Siete meses después de su desaparición, que mantuvo en vilo al país, ya nadie busca a Loan Peña, el chico de cinco años visto por última vez el 13 de junio pasado en el naranjal de su abuela, en la zona rural de la localidad correntina de 9 de Julio. El suceso no solo dejó al descubierto la ineficacia judicial para esclarecer casos de este tipo: también expuso la ausencia de estadísticas oficiales serias, completas y complejas que sirvan de base y referencia para las investigaciones de desapariciones de personas en contextos simples o de trata de personas. Además, demoran más de un año en publicarse y los criterios se presentan de manera aislada, lo que impide comprender el panorama completo de esta problemática. El último informe sobre trata en 2024, elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se enfocó exclusivamente en víctimas con discapacidad, a diferencia de años anteriores, donde el análisis, aunque incompleto, integraba diferentes criterios sobre víctimas y proxenetas. Hasta el momento, no se encuentran publicados otros datos correspondientes a 2024.

Missing Children, que construye desde hace años el registro más conocido de personas desaparecidas, revela que sigue habiendo 115 menores y 45 adultos desaparecidos, mientras que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) da cuenta de 173 personas en la misma condición.

Aunque en 2023 el país fue distinguido por el gobierno de los Estados Unidos como uno de los 30 que más combaten las redes de trata de personas, en la práctica no existe un registro unificado, digital y actualizado que detalle con exactitud la cantidad total de personas desaparecidas ni sus orígenes o características. Tampoco existen estadísticas que den cuenta objetivamente del número de denuncias, causas o sentencias contra las redes de trata en 2024.

Según las últimas estadísticas de la Protex, en 2023 se dictaron 304 sentencias condenatorias por trata con fines de explotación sexual, con 1670 víctimas —el 98,7%, mujeres—, de las cuales 163 eran menores de edad. Además, 760 personas fueron condenadas, de las cuales el 88% son argentinas. LA NACIÓN contactó a Protex para solicitar las cifras correspondientes a 2024, pero la entidad informó que los datos estarán disponibles a partir de este año.

Aldana Romano, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), advirtió que no hay rendición de cuentas respecto del funcionamiento de Sifebu. Explicó que no hay tantos casos de trata de menores en Argentina “no porque no existan, sino por la dificultad de que avancen las denuncias, ya que involucran otros niveles de poder”.

Además, tanto Elena Moncada, presidenta de la Asociación Civil Mujeres por los derechos y autora de Yo elijo contar mi historia, como Margarita Meira, presidenta de la ONG Madres Víctimas De Trata, coinciden en que los policías, fiscales y jueces conocen poco sobre los desaparecidos, son ineficientes en las búsquedas y carecen de herramientas para contener a las víctimas.

Para Meira, el caso Loan es un ejemplo perfecto de cómo funciona la justicia: “Hicieron todo tarde y mal. El corte de rutas, la falta de controles en los autos para revisar qué llevaban en los baúles, la demora en activar la Alerta Sofía”.

Las familias y las ONG, en cambio, no se rinden. “No puede ser que nosotras, siendo pobres, rescatemos y acompañemos a más chicas que el Estado, que es millonario. Nosotros levantamos cuerpos de menores enterrados como NNN y Sifebu no encuentra ninguno. ¿Cómo puede ser?”, denunció Meira.

Los casos registrados en Sifebu son, paradójicamente, los más afortunados, ya que al menos logran visibilizarse. Meira relata que en la mayoría de los casos los familiares de las víctimas denuncian la desaparición, pero la policía nunca tomó la denuncia, lo que deja el caso sin investigación.

Además, advierte que esta situación se repite en provincias como Misiones, Corrientes, Río Negro, Chubut, Chaco y Córdoba, donde en la actualidad más de 40 madres buscan a sus hijos desaparecidos: “Siempre es lo mismo: las madres denuncian, los funcionarios hacen como que toman las denuncias, pero después no existe en ningún juzgado. Hay una cifra negra enorme de la que nadie se ocupa. Además, si avanza la denuncia, lo más probable es que la archiven, salvo que se viralice en los medios y la familia tenga recursos económicos y un buen abogado.”

En 2024, Madres Víctimas de Trata registró cerca de 30.000 prostíbulos activos en todo el país, un dato alarmante que, según Edith Leiva, de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, refleja una problemática social, cultural y económica sostenida por la complicidad de sectores de todas las esferas del poder. “Para sostener la lógica criminal necesitas la colaboración de sectores dentro del poder político, judicial y las fuerzas policiales. No se explica de otra forma”, afirmó.

Estadísticas

El último informe publicado en 2024 por Protex -enfocado específicamente en los casos que incluyen la agravante prevista en el inciso 3 del artículo 145 ter del Código Penal, que aplica toda vez que la víctima tiene una discapacidad, está enferma o no puede valerse por sí misma- advierte que la línea 145, dedicada a recibir y promover denuncias de trata y delitos conexos, recibió 5776 denuncias entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024.

5455 denuncias no involucran a víctimas con discapacidad.300 denuncias sobre 319 víctimas con discapacidad o con alguna situación de salud mental. 216 eran mujeres, 74 hombres, 2 personas trans y en 27 casos no se registró el dato. Además, 240 eran adultas, 24 adolescentes, 18 niños y en 37 situaciones no se especificó la edad.21 denuncias sobre víctimas que conviven con alguien con discapacidad.102 denunciaron explotación sexual, 73 explotación laboral y 59 denuncian desapariciones.114 sentencias de tribunales federales por trata de personas, 90 condenas, 18 absoluciones y 6 conciliaciones.

Según el informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas (PNR), desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 hasta noviembre de 2023 fueron rescatadas y/o asistidas un total de 20.106 víctimas.

En 2022 hubo 1186 rescatados/asistidos.Entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2023, se registraron y/o asistieron 1609 personas, es decir 423 personas más que en 2022: 1368 argentinos; 109 bolivianos; 62 paraguayos; 14 peruanos; 6 uruguayos; 7 venezolanos; 2 chilenos; 9 colombianos; 7 dominicanos; 5 chinos; 1 estadounidense; 1 cubano; 3 brasileros; 1 ucraniano; 2 jamaiquinos; 1 ruso; 1 filipino.De las 1609 personas rescatadas en 2023, 73 eran menores de edad y 1536 mayores de edad: 21 mujeres trans, 589 mujeres, 2 de género no binario, y 997 hombres. Del total, 382 personas, sin distinción de edad y nacionalidad, fueron víctimas de explotación sexual y 1077 de explotación laboral.En 2023, las provincias con más rescates son Buenos Aires (409), CABA (313), Córdoba (245), Mendoza (204), y Santa Fe (121). Mientras que el menor número se registra en San Luis (72), Corrientes (62), Entre Ríos (27), Neuquén (24), Misiones (22), La Rioja (20), Río Negro (16), Santiago Del Estero (14), Santa Cruz (14), Tierra Del Fuego (11), La Pampa (10), Jujuy (6), Chubut (6), Salta (4), Tucumán (3), Catamarca (3), Chaco (2) y Formosa (1).

La Línea 145 en el período enero 2012 a noviembre de 2023 recibió 22.932 denuncias. En el año 2022 recibió un total de 1589 denuncias y en 2023, 1784 denuncias. De las 168 denuncias recibidas en noviembre 2023, 16 señalaron la existencia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; 6 denunciaron desapariciones; 5 denunciaron materiales de abuso sexual contra N, N y A, y 62, hechos de explotación sexual.