El fiscal federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani denunció ante la Justicia a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por sus expresiones de ayer en la Plaza de Mayo, cuando dijo que hay que hacer algo para que el presidente Javier Milei “cambie o se vaya rápido”. Según el fiscal, se trató de una incitación de la violencia.

Pettigiani, que es fiscal ante el Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata, denunció a Carlotto porque ayer ella afirmó: “A veces le tengo lástima porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. ¿Estará tomando fresco en la pileta de Olivos? Hay que seguir registrando lo que se dice y hace. Uno nunca sabe, esta criatura caprichosa, qué es lo que va a decir”. Y cerró: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”.

“La citada afirmación -dijo el fiscal-, efectuada en el marco de una movilización multitudinaria y frente a medios masivos de comunicación, constituye una incitación a la acción violenta, incompatible con nuestra Constitución Nacional, y que resulta castigada por nuestro Código Penal.”

Pettigiani destacó que la discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea la Constitución Nacional y “no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”.

El fiscal advirtió en su denuncia: “El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar”. Por eso dijo, para Pettigiani lo que hizo Carlotto ”constituiría la amenaza de rebelión” que castiga el Código Penal.

Dijo que el fiscal que hay un “desborde de la discusión democrática” que “se verifica con el llamado que hace Carlotto a una acción rápida para que el Presidente se vaya, pues ello, claramente, no representa un llamado a utilizar los resortes constitucionales, ya que supondría un camino incompatible con la rapidez y la violencia reclamada, sino que invita a hacerlo por la fuerza”.

Según el fiscal, entonces, los dichos de Carlotto encuadran en dos delitos: la amenaza de rebelión y el “alzamiento en armas contra la Constitución o alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional”. Es que ambos artículos protegen ”el orden constitucional y la vida democrática” y el bien jurídico protegido se afecta cuando “se declama la remoción del Presidente por carriles violentos e inconstitucionales”, alegó Pettigiani.

El fiscal dijo que el delito se configura por el contexto en que se hicieron esas “expresiones amenazantes” (en medio de un acto público) y por su autora: la “referente más importante de un espacio político con suficiente capacidad de movilización y convocatoria”, destacó. Esto, según la denuncia, “torna efectiva la posibilidad de su ocurrencia”.

El fiscal recordó además el “contexto de violencia” en el que se hicieron las declaraciones, un acto en el que fue quemado un muñeco con la figura de Milei.

“La confirmación del canal abierto por Carlotto con sus amenazas se vio plasmada con las amenazas recibidas por la Señora Vicepresidente de la Nación , en el día de la fecha, en la que recibió amenazas de muerte, vía la red social X, tales como: ‘Las chicas solo queremos a Villarruel colgada en la plaza’, ‘Bájenla de un tiro a esta desubicada de remierda’, ‘Sos una hija de mil puta, espero que te mueras de a poco así puedo escupir en tu tumba, vieja de mierda”, resumió.

En su discurso, ante una multitud, Carlotto criticó al Gobierno por el video de “memoria completa” que, según consideró, “busca reinstalar la teoría de los dos demonios”. Carlotto dijo ayer: “Las constantes conspiraciones del gobierno de Milei y Villarruel en sentido contrario va contra los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina y tienen rango constitucional”.

Durante el acto por el Día de la Memoria, también hablaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y el gobernador Axel Kicillof, entre otros.

Carlotto añadió en su discurso que del total de represores investigados, “los detenidos son menos de 700″ y “los demás gozan de arresto domiciliario”. Y dijo: “Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a los militares presos”. También criticó los despidos en el Estado.