En una muestra de los nuevos vientos que soplan en el Congreso, el Senado fue escenario este miércoles de un encuentro destinado a impulsar el tratamiento de un proyecto de ley de la radical Carolina Losada (Santa Fe) que agrava las penas para el delito de falsa denuncia, con especial énfasis en aquellas vinculadas con casos de acusaciones relacionadas con la integridad sexual y la violencia de género.

En la jornada, que se desarrolló en un Salón Azul colmado, participaron personas y familiares que contaron sus experiencias ante falsas acusaciones. En ese sentido, se destacó el testimonio de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja luego de que una jueza de La Pampa decidiera darle la tenencia.

“Él no está porque recibimos siete falsas denuncias y porque una jueza con ideología de género entregó a Lucio a su progenitora; la jueza nos dijo que la madre es la madre y que no joda más porque me iba a meter preso: a los tres meses me lo devolvieron muerto”, narró Dupuy ante el atento silencio de la audiencia. “No queremos que haya más Lucios; a Lucio se lo llevó una falsa denuncia, sino hoy estaría con vida”, remató su intervención el abuelo del niño de cinco años cuyo asesinato conmocionó al país.

La jornada fue inaugurada por la senadora Losada, autora de la iniciativa que presentó en 2023 y que, dijo, le pedirá al Poder Ejecutivo que lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias. “Este proyecto no es en contra de las mujeres. Es a favor de las mujeres que dicen la verdad y de los hombres que dicen la verdad”, afirmó la legisladora. “También lo es para los nenes que no son escuchados y que terminan de rehenes de la pelea entre dos adultos”, agregó Losada en referencia a los casos de divorcios conflictivos.

En ese sentido, la radical santafesina realizó un duro alegato contra los agentes judiciales por no tomar las previsiones necesarias para evitar el avance de una causa basada en una mentira. “La Justicia tiene todas las herramientas para darse cuenta cuándo una denuncia es falsa”, se quejó, antes de citar como ejemplo de lo que busca combatir su proyecto el caso de los rugbiers franceses que permanecieron detenidos en Mendoza por varias semanas como consecuencia de una falsa acusación de una joven.

La iniciativa establece una pena de prisión de 1 a 3 años al que formule una falsa denuncia ante las autoridades. En el caso de que la imputación se registrase en el marco de una causa por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, la pena se elevará a un rango de 3 a 6 años”.

El castigo será de uno a cuatro años para los testigos, peritos o intérprete que “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. La condena será de 3 a 10 años cuando el falso testimonio fuese contra el acusado y se trate de una causa criminal.

Además del abuelo de Lucio Dupuy, dieron sus testimonios ante los presentes en el salón Azul una decena de mujeres, en su mayoría familiares de personas que fueron víctimas de falsas acusaciones ante la Justicia.

Una de ellas fue Andrea Guacci, impulsora del colectivo “Basta de Falsas Denuncias” y esposa de Diego Guacci, exdirector de la selección femenina de fútbol que fue destituido del cargo después de que cinco jugadoras lo acusaran por acoso sexual. La denuncia fue radicada en 2021 ante la FIFA. Dos años después el organismo rector del fútbol mundial desestimó las acusaciones.

“En cuatro meses Diego demostró que era inocente. Ellas (por las denunciantes) no se presentaron al juicio. No les importó, porque el objetivo ya estaba logrado: destruir una vida porque no pudo recuperar ninguno de los trabajos que perdió”, acusó Guacci, quien recordó con amargura que la noticia tuvo repercusión internacional. “Ellas siguen vinculadas al fútbol mientras que nosotros, en cambio, debimos abandonar el país; estamos radicados en Italia”, concluyó.

El ultimo testimonio fue el del periodista Guillermo Pardini. El periodista de espectáculos fue acusado en 2015 por quien entonces era su pareja, Verónica Magdalena, por violencia de género, siendo sobreseído en 2022.

“Hay una constante en los testimonios que escuchamos esta tarde, y es que nadie nos escuchó”, dijo Pardini al empezar a contar lo que vivió tras la denuncia. “En el derrotero judicial perdí trabajos, perdí ahorros”, contó el periodista, quien recordó que para poder mantenerse terminó trabajando como chofer de una aplicación de remisería. “Las falsas denuncias matan familias, eliminan a la persona como ciudadano”, remató.