ROSARIO.-Los policías se transformaron en la principal amenaza. Sabían que quienes debían proteger, en medio de una confusa e intricada historia, tenían dinero, y el objetivo no era evitar un delito, resguardar a tres niños que estaban en potencial peligro, sino robar 76.900 dólares. La maniobra fue tan burda, que uno de los jefes policiales se compró una lancha con el dinero, y otro lo usó para costear el cumpleaños de 15 de su hija. La maniobra exhibió de manera descarnada la penetración de la corrupción dentro de una fuerza, que en muchas causas judiciales, sobre todo en aquellas donde el dinero supura del narcotráfico, muestra la oscuridad por la que transitan muchos policías.

La historia es confusa desde el inicio. En la audiencia que se realizó el fin de semana, el fiscal José Luis Caterina contó que el 11 de abril ingresó un llamado al 911 que alertó sobre una pareja con tres hijos menores de edad, que había entrado a refugiarse a una panadería que tiene un bar en Funes. Alertaron que alguien los perseguía y que quería matar a la madre de los niños. Esa familia vive en Roldán, en las afueras de Rosario, y argumentaban que estaban amenazados. En una zona donde las intimidaciones de raíz narco transcurren todo el tiempo no era descabellada la versión. A la panadería fueron enviados cuatro patrulleros ante el potencial peligro de la situación, sobre todo porque había niños.

Los policías informaron luego al fiscal, que percibían que el escenario era confuso, que la familia tenía una paranoia que alguien les iba a ser daño, pero la versión era endeble. La pareja fue trasladada a una comisaría donde hicieron una denuncia y tras la intervención de la Secretaría de la Niñez los tres menores fueron enviados con una tía para que quedara a su cuidado.

Al otro día el cuadro volvió a complicarse, porque la tía de los chicos contó a los empleados de la Fiscalía de Rosario que el matrimonio había pasado a buscar a sus hijos y habían desaparecido. No sabían dónde estaban. Los próximos dos días hubo contacto con mensajes de Whatsapp. Insistían que estaban en peligro y que analizaban irse del país. También advertían que los seguían en varios autos. La justicia activó una búsqueda por paradero ante la posibilidad de que los menores estuvieran en peligro por el estado de salud mental de sus padres.

El 13 de abril, parientes de esta familia se enteraron que estaban en una casa en el barrio Nuestra Señora de la Guardia de Rosario, donde fueron los efectivos, que encontraron el auto que pertenecía al matrimonio en la puerta, en el que se veían rastros de que había chocado.

Los policías de la seccional 15, que tiene jurisdicción en ese barrio, charlaron con los vecinos, que les contaron que en ese inmueble vivía un hombre de unos 80 años que sabían que tenía armas. Entonces, desde la comisaría 15 convocaron al Grupo Táctico Multipropósito de la policía para entrar a esa residencia, mientras la Fiscalía emitió un oficio para ingresar y resguardar a la familia.

Entraron a la propiedad pasada la medianoche del 14 de abril y encontraron a los chicos en buen estado de salud. Notificaron que además estaba el matrimonio requerido y una pareja de ancianos, dueña de la vivienda. Secuestraron dos revólveres y municiones.

Luego, el fiscal se enteró que faltaba dinero que tenía el dueño de la casa. Los chicos quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez, que envió a los niños a la casa de otro familiar. El matrimonio fue derivado a la guardia del hospital psiquiátrico Agudo Ávila, donde advirtieron que tenían un discurso alterado, pero no consideraron que debían internarlos. El dueño de la casa, el hombre de unos 80 años, quedó vinculado con una causa por tenencia de armas.

El auto que era del matrimonio, que fue requisado, fue devuelto. En la guantera había 280.000 pesos, como quedó asentado en las actas policiales. Pero había más dinero, dólares, que nunca aparecieron. Y ahí comenzó otro capítulo, porque la mujer que había quedado a cargo de los chicos llamó a la fiscalía para exigir que los uniformados devolvieran 76.900 dólares que se habían llevado durante la irrupción en esa casa.

Se dio intervención a Asuntos Internos, que logró reconstruir el momento en el que media docena de policías entró a la casa. Los uniformados llevaron a todos los residían en ese momento en la casa al comedor. Luego ingresó el subjefe de la comisaría 15ª, Darío Carrillo, quien les dijo que sabía que había armas y se tenía que llevar a los menores de edad; que identificaran si había elementos de valor o dinero.

Requisaron todo, pero nadie pudo ver lo que hacían desde el comedor. La policía Romina Acosta salió y dijo que había mucho dinero en la casa. Comenzaron a decir que había vínculos con lavado de activos, si estaban vinculados con el líder narco Esteban Alvarado. El subcomisario le preguntó al padre de la familia si tenía algo que ver con venta de estupefacientes, y les advirtió que podrían terminar todos presos. Los policías empezaron a amenazar a la familia, que había denunciado que había gente que los perseguía.

Uno de los policías tomó al hijo mayor del matrimonio, que tiene 16 años, y le dijo que le contara si su familia tenía vinculación con la venta de drogas, lo que agravaría su situación porque sus padres serían detenidos y sus hermanos reubicados en el hogar de huérfanos, y no podría verlos. La perversidad de los policías no tenía límites.

Antes de terminar el procedimiento entraron dos personas, presuntos testigos del allanamiento, y el personal policial se llevó “en forma secreta” 69.000 dólares que eran de los dueños de la casa y 7.900 dólares de la venta de un auto del matrimonio que era buscado, contó el fiscal en la audiencia.

Caterina dijo que ninguno de los testigos que figuran en el acta pudieron ser encontrados, los domicilios son inexistentes, los nombres no coinciden con los números de documento, entre otras cuestiones. Ese documento además fue firmado por los suboficiales Amílcar Madera, Joaquín Samuel Gerominez, Brenda Ariana Alderete y la oficial Romina Acosta. Aunque la misma acta que llegó a Asuntos Internos tiene solo dos firmas, las de Romina Acosta y Joaquín Gerominez

El fiscal Caterina imputó a Darío Carrillo, Marcelo Gómez, Joaquín Gerominez, Amílcar Madera, Brenda Alderete y Romina Acosta, por los delitos de hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad, abuso de autoridad y falsedad ideológica. A Andrea Soledad González, la imputó por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública. Para el fiscal, esta uniformada aseguró el provecho de lo robado durante abril y mayo. Fue parte de las compras que se hicieron con ese dinero y omitió radicar la denuncia. Según la pesquisa, fue con el subjefe Carrillo a comprar una lancha una semana después del procedimiento.