El sobreseimiento de Luis María Blaquier -exfuncionario de la Anses durante el macrismo- quedó firme luego de que se venciera el plazo para que el Ministerio Público Fiscal recurra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó que durante su paso por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) no hubo negociaciones incompatibles en la función pública.

Blaquier fue subdirector del organismo dependiente de la Anses durante el primer año de gestión del expresidente Mauricio Macri. Fue investigado por la compra que hizo el FGS de unas obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A., de la cual fue director, y de Cablevisión S.A. , a la que estuvo vinculado indirectamente a través de su paso como director de Clarín.

En octubre de 2019, por pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por presuntas irregularidades en ambas operaciones, ocurridas en 8 y el 29 de junio de 2016, dado su vínculo con las compañías.

La decisión de Casanello fue apelada por la defensa ante la Cámara Federal porteña, la cual revocó el procesamiento. Los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que había sido “prematuro”, que no se había acreditado la responsabilidad de Blaquier y que por lo tanto correspondía ordenar nuevas medidas de prueba para seguir investigando el caso. En disidencia, el tercer miembro del tribunal, Mariano Llorens, se pronunció directamente en favor de cerrar el expediente.

Tras ello, el juez Casanello dictó el sobreseimiento de Blaquier y el fiscal Picardi apeló la decisión ante la Cámara, que terminó por confirmar el sobreseimiento del exfuncionario. Ahora, el plazo para recurrir esta decisión se venció sin que Javier Agüero Iturbe, el fiscal ante la Cámara, recurriera la decisión del tribunal.

“Fueron 7 años gastando tiempo y recursos en algo en donde era evidente que no había delito”, señaló Ramiro Salaber, abogado defensor de Blaquier, a LA NACION.

La hipótesis inicial del fiscal Picardi fue la de una posible defraudación al Estado. Luego, la acusación se reconfiguró con el delito de negociaciones incompatibles a la cabeza.