En medio de un clima enrarecido por las internas en el oficialismo y en el kirchnerismo y mientras el dictamen a favor de la postulación del juez federal Ariel Lijo ya empezó a circular y a reunir sus primeros avales, el catedrático Manuel García-Mansilla se presentará hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei.

La audiencia está prevista para las 10 y a priori García-Mansilla llega a la prueba con muchos menos apoyos que el controvertido juez federal. Se espera que el encuentro sea un poco menos extenso que las ocho horas que la semana pasada debió exponer Lijo.

Pero, como contrapartida, la presentación del jurista podría ser un poco más áspera que la que atravesó su compañero de ruta por acceder al máximo tribunal de justicia del país, que sólo debió responder cuestionamientos a su idoneidad moral para ocupar el cargo por parte de un puñado de senadores que ya habían anticipado el rechazo a su postulación.

El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral ha sostenido algunas posiciones que, según las posturas de algunos sectores político como el kirchnerismo, podrían provocarle roces durante en su audiencia. Dependerá en gran medida de la actitud con la que responda el candidato la posibilidad de que la audiencia pública transite por carriles normales o se convierta en un debate de alto voltaje político.

La postura del catedrático sobre la legalización del aborto, su posición originalista del derecho -interpretar la ley de acuerdo al espíritu del legislador y de la época en la que fue sancionada-, y la discusión en torno a si los tratados internacionales con rango constitucional tienen prevalencia en los casos en que entren en colisión con las cláusulas de la carta magna son algunos de los tópicos que podrían calentar el clima siempre gélido que impera en el Salón Azul del Congreso, recinto en el que se celebrará la audiencia.

García-Mansilla está propuesto para ocupar el sitial en la Corte que, el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, dejará vacante Juan Carlos Maqueda, que deberá pasar a retiro en cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional. El cordobés pudo haber prolongado su estancia por cinco años más, pero el Poder Ejecutivo decidió quedarse con la vacante para poder designar a un miembro más en el tribunal. Lijo, por su parte, está nominado para el lugar que ocupaba Elena Highton, que renunció en 2021.

La postulación del jurista recibió 24 impugnaciones durante el plazo en el que su pliego fue sometido a la opinión de la sociedad por parte de la Comisión de Acuerdos. En su respuesta a esos cuestionamientos, García-Mansilla sostuvo que ninguna de las presentaciones constituyó “una observación válida acerca de las calidades y méritos” para ocupar el cargo al que es propuesto por Javier Milei.

“Por el contrario, evidencian la preferencia personal de los impugnantes, ciertamente válida, de que sea otro el candidato o candidata al cargo para el que he sido nominado”, agregó el jurista en su descargo.

El candidato también replicó las observaciones basadas en sus opiniones vertidas en el ejercicio de su actividad académica. “Parecen pensadas y dirigidas a alguien que se postula para un cargo electivo y no para quien ha sido nominado para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró.

“Las opiniones que haya expresado en abstracto y de forma general en publicaciones de índole académica, destinadas naturalmente a promover el debate de ideas, no implican en modo alguno que haya prejuzgado o que se pueda derivar de allí una predicción sobre cómo decidiría un caso judicial en caso de obtener el acuerdo del Senado y ser nombrado al cargo para el que he sido nominado”, agregó García-Mansilla.

La postulación del jurista llega eclipsada por la más controvertida nominación de Lijo y por el reclamo del kirchnerismo al Gobierno para que se siente a negociar el apoyo a sus candidatos a la Corte. En el bloque de Unión por la Patria consideran que ambos son postulantes del Gobierno y no del peronismo, razón por la cual exigen que el Poder Ejecutivo habrá el juego a un acuerdo político que le permita conseguir los dos tercios de los presentes que se requieren para designar a un juez en el máximo tribunal de justicia.