Lejos de descomprimir el conflicto en la Cancillería y en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), la gestión de Javier Milei quiere ir a fondo en esos dos organismos con alta especificidad técnica en su personal de carrera. Pese al clima de malestar y desazón que impera entre los trabajadores del área, la Casa Rosada quiere efectivizar un patrullaje ideológico en el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del desembarco de Gerardo Werthein. Y quiere reducir al máximo los beneficios en el organismo recaudador.

La salida de Diana Mondino de la Cancillería llegó con la orden de hacer una purga en el cuerpo diplomático. Presidencia prometió “una auditoría del personal de carrera con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Si bien todavía no hay claridad sobre cómo se hará el “rastrillaje ideológico” -y cuáles son sus implicancias legales- en Balcarce 50 comenzaron a bajar las primeras instrucciones.

En primer lugar, la orden de Milei fue rastrear a todos los funcionarios de la Cancillería que hayan intervenido en la decisión de votar en la ONU a favor de condenar el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, el hecho que detonó la salida de Mondino. “Queremos investigar esa votación en particular. Ver los cables reservados y las comunicaciones internas entre áreas para detectar quién recomendó que la Argentina actuara de esa manera”, dijeron a LA NACION muy cerca del Presidente.

Habitualmente, cuando hay que definir un proyecto de resolución en Nueva York o en Ginebra, se solicita la intervención de la Dirección de Organismos Internacionales (que hoy conduce Alejandro Torres Lépori). Esa dependencia cuelga de la Subsecretaría de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde recientemente asumió Eduardo Bustamante por la renuncia de Leopoldo Sahores.

A partir de allí, según explicó un diplomático a este medio, intervienen las áreas específicas de consejería legal. Y también se eleva la consulta a áreas externas a la Cancillería (eventualmente, Casa Rosada), para tener una definición de corte político.

“La línea de Cancillería hace una propuesta de acción. El diplomático emite una opinión fundada en donde constan las implicancias de hacer un voto en un sentido o en otro y la aplicación de las normas vigentes. Después la autoridad política puede decidir otra cosa. Eso no debería ser un problema”, explicó el funcionario del Palacio San Martín.

En Balcarce 50, donde hay fuerte encono con la planta de la Cancillería, replican: “Puede pasar que la opinión de la línea no coincida con la decisión política del Presidente, pero en ese caso se hace lo que dice el Presidente. El problema es que acá vanía pasando al revés, se estaba yendo en contra de la voluntad del jefe de Estado”.

Según pudo reconstruir LA NACION, el primer anillo de Milei estuvo en contacto en las últimas horas con Werthein para definir algunos cursos de acción. Se habló de revisar los legajos de los diplomáticos de primera línea, los embajadores, cónsules y agregados comerciales. También se evaluó hacer entrevistas para conocer si esos funcionarios están dispuestos a encolumnarse con la posición del líder libertario, alineada con los Estados Unidos e Israel pero disociada de la Agenda 2030 de amplia aceptación entre las potencias occidentales. “Queremos ver quién es quién y preguntarles si van a votar como lo haría Milei”, dijo un colaborador de Balcarce 50.

Hay algo más que Milei quisiera hacer en Cancillería: pasar la motosierra. Por estas horas, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, estudiaba la viabilidad legal de achicar estructuras y recortar componentes de los sueldos y viáticos que se pagan a los diplomáticos, como ya ocurrió con otras áreas del Estado.

Tras el anuncio de la “disolución” de la AFIP, sus trabajadores vienen realizando asambleas en los lugares de trabajo junto con “apagones informáticos”. La reestructuración del organismo, ahora llamado ARCA, consiste en el recorte del 45% de los cargos superiores y el pase a disponibilidad de 3.100 empleados, más la promesa de dejar de pagar la “cuenta de jerarquización”, un plus salarial en función de la recaudación bruta mensual que puede llegar a equivaler a un segundo haber para algunos funcionarios.

Hasta acá, el Gobierno avanzó con el nombramiento del nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez y de la Dirección General de Aduanas (DGA), José Andrés Velis, con Florencia Misrahi como titular de ARCA. Pero todavía no oficializó el nuevo organigrama ni efectivizó los despidos.

En la Casa Rosada aseguran que están buscando una formulación jurídica para no indemnizar a los 3100 empleados que serán desplazados de la AFIP, bajo el argumento de que pasaron a planta permanente en 2023, en un momento donde estaba prohibido ampliar la planta del Estado.

El Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad fija que el empleado desafectado por un recorte en la estructura estatal seguirá percibiendo su sueldo hasta 12 meses más. En ese año, el trabajador podría ser reubicado dentro de la administración pública o entablar un nuevo vínculo laboral en el sector privado. De no haber resultados, cumplido ese período, corresponde una indemnización.

De concretarse la medida que están pergeñando en Balcarce 50 el conflicto con los trabajadores del organismo podría recrudecer. En principio, el martes pasado la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días para que sean suspendidas las medidas de fuerza y convocó a una audiencia mañana.

Respecto al recorte de la “cuenta de jerarquización”, hoy el plus lo reciben tanto el personal jerárquico, como el que está bajo convenio. Pero se especula que la quita del beneficio correría únicamente para los funcionarios políticos.