La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), manejada hoy por el interventor Sergio Neiffert, se encuentra bajo el escrutinio público luego de que la Cámara de Diputados rechazara el aumento de sus fondos reservados en $100.000 millones. Diferentes sectores de la oposición, que entraron en una pública disputa con el oficialismo, reclamaban por la ilegalidad del decreto que promovió la suba de gastos y, además, buscaban conocer el destino de dichos fondos. Desde entonces, la pelea por la relevancia y necesidad de invertir o no en la SIDE en un contexto donde el Gobierno asegura que “no hay plata” entró en el debate general.

Ubicada en la calle 25 de Mayo 11 -a metros de la Casa Rosada- la SIDE, es el órgano dependiente de la Presidencia de la Nación que se encarga, según el oficialismo, de “transformar y modernizar el sistema de inteligencia”. Históricamente, dicho organismo se vio envuelto en diversas polémicas como causas judiciales por presuntos manejos ilegales.

El miércoles fue que el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre “el rol de la SIDE en el encubrimiento” de los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Sobre este último, cabe recordar que los encargados de la Secretaría en ese entonces, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, fueron acusados por el encubrimiento del ataque a la mutual judía.

La SIDE era conocida durante los tiempos de Cristina Kirchner, primero, como la Secretaría de Inteligencia (SI) y, luego, como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esto fue hasta que el de Javier Milei decidió en julio disolverla a través del decreto 614/2024 y reemplazarla por la secretaría actual. La decisión se tomó a partir de una investigación realizada el año pasado, donde el Ejecutivo sostuvo que la secretaría fue desnaturalizada de su rol y que fue utilizada para “actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

Desde entonces, también puso a su cargo cuatro órganos desconcentrados: la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). Además, coordina operativamente y controla el presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección Nacional de Estrategia Militar (DNEI). Ambas son dependientes del Ministerio de Seguridad y de Defensa, respectivamente.

Se crea la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que reemplaza a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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El SIA se encarga de recopilar información estratégica y cooperar con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y disuasión de amenazas; la ASN de “advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos” en el país y vigilar amenazas coordinadas de organizaciones criminales y terroristas; la AFC de la evaluación, planificación y el desarrollo de soluciones para detectar y contener ciberataques y capacitar capital humano del Estado para prevenir amenazas y fallos de seguridad; y la DAI de supervisar y auditar el manejo de los recursos de las agencias que operan en la órbita de la SIDE.

El miércoles 21 de agosto, diputados de la oposición se unieron para rechazar el DNU 565/24, que otorgaba un aumento en los fondos reservados de la secretaría en $100.000 millones. El principal aspecto que llevó a la negativa de los opositores más críticos del Gobierno como el kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo, pero también sus cercanos aliados como el Pro, se relacionaba, primero, con la falta de conocimiento del destino de dichos fondos y, segundo, con que alrededor del 80% de dicho aumento fue devengado y gastado en menos de un mes.

Desde el oficialismo, aún así, rechazaron dicha información y aseguraron que no hubo gastos de los fondos. “Los fondos que se destinan a estos temas de inteligencia por sus mismas características no son para hacer públicos. Son para hacer públicos en el seno de la comisión de seguimiento. Eso no habla de que los fondos tengan un destino turbio”, sostuvo el miércoles el jefe de Gabinete Guillermo Francos en El Destape Radio, y agregó: “De los fondos reservados no se tocó un peso. Me avergüenza contestar estas preguntas sin ningún sustento”.