En una jugada política que intenta poner en un aprieto al Gobierno, el bloque kirchnerista del Senado presentó ayer un pedido de sesión especial para el próximo 2 de mayo con la intención de tratar una serie de iniciativas entre las que figura el límite a las remuneraciones de los tres poderes del Estado, pero que también incluye una inyección de fondos al presupuesto de las universidades nacionales y la anulación de los aumentos en las tarifas eléctricas y la regulación del precio del mercado mayorista de energía.

Ninguna de las iniciativas cuenta con dictamen de comisión, por lo que si la vicepresidenta Victoria Villarruel llegase a conceder el pedido, la bancada de Unión por la Patria necesitará del respaldo de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos. El pedido de sesión se concreta después del polémico aumento que se autoconcedieron los senadores nacionales en tiempo récord, la semana pasada.

Un mensaje para renovar expectativas

También parece difícil que las propuestas puedan obtener dictamen de comisión en un horizonte cercano. Amén de que hasta el momento no se ha convocado a ninguno de los cuerpos de trabajo legislativo de la Cámara alta para esta semana, la conducción de la bancada de Unión por la Patria, que encarna José Mayans (Formosa), viene negándose a integrar a sus legisladores en las comisiones como forma de protesta porque, aseguran, no se está respetando la proporcionalidad que el kirchnerismo tiene en la Cámara alta.

El kirchnerismo había decidido durante el fin de semana redoblar la apuesta y avanzar con la discusión de un proyecto ley que pone un límite de 20 salarios mínimo vital y móvil, unos 4 millones de pesos, a las remuneraciones de los tres poderes del Estado. Al tope de la escala quedarían, según el texto, el presidente y su vice, los jueces de la Corte Suprema de Justicia y senadores y diputados nacionales.

La propuesta implicaría un severo recorte en los sueldos que perciben varios funcionarios, en particular los de organismos descentralizados o empresas con participación estatal, como YPF, que cobran sumas cercanas los diez millones de pesos. También afectaría a los embajadores, que perciiben sumas cercanas a los 20.000 dólares.

La iniciativa fue presentada en marzo pasado, cuando se generó la primera polémica por el aumento de las dietas dictado por las autoridades de ambas cámaras legislativas a fines de febrero junto con la paritaria de los empleados legislativos. Aquel incremento quedó en la nada por orden del presidente Milei acatada por los presidentes de las dos alas del Poder Legislativo, Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados).

Durante el fin de semana, el kirchnerismo decidió reflotar el proyecto como consecuencia de la controversia provocada por el aumento que duplicó sus dietas que se votaron los senadores a mano alzada el jueves de la semana pasada sin que nadie planteara su oposición cuando se habilitó el tratamiento de la resolución en el recinto.

Sin embargo, el bloque que conduce Mayans sumó al pedido de sesión especial dos proyectos de reciente presentación y que cuestionan de manera directa la política de ajuste fiscal que lleva adelante el Poder Ejecutivo.

Una de esas iniciativas declara la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales, actualizando y aumentando a 5,8 billones de pesos los fondos públicos destinados a financiar a las casas de altos estudios públicas.

El proyecto fue incluido en el pedido de sesión especial apenas unas horas antes de la marcha que protagonizarán diferentes agrupaciones en protesta contra la decisión del gobierno de Javier Milei de mantener congelados los fondos presupuestarios para las universidades estatales.

Además, el bloque de Unión por la Patria incluyó un proyecto que busca anular los incrementos en las tarifas eléctricas autorizados por el Gobierno nacional mediante la Resolución 7/2024 y que fija un nuevo índice de actualización del precio de adquisición de energía en el mercado mayorista por parte de Camesa SA.

La iniciativa establece una actualización trimestral de los valores de la energía en el mercado mayorista en base a un coeficiente compuesto en partes iguales por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estable (Ripte).