A medida que se acercan cambios en la administración presidencial de Estados Unidos, las políticas migratorias del actual presidente Joe Biden son sometidas a intensas revisiones y ajustes. Entre las más afectadas está la iniciativa Parole in Place (PIP), un programa destinado a proteger de la deportación a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que residen sin documentación.

El PIP tiene el objetivo de otorgarles a ciertas personas una protección temporal contra la deportación mientras tramitaban su estatus migratorio. Esta medida fue suspendida recientemente por un juez federal en Texas, por lo que la administración enfrenta presión de diversos sectores para proteger a los inmigrantes que residen en ese país de manera irregular.

La intención de Biden fue, en sus palabras, “mantener unidas a las familias” y evitar que los solicitantes enfrentaran el riesgo de deportación al salir del país para regularizar su estatus. Sin embargo, a pesar del enfoque humanitario, el programa enfrentó desde el inicio una serie de desafíos legales y políticos.

La anulación del programa Parole in Place

De acuerdo con Associated Press (AP), en agosto de 2024, la política fue bloqueada por un fallo de un juez en Texas, J. Campbell Barker. Según el juez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tiene autoridad legal para implementar una medida de este tipo sin la aprobación del Congreso.

Barker argumentó que el Parole in Place violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ya que, a su criterio, estas políticas excedían las atribuciones del poder ejecutivo. Esta decisión es parte de una demanda liderada por 16 estados, encabezados por Texas, que argumentan que el programa impone cargas financieras significativas en servicios de salud y educación para los gobiernos estatales.

Los que impulsaron la demanda sostienen que esta medida afecta a sus presupuestos, ya que permite que inmigrantes indocumentados accedan a servicios financiados por el gobierno. Además, los representantes de estos estados argumentan que el programa viola el principio de separación de poderes al intentar cambiar la política migratoria sin la autorización legislativa.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, tras recibir la demanda, dictaminó una suspensión temporal, y el fallo de Barker en agosto de 2024 culminó, el jueves 7 de noviembre, en la anulación definitiva del programa. Esto deja a miles de familias inmigrantes en un estado de incertidumbre. Según estimaciones de AP, hasta 500.000 inmigrantes podrían haber obtenido beneficios de esta política en los próximos años.

Posibles cambios en el parole humanitario y otros programas de protección

El PIP no es el único programa que está en la mira. Otras medidas de protección, como el parole humanitario, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), también enfrentan un futuro incierto.

El primero, implementado por la administración Biden, proporciona protección temporal contra la deportación a personas provenientes de países en crisis, como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, en octubre de 2024, la Casa Blanca anunció que este programa no se renovaría, lo cual afectaría a más de medio millón de personas en situación vulnerable.

La DACA y el TPS, dos programas de amparo para inmigrantes, enfrentan también desafíos significativos, sobre todo ante el eventual regreso de una administración republicana. El segundo permite a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o conflictos armados residir temporalmente en EE.UU., mientras que el programa DACA protege de la deportación a quienes llegaron a ese país siendo niños.

La National Foundation for American Policy (NFAP) publicó en octubre un informe donde advierte sobre el posible fin de estos programas, que podrían afectar a casi tres millones de personas en los próximos dos años. La NFAP detalló que la pérdida de protección podría resultar en la deportación de hasta 2,7 millones de personas.

La anulación de estos programas no solo tiene un impacto inmediato en la vida de los inmigrantes, sino que también pone de relieve la necesidad de una reforma migratoria integral que brinde estabilidad y claridad a un sistema que ha estado en constante cambio en los últimos años.