Directivos y abogados de la cerealera Vicentin, que la semana pasada sufrió una nueva demora para terminar su concurso de acreedores y empezar a pagar, ya que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio lugar a estudiar un recurso de queja contra la homologación del concurso presentada por el acreedor Commodities SA, advirtieron que la dilación del proceso pone en riesgo a la empresa. Cuando comenzó el concurso, la caja de la compañía contaba con US$54 millones, pero ahora está en 14 millones de dólares.

En diálogo con LA NACION, Estanislao Bougain, uno de los directores de la cerealera, se refirió a esta decisión de la Justicia y reconoció: “No la esperábamos, porque todos nuestros asesores nos dijeron que esto no iba a ocurrir”. Añadió: “Esto es una barbaridad, porque una cosa es tener una sentencia que no te gusta y otra es recibir una sentencia que es una barbaridad. Estamos en el segundo caso”.

Aunque Vicentin sigue operando con una alta capacidad en la línea de producción, pagando sueldos e impuestos y sin acumular deudas posconcursales, “esto no es gratis”. Bougain explicó: “Al presentarnos en concurso teníamos 54 millones de dólares en caja, pero esos fondos se han ido perdiendo porque nos hemos financiado con ellos. Hoy, tenemos solo entre 13 y 14 millones de dólares, pero este monto también se agotará en breve”.

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Señaló: “Contamos con una estructura que aún no se ha reestructurado. Los costos son elevados, y el mercado no cubre la totalidad de esos costos, por lo que hemos estado utilizando la caja para cubrir la diferencia”.

Bougain agregó que, aunque en su momento la empresa presentó una propuesta de pago con caja positiva, eventos externos como la sequía afectaron las proyecciones. Vale recordar que la propuesta de acuerdo de Vicentin contempla el pago de aproximadamente 600 millones de dólares, respaldada por inversores estratégicos como Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quienes han garantizado contratos de operación por 12 años.

“La situación es cada vez más estresante, y ahora, con esta medida judicial, nos vemos obligados a tomar decisiones drásticas para asegurar nuestra supervivencia en este contexto de incertidumbre”, expresó el directivo. Vicentin iniciará un procedimiento preventivo de crisis, un acuerdo entre la empresa, el sindicato y la cartera oficial de Trabajo para ajustar temporalmente el régimen de los contratos de trabajo, lo que podría incluir reducción de salarios, suspensión de aportes a la obra social y una disminución de las cargas sociales. “Existen muchas alternativas dentro de un procedimiento preventivo de crisis, y aún no hemos decidido cuáles implementaremos”, comentó Bougain.

El ejecutivo ratificó el compromiso de los inversores estratégicos. “Ellos siguen firmes en su plan de adquisición de Vicentin. Los contratos están vigentes, lo que significa que pueden ejecutarse de inmediato. Si hay una homologación firme, tenemos los fondos para pagar sin problema”, dijo.

Gabriel Fissore, abogado del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo que representa a Vicentin en el concurso, también cuestionó la demora. “Habiendo tenido el apoyo de los acreedores, que cuatro años después de que comenzó estemos todavía dando vueltas es anormal. Lo lógico sería que una propuesta como esta, al haber tenido el apoyo de los acreedores en la mayoría relevante y donde los dueños pierden el 95% de lo que tenían, es inusual que no esté recontra homologado, firme y ya ejecutada”, dijo. En la misma línea, Pablo Buey Fernández dijo sobre la propuesta de acuerdo de Vicentin con los tres interesados estratégicos: “Son circunstancias que claramente no pueden ser ignoradas en cualquier tribunal”.

También defendió la propuesta frente a la posibilidad de un cramdown, un recurso que permitiría a un tercero tomar control de la empresa mediante una oferta superadora. Vale recordar que un grupo de 73 acreedores granarios de Vicentin, insatisfechos con la oferta original, impulsó ese proceso. En septiembre del año pasado, el juez Fabián Lorenzini rechazó la propuesta inicial de Vicentin y abrió el camino al cramdown. No obstante, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista suspendió el proceso hasta que se resolviera la homologación del acuerdo propuesto por la empresa.

“He escuchado a Commodities en varias ocasiones decir que tenían financiamiento para una propuesta de cramdown, pero a esta altura nadie la conoce”, comentó. Sostuvo que “nunca llegaremos a ningún cramdown”. Confía que la sentencia de homologación emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista será confirmada, destacando que los fundamentos del fallo son “contundentes, basados en justicia y equidad”.

Asimismo, Fissore cuestionó la viabilidad de un cramdown: “Lo primero que tendrían que hacer es conseguir a alguien que presente una propuesta para operar los bienes de Vicentin y obtenga el respaldo de todos los acreedores, algo prácticamente imposible”. Dijo que si el recurso prospera es probable que la empresa “termine en quiebra”, una situación que, según su consideración, perjudicaría a todos los involucrados.

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Ambos abogados subrayaron que el proceso de Vicentin ya debería estar concluido dada la aceptación mayoritaria de la propuesta.

En tanto, el abogado Ricardo Gil Lavedra, a quien Vicentin solicitó asesoramiento sobre el recurso presentado por Commodities ante la Corte de Santa Fe, expresó su sorpresa por la reciente decisión. “La decisión de la Corte me sorprendió porque lo que se debatía en el pleito era una cuestión de derecho común, de hecho y prueba. Estos son concursos complejos, por supuesto, con muchos intereses encontrados en una empresa muy grande, con una relevancia importante incluso para la economía de la provincia y del país. El extenso voto de la minoría me parece que evidencia que no estamos frente a una decisión arbitraria , principalmente porque el voto de la minoría desarrolla cómo la decisión fue razonable a la luz de los mismos principios concursales. Ahora no conozco las razones de la mayoría; son un ejemplo paradigmático de falta de fundamentación. No dan ninguna. Es una mera afirmación dogmática”, dijo.

En el máximo tribunal de Santa Fe cinco de seis magistrados votaron en favor de admitir el recurso de Commodities SA para hacer su estudio. A favor de ello se expresaron Rafael Francisco Gutiérrez (presidente) y los ministros Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Mario Luis Netri. En disidencia lo hizo María Angélica Gastaldi.

El abogado no considera que esta situación sea apta para un recurso extraordinario de inconstitucionalidad como el aplicado en la provincia de Santa Fe. “También me llamó la atención el trámite que tuvo la avocación cuando era manifiestamente improcedente. Me da la sensación de que tanto el recurso como la avocación parten del mismo acreedor”, concluyó.