Con un fallo de alto voltaje político, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, benefició al primo del expresidente Mauricio Macri en el caso de corrupción derivado de las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Los pagos hechos por Ángelo Calcaterra y su subordinado, Javier Sánchez Caballero, a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación, serán investigados como aportes electorales que no fueron declarados -en la justicia electoral- y no como actos de cohecho activo, criterio que había sido corroborado en todas las instancias anteriores.

Este fallo abrió la puerta para que los demás empresarios implicados en la causa cuadernos tengan una suerte similar y para que los exfuncionarios planteen que recibieron dinero negro en bolsos en concepto de aporte.

Conocido como “Coco”, Carlos Mahiques fue ministro de Justicia durante un tramo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego llegó por un traslado a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte. Había concursado y asumido en 2013 como juez de la Cámara de Casación porteña, que a diferencia de la Casación Federal, trata delitos comunes, como robos y homicidios. Como camarista de casación penal federal intervino en casos de alta trascendencia política tales como el que investigaba a Mauricio Macri por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. De ese caso fue apartado por pedido de los familiares de las víctimas, que eran querellantes en el caso.

También fue uno de los jueces -junto a Diego Barroetaveña- que firmó el fallo que en enero pasado confirmó la absolución del extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, con un criterio distinto del que adoptó la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando consideró al Estado argentino -y a sus órgismos de inteligencia- por dicho encubrimiento.

Es uno de los jueces que participó del polémico viaje de dos días a la mansión que el empresario británico Joe Lewis montó a orillas del Lago Escondido, cerca de El Bolsón. Ese viaje, del que participaron otros jueces y exfuncionarios junto a empresarios el Grupo Clarín, motivó la apertura de un expediente judicial para investigar si los funcionarios habían incurrido en una conducta delictiva al aceptar la invitación a Lago Escondido. El viaje de los jueces se conoció en octubre del 2022, pero cobró gran relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al Sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de la causa penal que finalmente fue anulada.

Carlos Mahiques es padre de familia judicial. Su hijo, Juan Bautista, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos y ahora es el jefe de los fiscales porteños. Su otro hijo, Ignacio, fue fiscal federal y juró en 2022 como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.

Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenó al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.

Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó. Desde noviembre de 2022, por el fallo de la Corte Suprema que modificó su conformación, Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces.

Petrone siempre buscó cautivar el bajo perfil. Tanto a nivel académico como en su función judicial se presentó en unos 20 concursos: en varias ternas quedó primero. Hijo de dos inmigrantes italianos, es el cuarto de seis hermanos. Su carrera judicial comenzó en 1991 como meritorio en el juzgado de instrucción de Carlos Gerome. Juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti. Petrone también se desempeñó como juez del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín.

De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También presidió el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En los inicios de su carrera, en paralelo a su trabajo en los tribunales, Petrone fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, un think tank que orientó el empresario Francisco de Narváez cuando se involucró en política en 2009.

En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. En diciembre del año 2020, los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese fallo robusteció la acusación del mega caso por corrupción, que ahora quedó debilitada por la decisión de Petrone y sus dos colegas de que los empresarios que confesaron pagos a los exfuncionarios kirchneristas no deben responder en un juicio penal por esos hechos sino en la justicia electoral.

Entre otros casos de trascendencia política en los que Petrone se pronunció se encuentra el caso Oil Combustibles, en el que votó para confirmar la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Ese fallo, que dejaba por fuera de las maniobras de fraude al Estado a los empresarios pero que condenaba al extitular de la Afip Ricardo Echegaray, fue anulado por la Corte Suprema el mes pasado. La Corte dijo que la causa deberá regresar a la Cámara de Casación donde otros jueces diferentes, que no hayan opinado, deben dictar un nuevo fallo, teniendo en cuenta que la Corte dijo que el tribunal había tratado solo en apariencia los planteos del fiscal Villar contra las absoluciones.