Después de la Ley Bases, el Gobierno comienza a mover sus fichas. La AFIP impulsará, según supo LA NACION, una reestructuración interna con el objetivo declarado de aprovechar al máximo tres objetivos que -esperan- sumen más recursos a su alicaída recaudación: el ajuste, el blanqueo y la moratoria.

En la agencia que dirige Florencia Misrahi afirmaron que buscan “eficientizar y reducir costos de estructura”, por lo que impulsarán una fusión de áreas que, además de bajar gastos, serviría para generar una “ventanilla única” para el contribuyente. Los cambios en el organigrama de la AFIP se publicarán mañana en el decreto 559. Se eliminarán ocho direcciones y tres subdirecciones. En total, se habla de una reducción de 44 unidades de estructura. Dicen allí que no habrá despidos. Sí reasignaciones.

¿Cuáles son más precisamente los cambios que impulsará la AFIP de Milei? En principio, se unificará en las dependencias de la DGI las actividades de control operativo en la materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano. “Esto replica lo que se viene realizando en el interior del país”, indicaron.

Además, como se dijo, habrá una reducción de estructura -no de personal- con la finalidad, dijeron en la AFIP, de “modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”. Se eliminan los cargos de tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas.

Por otra parte, unas 700 personas de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se integran a la DGI, para las tareas de fiscalización, de los 1000 agentes que hay actualmente.

Según precisaron, en la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social permanecerán la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas.

Modernización y desburocratización

“Esto refuerza las acciones de gobierno en cuanto a la desburocratización y modernización, para tener una ventanilla única; potencia los recursos humanos y tecnológicos y reduce los costos y para el contribuyente hay una mirada única, un único canal para facilitar el cumplimiento”, dijeron.

“Esto es parte de lo que ya venimos trabajando. La modernización de una organización de mayor cercanía al contribuyente y empleador”, dijeron en la entidad. “Queremos además mirar desde una ventanilla única el blanqueo y la moratoria”, afirmaron sobre las medidas aprobadas en el paquete fiscal.

“Que por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP, dicen los considerandos de la norma a la que accedió este medio y que se publicará mañana.

“Que la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la Seguridad Social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la AFIP”, agrega. “Que ello contribuirá a constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado Nacional”.

La recaudación y el paquete fiscal

La decisión de la AFIP se enmarca en una economía que requiere recursos, bajar gastos y sumar ingresos. De hecho, según informó la Administración, lo embolsado en el sexto mes del año ascenso a $11.297.649 millones, lo que, si bien nominalmente implicó un aumento de 221,2%, respecto de igual período de 2023, en términos reales significó una caída de 14%. En ese contexto, de recesión, el Gobierno enfrenta además el desafío de eliminar -o reducir- el impuesto PAÍS, que hoy representa casi siete puntos de la recaudación.

Por eso, ahora, el oficialismo pone a punto la AFIP que dirige Misrahi para lo que viene después de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal: la moratoria y el blanqueo de capitales.

Según explicó LA NACION cuando se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, las personas que tengan bienes o activos sin regularizar -por fuera del ojo del Estado-, podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025. Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.

En tanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (desde octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).

Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%.

No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.

La moratoria, en tanto, sirve para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de este año. Para adherir, hay tiempo hasta 150 días corridos desde la reglamentación de la AFIP. Se podrá pagar al contado o con un plan de pagos, según se explicó. No es posible regularizar en la moratoria mediante compensación.

Servirá para deudas tributarias en general (impuestos, aduana y seguridad social); deudas en discusión judicial o administrativa (previo allanamiento o desistimiento), Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia; y deudas en planes de facilidades de pago (caducos o no).

Como beneficios ofrece la extinción de la acción penal sin sentencia firme; la condonación total de multas formales y materiales y la condonación de intereses (según fecha de adhesión y forma de pago).