamente registradas, y que representen intereses colectivos, la posibilidad de constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

Esta etnia está asentada en el noroeste de la República Popular China, en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Los uigures tienen su propio idioma, derivado de lenguas túrquicas. Se escribe en la versión modificada persa del alfabeto árabe, con signos añadidos para representar las vocales propias de esta lengua.

En la actualidad, los uigures apenas alcanzan la mitad de la población de Xinjiang (el 45%), de ahí el malestar creciente por lo que llaman la “hanización” de sus costumbres. Los chinos superan ya el 40 % de la población provincial y ocupan los puestos de mayor responsabilidad e influencia en buena parte de la administración pública.

Los uigures en Xinjiang sufren de un “estado policial de pleno derecho” con controles y restricciones extensas en su vida religiosa, cultural y social. El gobierno chino amplió la vigilancia policial para detectar signos de «extremismo religioso» que incluyen poseer libros sobre uigures, dejarse la barba, tener una alfombra de oración, llevar vestidos largos o dejar de fumar o beber.