La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década del 80, cuando se sancionaron las leyes 23.283 y 23.412, que habilitaron los entes de cooperación técnica. La entidad nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y monopoliza la distribución oficial de los insumos necesarios para la transferencia o inscripción de un 0km o usado.

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Su función, además de brindar capacitaciones, cursos y organizar convenciones entre los concesionarios miembros (por ejemplo, un concesionario multimarca no puede formar parte de Acara), es ser el ente que provee todos los formularios que se utilizan para la compraventa de automotores.

Por ejemplo, si una persona se acerca a comprar un auto 0km, la concesionaria obtiene todos los formularios necesarios y las chapas patente a través de Acara. A su vez, si se quisiera firmar un 08 para la transferencia de un usado, el papel a entregar también será distribuido por el Ente.

“Tanto Acara como la Cámara del Comercio Automotor (CCA) licitan la impresión del formulario, chequean que cumpla con las cuestiones de seguridad, se encargan de la logística, el almacenamiento y la entrega a quienes lo soliciten y responden ante la Justicia con datos sobre los formularios firmados, si es necesario”, le explicaron a LA NACION fuentes cercanas a la entidad.

“Acara le vende formularios a las oficinas registrales, concesionarios socios y a distribuidores oficiales, que fueron designados también hace 80 años y son los que, en el tramo final, le venden a otros concesionarios y oficinas”, añadieron también.

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En el marco del plan del Gobierno para dar de baja el 40% de los registros del automotor y simplificar los trámites para la venta de vehículos, el Ministerio de Justicia puso en la mira los fondos que maneja el Ente controlado por Acara, ya que al no formar parte del Presupuesto como sucede con otros entes cooperadores no son auditados.

“Me parece una locura que exista un fondo discrecional que se pueda manejar sin control y que sea alimentado por la cantidad de formularios que paga el ciudadano de a pie en el Registro Automotor. Acara empezó como una asociación de concesionarios que administraba únicamente la cuota de asociación de los concesionarios. Con esto de ser Ente Cooperador, se tercerizó en Acara la mayoría de los contratos del Ministerio de Justicia y de Seguridad, que los paga Acara. Hay varios empleados de los ministerios que reciben “incentivos” que paga Acara”, señaló a LA NACION la diputada Patricia Vasquez, de Juntos por el Cambio, quien impulsa un proyecto de ley para eliminar los Registros del Automotor.

Según reveló días atrás una investigación del diario Clarín que citó fuentes del Ministerio de Justicia, casi la mitad de los empleados de esa cartera en la actualidad están empleados por el Ente que administra Acara.

El objetivo del Gobierno sería incorporar al Presupuesto Nacional los fondos que ingresen por los trámites registrales.

El tema del Ente administrado por la asociación salió a la luz con las reformas que está impulsando el Ministerio de Justicia y por las irregularidades que denunció tiempo atrás el expresidente de Acara, Ricardo Salomé, en el manejo de los fondos.