Luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires diera media sanción al proyecto de ley que propone una actualización de los intereses en los créditos laborales, las entidades que integran la Mesa de Enlace bonaerense enviaron una carta al Senado donde advirtieron sobre los efectos adversos que podría generar esta medida para la economía provincial, particularmente en el sector agropecuario.

“El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”, alertaron Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carbap.

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“El sector agropecuario, uno de los pilares de la economía provincial y nacional, sería particularmente vulnerable a los efectos de esta ley. Empresas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, ya afectadas por los crecientes costos operativos y las dificultades logísticas, podrían verse obligadas a reducir su actividad, lo que tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales que dependen de este sector. El cierre de empresas afectaría no solo a los productores, sino también a las numerosas cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria”, agregaron en la misiva enviada ayer por la tarde.

La iniciativa fue impulsada por dos diputadas de La Cámpora, Maite Alvado y Soledad Alonso, y tiene como objetivo principal la modificación en la forma de calcular los montos a pagar en caso de despido. Tras la media sanción, el segundo paso de la iniciativa se concretó dos semanas atrás cuando en la Cámara alta provincial, se obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Ahora la oposición asegura tener 25 votos para hacer naufragar el proyecto.

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Si bien las entidades ruralistas reconocieron la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, recordaron que esta iniciativa legislativa “se encuentra en contradicción con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo en la causa Lacuadra”.

“En dicha sentencia, el máximo tribunal subrayó la necesidad de que los intereses aplicados a los créditos laborales sean equilibrados y no se conviertan en sanciones desmedidas que puedan comprometer la supervivencia de las empresas. La divergencia entre la jurisprudencia de la Corte Suprema y la propuesta legislativa crea un ambiente de inseguridad jurídica que podría desincentivar la inversión y afectar negativamente el clima de negocios en nuestra provincia”, enfatizaron.

En vista de estos riesgos, con mucha preocupación, solicitaron que los senadores bonaerenses reconsideren “detenidamente” los posibles efectos adversos y den de baja el proyecto en cuestión: “Entendemos que un análisis equilibrado, que contemple tanto la protección de los derechos laborales como la viabilidad de las empresas, es fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible y justo para todos los sectores de nuestra provincia. Consideramos que una revisión alineada con los principios establecidos por la Corte Suprema permitiría alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas”.

Para Andrea Sarnari, secretaria gremial de Federación Agraria, en momentos donde hay que cuidar más que nunca los empleos en un sector como el agropecuario, donde cuesta mucho conseguir trabajadores para las tareas en el campo, “la pretensión de aumentar los intereses en los créditos laborales va en contra de ese espíritu de querer fortalecer y cuidar a la pequeña y mediana empresa, especialmente al agropecuario”.

“Los pequeños y medianos productores somos fuente genuina de ofrecimiento de trabajo, de agregado de valor, de arraigo y de desarrollo en el interior. Por eso la iniciativa es injusta e irrazonable. Además entendemos que también es cuidar la institucionalidad y el respeto por la Constitución Nacional que señala que es facultad de la Nación legislar en materia laboral y en este caso la provincia se estaría arrogando una facultad que no tiene, lo cual creemos peligroso también en términos institucionales”, señaló.

En coincidencia, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, aseguró que estas modificaciones al artículo 48 de la ley 11.653, que multiplicaría el monto de las indemnizaciones en más de siete veces, “pone en riesgo la continuidad de las pymes e impacta negativamente en la generación de empleo nuevo”.

“El agro en su gran mayoría somos pymes y, sin ningún pudor y vaya a saber bajo qué premisas o intereses, que claramente no es defender trabajadores ni la creación de empleo, nos están sentenciando a desaparecer. Solicitamos a los senadores que rechacen categóricamente este proyecto y busquen racionalidad y proporcionalidad en el tratamiento de este tema”, remarcó.