El Gobierno volverá mañana a recibir a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024″, según difundió el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el miércoles en su habitual conferencia de prensa que se formalizaría mañana el ajuste en los gastos de funcionamientos en torno al 270% –el mismo que le otorgaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA)– para las demás universidades nacionales.

“Esperamos ver los detalles porque no contamos cómo sería la implementación y, además, poder encauzar los demás temas. Sabemos la idea de equiparar a 270% con la UBA, pero no tenemos la letra chica”, dijo a LA NACION Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN. Irá a la reunión mañana, a las 14, acompañado por el vicepresidente del consejo, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

“Buscarán acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025 y analizará las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”, difundieron desde la cartera a cargo de Pettovello sobre la reunión de mañana, en la que estará acompañada por el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En ese sentido, señalaron que se “fijarán medidas conjuntas para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo”, como así también lineamientos para que el sistema universitario colabore en el Plan Nacional de Alfabetización de la secretaría. Además, evaluarán –siempre según difundió el Gobierno– la situación de los investigadores y del Plan de Infraestructura Universitaria. Se trata de dos de los cinco puntos que reclaman los rectores.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria federal, los rectores ya se habían reunido con el Gobierno el 30 de abril pasado, cuando “avanzaron en el diálogo”, pero no hubo una propuesta concreta de las autoridades. La propuesta llegó en las vísperas de la sesión especial convocada por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario y luego de que el Gobierno acordara únicamente con la UBA, cuya cara visible es su vicerrector y dirigente radical Emiliano Yacobitti, actualizar sus gastos de funcionamiento, así como un 300% de actualización para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. Esto provocó que las 60 casas de estudios restantes denunciaran discriminación y reclamaran la misma suba.

Un día antes de la sesión en Diputados, según fuentes universitarias, los rectores fueron convocados por teléfono a una reunión en la que les informaron que las universidades nacionales recibirían el mismo aumento que la UBA, lo que se formalizaría en el encuentro de mañana.

La sesión legislativa, sin embargo, se mantuvo. Rectores y diputados apuntan que buscan garantizar por ley el financiamiento a las universidades más allá de los aumentos esporádicos que decida el Poder Ejecutivo. La mayoría de los proyectos presentados impulsan que las partidas se actualicen en base a la inflación. La UCR y Unión por la Patria no lograron aprobar ninguna iniciativa, pero emplazaron al oficialismo para su debate en las comisiones de Educación y de Presupuesto.

El jueves, los principales bloques de la oposición avanzaron en cuatro dictámenes que apuntan a ese objetivo, además de disponer un reconocimiento por la no actualización de estas partidas en 2023.