Cada año electoral los gobiernos se vuelven pródigos a la hora de aumentar el gasto público en sus presupuestos. Javier Milei, aunque más moderado, no es la excepción: en el proyecto de ley de presupuesto que envió al Congreso se anticipa que el gasto total del sector público nacional subirá en 2025 un 4,2% en términos reales respecto de este año, el cual estuvo dominado por un fuerte ajuste en la mayoría de las partidas.

Empero, a diferencia de sus antecesores, el presidente libertario decide abrir el grifo de las erogaciones en un marco estricto de déficit cero, una regla que pretende perpetuar por ley. Confía en que la economía crecerá cinco puntos el año próximo; esta suba –que redundaría en mayores ingresos– le permitiría relajar el ajuste sobre todo en partidas electoralmente sensibles. Esta laxitud se observa en la caída del gasto en términos del PBI: mientras este año se derrumbó un 4,7% respecto de 2023, en 2025 la reducción será mucho más leve, de 0,2%, según precisa la consultora Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz.

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Hay tres grandes rubros en el proyecto de ley de presupuesto que Milei envió al Congreso que registran un importante incremento en el gasto respecto de este año: la obra pública, los fondos destinados a las políticas alimentarias y la atención de la niñez, y los giros a las provincias.

Por contrapartida, se observa una drástica caída en la asignación presupuestaria destinada a la vivienda y a los subsidios energéticos (-41,3% en términos reales), lo que redundará en nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas. De hecho, en el proyecto el Poder Ejecutivo establece como objetivo para el año próximo que el 84,83% del costo de la energía sea cubierto por los usuarios vía tarifas.

Las principales subas del gasto

La obra pública fue una víctima mortal de la motosierra durante el primer año de gestión libertaria –cayeron un 83% en términos reales–. El año próximo, empero, las transferencias de capital aumentarán casi un 20% (también en términos reales) considerando todo el sector público, agrega el informe de Iaraf.

Este reverdecer de una de las partidas más castigadas por el ajuste libertario se patentizaría en distintos programas de la Dirección Nacional de Vialidad, como el de construcción de autopistas y autovías (que tendrá una suba del 143% nominal), y el de mantenimiento y rehabilitación de la red vial (+80% nominal). Además, se prevén obras de inversión –con incidencia en años futuros– por $255,7 mil millones y la adquisición de bienes y servicios por otros $130.295 millones, sobre todo para la compra de vehículos, helicópteros e insumos a ser destinados a Seguridad y Defensa.

Otro de los rubros presupuestarios que se desplomó este año y que en 2025 recobrará impulso es el de los giros discrecionales a las provincias y municipios: según figura en el presupuesto, estas transferencias que van por fuera de la coparticipación crecerán un 77% nominal (39,2% real) pero, acorde a lo dispuesto por el Gobierno, tendrán un destinatario casi exclusivo: la ciudad de Buenos Aires.

En efecto, desde el Ministerio de Economía precisaron a LA NACION que buena parte de estas transferencias corrientes se destinarán a cumplir el acuerdo que la semana pasada cerraron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en torno a la medida cautelar que dictó la Corte Suprema, que establece el pago del 2,95% de los recursos de coparticipación a la ciudad. La devolución de esos fondos, que le fueron rebanados a las arcas porteñas por el gobierno de Alberto Fernández en 2020, fue una condición sine qua non de Jorge y Mauricio Macri –jefe de Pro– a la hora de votar el presupuesto en el Congreso.

Según el acuerdo alcanzado, la administración de Milei continuará depositando el 1,4% de los fondos por goteo diario y el 1,55% restante, a través de transferencias semanales: justamente esto último es lo que aparece de aumento en el presupuesto en los giros a provincias y municipios, explica a LA NACION Alejandro Pegoraro, de la consultora Politikon Chaco.

“De los $3,2 billones previstos en el presupuesto para provincias y municipios, la mayor parte se lo llevará la ciudad. El monto restante a repartir entre los demás distritos será muy bajo, tal vez muy parecido al de este año”, indicó Pegoraro, quien advirtió que el presupuesto tampoco prevé un refuerzo sustantivo en el financiamiento que debe realizar la Anses a las 13 cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.

Esto desatará un conflicto seguro en el Congreso, porque si bien está prevista una partida para atender estos flujos –$254 millones, similar a la actual– el Gobierno viene demorando los pagos ad referendum de auditorías que nunca termina de concretar.

Aumentos dispares en gasto social

El tercer gran rubro que el gobierno libertario priorizó en volumen de recursos –sobre todo en un año electoral– es el de “servicios sociales”, con un 9% de aumento en términos reales, según se precisa en el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Cuando se hace foco en los distintos programas que componen esta finalidad, se observa que el Gobierno prioriza determinados segmentos. Por caso, el de políticas alimentarias –a cargo del Ministerio de Capital Humano–, que consiste en una acreditación mensual de fondos a sus titulares para el acceso de alimentos. Para 2025, la partida crecerá un 60% en términos nominales el año próximo ($3,1 billones).

En materia de salud también se observa un incremento sustancial: un 40,3% de suba en términos reales respecto de este año, señala ASAP. En este rubro las prioridades son dispares, porque si bien se refuerzan en un 65% los fondos para el Plan 1000 días –que apunta a la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia–, cae en términos reales programas claves del Ministerio de Salud, como “Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles” (con apenas seis millones de pesos aumento) y “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” (que pasará de $103 a 120 millones).

El presupuesto destinado a seguridad social –que comprende el pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, pensiones por invalidez, entre otros programas–, si bien aumenta un 7,3% en términos reales muestra también asignaciones dispares. Por caso, las jubilaciones tendrán un aumento del 3,2% real respecto de este año, pero no se prevé refuerzos en la partida que se destina al pago del bono de $70.000 para los haberes mínimos, por lo que en los hechos persistiría la caída del poder adquisitivo de esta franja de jubilados, tal como viene sucediendo este año.

Así lo advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que, en su informe, señala respecto de las asignaciones familiares una paradoja: si bien el presupuesto 2025 les destina un aumento del 7,9% en términos reales, en el articulado se deroga el carácter móvil que actualmente tienen estos beneficios en función de la fórmula de movilidad previsional (artículo 68).

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“De este modo, el monto de la asignación quedaría a discreción del Poder Ejecutivo, lo cual le permitiría –tal como se hizo con el bono para las jubilaciones mínimas– congelarlas y licuarlas”, advierte el informe del CEPA, que conduce el economista Hernán Letcher.

En Educación y Cultura también se da una de cal y otra de arena en el presupuesto 2025. El año próximo promete un aumento del 6,5% en términos reales, pero caen las partidas para becas estudiantiles y para las universidades públicas. Estas últimas tendrán un presupuesto de 3,8 billones el año próximo, la mitad de lo que reclamó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y lejos de lo que pretenden los legisladores impulsores de la ley de financiamiento universitario, a punto de ser vetada por el presidente Milei.