El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender y revisar la aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Las sanciones para los infractores incluyen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares o del triple del valor de lo ofrecido ilegalmente. En el caso de corporaciones, las multas pueden alcanzar cifras significativamente mayores.

La FCPA fue promulgada en 1977 tras una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de ese país relacionada con el escándalo del caso Watergate. Su objetivo principal es garantizar la transparencia en las transacciones internacionales y evitar la corrupción en los negocios, siendo aplicable a empresas estadounidenses y sus subsidiarias en el extranjero, individuos con aquella nacionalidad, cualquier entidad que cotice en la bolsa de valores norteamericana y empresas extranjeras que operen dentro del sistema financiero de ese país.

Según un comunicado emitido por la administración Trump, las empresas estadounidenses se encontrarían en desventaja al competir con sus rivales de otros países, ya que no pueden incurrir en prácticas tales como sobornos y dádivas que son habituales entre competidores internacionales, creando un campo de juego desigual.

La decisión presidencial sostiene que “la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales rutinarias en otras naciones no solo desperdicia recursos procesales limitados que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que daña activamente la competitividad económica y, por lo tanto, la seguridad nacional”.

Trump ha reiterado que su prioridad es reforzar la competitividad de las compañías nacionales y, con esta suspensión, pretende eliminar trabas que, a su juicio, obstaculizan la expansión de los negocios en el extranjero. Esta decisión podría cambiar las dinámicas de comercio exterior y la regulación empresarial al eliminar restricciones que han regido los negocios internacionales de las empresas estadounidenses por casi cinco décadas.

Dicha resolución pareciera situarse fuera de contexto debido a que los Estados Unidos son parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc). Más aún, debido a que, mientras dure la suspensión, la prioridad de los investigadores estadounidenses deberá centrarse en erradicar los carteles de la droga y otras organizaciones criminales trasnacionales, interrumpiendo el avance de las investigaciones en curso hasta que se emitan nuevas directrices de acuerdo con las pautas fijadas por la Casa Blanca.

Cabe recordar que la FCPA había permitido que en los Estados Unidos se aplicaran multas multimillonarias a firmas como Siemens, Odebrecht y Ferrostaal por prácticas corruptas y también fue clave en la revelación de episodios de corrupción en la Argentina como el caso IBM, durante la década menemista. Más recientemente, la aplicación de la ley ahora suspendida permitió investigar las operaciones de lavado de dinero del hoy fallecido Daniel Muñoz, presunto testaferro de la familia Kirchner, quien invirtió decenas de millones de dólares en Estados Unidos, investigación que podría quedar desactivada.

La suspensión de la FCPA podría generar riesgos para la reputación de empresas estadounidenses y provocar represalias regulatorias en otros países, además de erosionar la valiosa capacidad de Estados Unidos para liderar esfuerzos internacionales contra la corrupción y los delitos financieros.

La orden ejecutiva de Trump pone a los Estados Unidos del lado de las prácticas comerciales corruptas y constituye un pésimo mensaje para el mundo que asiste con preocupación a estas inconcebibles medidas.