CÓRDOBA.- “Ahora que hay plata, que nos paguen lo de las cajas de jubilaciones”. Es la frase que, con una carga irónica, eligen los gobernadores que hace siete meses vienen reclamando por los giros de Anses a los sistemas previsionales provinciales no transferidos, al momento de referirse al acuerdo entre el ministro Luis Caputo y Jorge Macri por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

El financiamiento de parte del rojo de las cajas, entre las que hay algunas muy importantes como las de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, está fundamentado en una ley y desde que asumió Javier Milei las transferencias nacionales fueron de “cero pesos”, denunciaron desde las provincias en contacto con LA NACION.

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A partir del 1° de agosto, la Nación acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le reconocerá a CABA el 2,95% de coparticipación en vez de 1,4%, a la vez que empezará a estudiar alternativas para saldar una deuda de alrededor de $1,7 billones. Según un trabajo de Nadín Argañaraz, director del Iaraf, el acuerdo tendrá un costo de entre 0,073% y 0,081% del PBI en los últimos 5 meses del año, lo que equivale a un monto de entre $450.000 millones y $500.000 millones.

Los gobernadores no reclaman por el aumento de la coparticipación porque, al igual que cuando Alberto Fernández la redujo, no afecta la masa coparticipable que se distribuye entre las provincias, sino que impacta sobre lo que le corresponde al Estado nacional.

Lo que pretenden los mandatarios que tienen cajas de jubilaciones no transferidas -son 13- es que Caputo comience a cumplir con los giros comprometidos. A fines de marzo, la Rosada eliminó por DNU los giros que la Anses realizaba. Después Guillermo Francos intentó aclarar que no se eliminaban, que las partidas estaban, pero que había auditorías en marcha y, a comienzos de abril, les prometió a los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) que se anularía el decreto. Nunca se hizo, ni tampoco se reiniciaron las partidas.

Los afectados son distritos de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Y los montos mensuales dependen del rojo de cada una. La Nación se comprometió a girar el equivalente a lo que debería poner si el sistema estuviera en su órbita.

“La promesa era, en abril, reiniciar el flujo porque eso alivia las cuentas provinciales y empezar a discutir cómo se pagaría la deuda. Seguimos esperando”, asegura un gobernador que está entre los de mejor diálogo con la Rosada. Si les pagara a todas, mensualmente, la cifra rondaría los $85.000 millones, según un cálculo rápido de un mandatario.

Hace casi un mes los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hicieron un planteo conjunto por la deuda. “El desafío que tenemos como Región Centro es reclamar la deuda que tiene Nación con nuestras cajas de jubilaciones. Es importante que podamos plantear estos temas de fondo, son políticas de Estado. Para eso tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde, que es que se respete la ley y el federalismo”, afirmó Pullaro.

Para los mandatarios empezar a recibir ese dinero sería como tener oxígeno financiero en el marco de la caída de la transferencias nacionales y de la recaudación propia por la recesión. Además, subrayan que un fallo a favor de la Corte de Justicia es inexorable, con lo cual “la actitud de no pagar implica ir acumulando deuda que después hay que cancelar”.

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El costo del acuerdo con la ciudad de Buenos Aires, según el Iaraf, implicará un menor superávit fiscal nacional “en la medida en que el gobierno nacional no obtenga un ingreso adicional o no reduzca otro gasto previsto en igual cantidad. Al anualizarlo, el monto puede elevarse hasta el 0,17% o 0,19% del PBI”.

Además, grafica que 0,073% del PBI equivale al 106% de la baja del gasto en programas sociales durante el primer semestre, al 151% de la contracción del gasto en subsidios al transporte, al 145% de la disminución en el gasto de masa salarial, o al 51% de la baja en el gasto en transferencias corrientes a provincias.