Mediante el decreto 841/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la salida de Thierry Decoud, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) acusado por sospechas de corrupción y pago de coimas. El Gobierno ordenó una auditoría a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) con el objetivo de verificar la denuncia y averiguar el estado de YCRT.

El desplazamiento del ingeniero Decoud, de 42 años, surgió a raíz de una denuncia por corrupción presentada por el gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, tras un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, que estaba en negociaciones para comprar carbón.

Según una publicación del diario Clarín, la empresa -con sede central en Dubái según su página web y supuestos capitales israelíes- tenía muy avanzada la compra de carbón de baja calidad a la minera, unas 30.000 toneladas a un precio de US$2,1 millones. Esta operación se habría frustrado cuando dos brokers, Andrés Gross y Alejandro Salemme exigieron una “comisión” para acelerar la operación.

Es así que el Gobierno no dudó en apartar de su cargo a Decoud, quien es un especialista en temas energéticos y ambientales y que antes de ocupar este cargo fue funcionario del macrismo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación y en la gestión bonaerense.

El lunes a primera hora salió publicada su salida en el Boletín Oficial con el decreto 841/2024 que lleva tanto la firma del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo.

El artículo 1° de la medida dispone “el cese del ingeniero Thierry DECOUD (D.N.I. N° 29.076.449) en el cargo de Interventor de Yacimiento Carbonífero De Río Turbio Y De Los Servicios Ferroportuarios Con Terminales En Punta Loyola Y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía”.

“En tanto en el artículo 2° se instruye a la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Presidencia, para que en el plazo de 30 días hábiles elabore un Informe de Entrega y Recepción que contenga la información necesaria para conocer el estado de situación administrativa, patrimonial y financiera y, eventualmente, la consumación de hechos o irregularidades que podrían configurar un acto ilícito en el ámbito penal y/o administrativo de YCRT”, precisaron.

Entre los considerados que justifican la medida, se evaluó que el objetivo de esta decisión es “asegurar la integridad y transparencia de la gestión” y que por lo tanto resultó “necesario disponer la realización de una auditoría integral a los fines de contar con información precisa y adecuada, con el objetivo de esclarecer la situación en la cual se encuentra involucrada actualmente”.