José Luis Espert, Ricardo López Murphy y Luciano Laspina tienen en común su formación como economistas y su actividad como diputados nacionales. Convocados por el Colegio Público de Abogados, participaron de un seminario sobre las posibles reformas al régimen de coparticipación, las finanzas públicas y los impuestos, y coincidieron en las falencias de la Argentina a la hora de ordenar “gastos y recursos” en los diferentes niveles del Estado.

“El régimen de coparticipación es uno de los grandes responsables de que la Argentina sea hoy una gigantesca villa miseria, porque en eso nos hemos convertido”, disparó Espert, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Ese componente redistributivo fue el principio del fin, el veneno que destruyó a provincias ricas y pobres. A las primeras, porque no les alcanzan los recursos y tienen que crear nuevos impuestos, y a las segundas, porque generaron un estado elefantiásico que también pulverizó a la actividad privada”, dijo el diputado, quien apuntó contra la “orgía de gastos” de algunas provincias.

“La Rioja recibe $196 por cada $100 que aporta, a principios de año entró en default, empezó a emitir una cuasimoneda de dudosa legalidad y tiene 40 empresas públicas”, dijo Espert, crítico de la gestión del peronista Ricardo Quintela. “Hay provincias que dependen más de los recursos que les gira la Nación que de los propios, y los gobernadores invierten más tiempo en Buenos Aires en vez de ver cómo hacer crecer a sus provincias”, agregó.

Espert también se refirió a la “superposición de tareas” entre diferentes niveles estatales, que llevan a que el “contribuyente pague tres veces por el mismo servicio o bien público”. “Debe tenerse en cuenta que los gastos y los ingresos son dos caras de una misma moneda, y que la competencia nacional, provincial y municipal debe ser el punto de partida para pensar cualquier reforma a la coparticipación, porque ahí vamos a ver quién debe recaudar, cómo y por qué”, agregó el economista.

Y como, advirtió, “es imposible” eliminar el régimen, sostuvo que el país “debe invertir la pirámide fiscal”, porque “los que más deben recaudar son los municipios”. En materia de gasto del estado nacional, sostuvo que el preámbulo de la Constitución define los seis puntos bajo su órbita.

López Murphy planteó que uno de los problemas derivados de la coparticipación es el de la descomposición de la “correspondencia fiscal” entre distritos, el nivel de impuestos que recaudan y los recursos que reciben. En ese sentido, apuntó contra los gobiernos provinciales y las consecuencias del régimen, que entrega dinero por encima de su nivel de aportes.

“El caso de La Rioja es increíble. Ha defaulteado su deuda, hoy paga parte de los salarios con monedas falsas, pidió un préstamo para generar un polo de generación eléctrica, vendió el polo y no paga la deuda. En derecho comercial, el responsable hubiera ido preso por quiebra fraudulenta”, dijo, en referencia al gobernador Quintela.

También criticó al santiagueño Gerardo Zamora. “Es el más vivo de los demás. Tiene margen, administra bien y construye estadios y si queremos hacer la Fórmula 1, el único circuito del país está ahí”, sostuvo.

De todas maneras, planteó que, dado el esquema vigente y las condiciones para una eventual reforma del régimen, es “altamente difícil” hacer cambios en la ley, porque “cada legislador de cada distrito va a defender su posición”.

Por eso, un mecanismo que propuso para tender a mejorar el esquema es devolverles a las provincias la capacidad de cobrar algunos impuestos, como Ganancias. “Como pasarían a ser de carácter provincial, achican su fracción dentro de la masa coparticipable. Gradualmente, hay que ir recomponiendo la correspondencia fiscal”, explicó López Murphy.

“El Estado federal es residual. Es decir, las provincias financian al Estado federal que, si es más chico, quedan más recursos para las provincias. Es decir, depende de las provincias y sus representantes qué tamaño de Estado federal tenemos”, agregó.

El diputado radical también planteó que, en la cuestión de las finanzas públicas, quien “resuelva la cuestión de la previsión fiscal, se resuelve el problema intertemporal de la Argentina”, y advirtió sobre algunas provincias con “regímenes previsionales disparatados”.

El exministro de Economía (estuvo 15 días en el cargo en 2001) afirmó que, en ese año, había en el país dos millones de empleados públicos y cuatro millones de jubilados, y hoy hay cuatro millones de empleados públicos, 10 millones de jubilados y alrededor de cinco millones de beneficiarios de planes sociales. “Eso es inviable, y con realismo hay que bajarlo”, dijo el diputado.

A su vez, planteó que en el último tiempo creció la “resistencia al Estado” en la Argentina. “En general, los estados cobran impuestos y devuelven servicios. Acá no hay servicios porque cobran impuestos para hacer transferencias. Y en el corazón de eso está el sistema previsional y el servicio de salud”, planteó.

En su exposición, Laspina coincidió en que el régimen de coparticipación “genera incentivos perversos en términos de falta de correspondencia fiscal” y, entre sus consecuencias, sostuvo que “ha creado gobernadores feudales que han expandido el empleo público, desplazando el empleo privado y la inversión”.

El diputado, autor del libro Desenredar la Argentina, donde desarrolla ideas y propuestas alrededor del tema de la coparticipación, ilustró que entre 2005 y 2022 el empleo público se expandió un 50%. “Son 700.000 nuevos empleos en las provincias, con un sesgo hacia las provincias rentísticas”, explicó.

También apuntó contra el proceso de los “impuestos invisibles”. “En la medida en que se pierde control de lo impositivo, entre cuánto gastás y cuánto recibís, todo está fuera de control”, planteó Laspina, quien apuntó contra el “diseño institucional perverso” que bloquea modificaciones en materia económica y legislativa.

“La ley Bignone de 1980 congeló la representación de la cámara de Diputados y la convirtió en un segundo senado, lo cual hace que todas las decisiones de gastos y recursos tengan un sesgo rentístico extractivo”, planteó Laspina, quien ilustró que, en las discusiones de los últimos presupuestos, se incluía un artículo que asignaba una partida millonaria para financiar la carrera del MotoGP en Santiago del Estero, que este año se canceló.