Como con las universidades, las prepagas y las obras sociales, en el Gobierno preparan una auditoría del sistema de prestaciones por discapacidad en todo el país. Es a partir de irregularidades que siguen surgiendo en los relevamientos que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Esta vez, según pudo conocer LA NACIÓN, la tarea quedará a cargo del PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la Andis.

Con más estructura territorial para evaluar a más de mil prestadores, la obra social de jubilados y pensionados enviará citaciones para poder relevar los servicios brindados y si los beneficiarios los reciben efectivamente. En una primera etapa, se enviarían unas 400.000 cartas para esa evaluación.

“Es un escándalo”, afirman en la cartera sanitaria sobre cómo opera el sistema de prestaciones. En Salta, según explican, detectaron el cobro de prestaciones de educación, transporte o salud que no se habían brindado: obligaban a firmar por el servicio a personas que reciben la pensión por discapacidad con la amenaza de que perderían el beneficio.

En la Andis, del cruce de información del Programa Incluir Salud –a través del que liquidan esas prestaciones– con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) surgieron más irregularidades: identificaron que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como “activos”, con prestaciones mensuales y presenciales.

“En cuanto al tiempo –precisaron desde la agencia–, se detectó que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores.” Calculan que, de esa forma, 102 instituciones “percibieron indebidamente” $1355 millones a lo largo del país.

En los últimos meses, la agencia también viene dando a conocer los resultados del relevamiento que está haciendo del padrón de los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral. En septiembre pasado, los primeros datos sobre más de 10.000 beneficiarios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio que ronda los $260.000, como publicó LA NACIÓN. O que 212 personas que estaban procesadas, con condena o presas cobraban ese beneficio aun cuando no cumplían los requisitos para hacerlo por su condición legal, según dieron a conocer hace una semana.

Las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina. Funcionarios involucrados en la preparación de la nueva auditoría estiman que hay entre un 60% y un 70% de prestadores que no están brindando servicios de forma regular. La Andis le entregará al PAMI los datos de las 1123 instituciones que actualmente tienen convenio con la agencia para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios con prestaciones por discapacidad.

En agosto pasado, a propósito del relevamiento de pensiones otorgadas irregularmente, en la Andis explicaron que el sistema de pensiones con el que se encontró el equipo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la agencia, era “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. También, en ese momento, incluyeron en diálogo con LA NACIÓN al circuito de prestaciones.

Plantearon que Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires eran las provincias con más irregularidades detectadas en lo que hace a la entrega de pensiones. A la vez, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión de Alberto Fernández en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.

“Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos. Fue a partir de esa información que estimaron que, solo en 2023, hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos US$3400 millones.

La salud mental era el principal motivo en los certificados médicos para solicitar la pensión. En casos que están judicializados en el norte del país, dieron con un profesional que extendió un centenar de certificados y exigió montos de $40.000 a cambio de ese documento necesario para solicitar la pensión.

Ahora, avanzarán con el circuito de prestaciones, mientras la Andis sigue con el relevamiento de pensiones otorgadas, que ahora se está haciendo en Chaco, después de completar el AMBA.

Este miércoles, personas con discapacidad, familiares, transportistas, profesionales e instituciones que les brindan servicios se manifestaron en un Acto Federal por los Derechos de las Personas con Discapacidad y un representante entregó en la entrada de la Quinta de Olivos un tercer petitorio al presidente Javier Milei. Piden un “cambio en la política de entrega de pensiones no contributivas por incapacidad laboral” al argumentar que “el decreto 843/24 es un retroceso en esa materia ya que vuelve al criterio de pensión por invalidez laboral dejando de lado el de discapacidad y situación de vulnerabilidad”.

En el texto, solicitan un aumento del presupuesto para el área y “que se deje de lado la meta de una quita de 177.740 pensiones planteada en el presupuesto para 2025″, además de “una ley que establezca una asignación universal por discapacidad”. Incluyeron, además, el reclamo por una suba de los aranceles de los prestadores. “Los actuales están por debajo de la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos –plantean–. Se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos. Con los aumentos establecidos para los últimos tres meses de este año, que sumados no llegan a cubrir la inflación de octubre, la situación va a ser peor.”

En el Ministerio de Salud indicaron que los aumentos ofrecidos fueron de entre el 1% en octubre y el 0,5% en diciembre.