Los fiscales generales de Luisiana, Kansas, Ohio y Virginia Occidental han interpuesto una demanda en un tribunal federal de Luisiana, con el objetivo de impedir que la Oficina del Censo de Estados Unidos incluya a inmigrantes indocumentados en el recuento poblacional utilizado para asignar escaños en el Congreso y votos en el Colegio Electoral.

La población migrante y el juego de los escaños en el Congreso

Según los demandantes, la inclusión de estas personas en el censo de 2020 provocó que Ohio y Virginia Occidental perdieran cada uno un escaño en el Congreso y un voto electoral, en beneficio de estados con mayores poblaciones de inmigrantes indocumentados y titulares de visas temporales, informó Fox News.

La demanda señala que Texas ganó un escaño y un voto electoral, mientras que California mantuvo un escaño y un voto que, de otro modo, habría perdido. Los fiscales generales argumentan que, de continuar esta práctica, Luisiana y Kansas podrían enfrentar pérdidas similares en la redistribución de distritos de 2030.

Fundamentos de la demanda de Luisiana, Kansas, Ohio y Virginia Occidental

En febrero de 2018, la Oficina del Censo de Estados Unidos estableció la “Regla de Residencia” para el censo de 2020, determinando que los extranjeros que residen en el país serían contabilizados en el censo y asignados al estado de su “residencia habitual”, sin considerar su estatus legal o la temporalidad de sus visas.

Tras el censo de 2020, la administración del expresidente Joe Biden decidió incluir a inmigrantes indocumentados y a extranjeros con visas temporales en las cifras utilizadas para determinar la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y los votos del Colegio Electoral. Los fiscales generales sostienen que esta práctica viola el principio de representación igualitaria de la Decimocuarta Enmienda, al privar a los ciudadanos de sus estados de una representación política justa y redistribuir el poder político hacia estados con altas concentraciones de inmigrantes indocumentados y extranjeros con visas temporales. Además, argumentan que contraviene el Artículo II, Sección 1, de la Constitución de Estados Unidos, al provocar una distribución inconstitucional de los votos del Colegio Electoral entre los estados.

Implicaciones de la “Regla de Residencia”

La demanda afirma que la “Regla de Residencia” infringe la obligación constitucional del gobierno federal de realizar una “enumeración real” del número de “personas en cada estado”. Según los demandantes, en el contexto histórico de la Constitución, esta frase se refería únicamente a ciudadanos estadounidenses y a residentes permanentes legales. Además, argumentan que los extranjeros presentes de manera ilegal o temporal en Estados Unidos no califican para ser incluidos en esta enumeración, ya que no tienen derecho a representación política.

Asimismo, señalan que la Decimocuarta Enmienda requiere que los extranjeros indocumentados, a quienes se les negó el derecho al voto, sean excluidos de la distribución de la población estatal. Por lo tanto, sostienen que la enumeración real de la población de los estados no debe incluir a dichos extranjeros, y que solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales deben ser contabilizados.

Efectos de la inmigración ilegal en la representación política

Los fiscales generales argumentan que la inmigración ilegal afecta la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y en el Colegio Electoral debido a que la población de inmigrantes indocumentados es numerosa y está altamente concentrada en una minoría de estados.

Estiman que hay alrededor de 11.7 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y afirman que, durante las últimas tres décadas, el país experimentó la mayor ola de inmigración en su historia.

Perspectivas y posibles consecuencias

Esta demanda podría tener implicaciones en la forma en que se lleva a cabo el censo y en la distribución de la representación política en Estados Unidos. Si los tribunales fallan a favor de los estados demandantes, podría establecerse un precedente que excluya a los inmigrantes indocumentados del recuento poblacional utilizado para la asignación de escaños en el Congreso y votos en el Colegio Electoral.

Esto podría alterar la distribución de poder político entre los estados, especialmente aquellos con altas concentraciones de inmigrantes indocumentados. Por otro lado, si la demanda no prospera, es probable que continúe el debate sobre la inclusión de inmigrantes indocumentados en el censo y su impacto en la representación política.

Este caso subraya las tensiones persistentes en torno a la inmigración y la representación política en Estados Unidos, y podría influir en futuras políticas y decisiones judiciales relacionadas con estos temas.