Un nuevo escándalo salpica a la Policía de Santa Fe luego de que siete integrantes de esa fuerza fueran imputados ayer por un millonario robo de dólares en una vivienda y haber falsificado las actas del procedimiento para poder apoderarse de la divisa norteamericana.

La excusa que encontraron los siete uniformados, cuatro hombres y tres mujeres, para hacerse con el dinero fue asistir a una alerta ante el posible riesgo de muerte de tres menores de edad que estaban dentro de una propiedad con sus padres que tenía armas de fuego y transitaba una crisis psiquiátrica.

En concreto, a los uniformados se les imputa el robo de US$ 76.900 que se llevaron de una vivienda a mediados de abril. El primer capítulo del caso se dio el 11 de abril en un bar de la localidad de Funes, en el Gran Rosario, a donde el matrimonio con los tres hijos (uno de 16 y dos de 10 años), se escondieron en el baño del local con el argumento de que eran perseguidos por sicarios.

Tras la llegada de la policía y la intervención de la fiscalía, la familia se fue del lugar. Al día siguiente, una hermana de la madre de los menores contó que había una preocupación en su familia porque padres e hijos habían dejado su hogar y no conocían su paradero.

Esto derivó en que se montara un operativo para localizar al grupo familiar a fin de resguardarlos, en caso de que efectivamente fueran perseguidos por personas que le quisieran hacer daño, o para confirmar si se trataba de algún brote de los padres con delirio persecutorio.

Con la denuncia por averiguación de paradero, el sábado 13 de abril, los hermanos de la mujer localizaron el auto familiar en la zona sur de Rosario y a pocos metros de la casa de los suegros de su hermana. Entonces, dieron aviso a la fiscalía luego de que nadie los atendiera al golpear la puerta.

El testimonio de un vecino, que contó que el dueño de casa tenía armas en el interior de la vivienda, derivó en un allanamiento por parte del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) que llevó adelante el procedimiento que consistía en resguardar a los menores y recuperar las armas que hubiese dentro del inmueble.

Sin embargo, los efectivos fueron un paso más allá y preguntaron si había dinero u objetos de valor en la propiedad y así se hicieron con los ahorros de los dueños de casa, abuelos de los tres menores, que llegaban a los US$ 69.000. Además, dentro del auto de los padres de los menores secuestraron US$ 7900 más y $280.000.

Tras poner en resguardo a los menores, quedaron a cargo de una hermana de la madre, y que los padres fueran asistidos por el cuadro psiquiátrico, la familia de la mujer llamó a la fiscalía el lunes 14 para preguntar cuándo le reintegrarían el dinero. Allí, los empleados judiciales iniciaron una investigación en paralelo para encontrar el dinero que derivó en las siete imputaciones.

De los oficiales que quedaron bajo la lupa judicial, seis prestaban servicio en la comisaría 15 y otro es miembro del GTM. El fiscal de la causa, José Luis Caterino, acusó a seis como coautores de “hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica y abuso de autoridad”. A la restante, empleada de la seccional de Sarmiento y Ameghino, se la acusó de encubrimiento tras recibir dinero.

La compra de una lancha, por parte de uno de los imputados, y la celebración de una gran fiesta de 15 años por parte de otra imputada, los delató.