La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un tema que ha generado controversia luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para eliminarla. Como respuesta, el gobierno de California se unió a otras entidades para demandar a la nueva administración y evitar la medida.

La 14ª enmienda a la Constitución de EE.UU., ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. En ese sentido y con relación a los planes de Trump, Gavin Newsom, gobernador del Estado Dorado, dijo: “Esto es inconstitucional”.

California presenta demanda para bloquear la orden de Trump

Un día después de que Trump firmara el decreto, California y otros estados presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts en la que solicitaron que se impida que la orden entre en vigor, el 19 de febrero de este 2025, y que garantice que los derechos de los niños afectados sigan vigentes mientras se desarrolla el litigio.

“El presidente ha excedido su autoridad con esta orden y lo haremos responsable”, dijo Rob Bonta, fiscal general del estado.

Bonta y los otros fiscales generales presentaron la demanda bajo el argumento de que la orden viola la Decimocuarta Enmienda y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) al negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos.

Además de California, los estados demandantes son: Nueva Jersey, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, junto con la ciudad de San Francisco.

David Chiu, fiscal de la ciudad de San Francisco, calificó la orden de Trump como una “tragedia” que debe detenerse. “Los inmigrantes han hecho grande a nuestro país, son cruciales para nuestro éxito económico y son fundamentales para el tejido social y cultural de nuestra nación”, precisó.

Qué pasará en California con la orden de la ciudadanía por nacimiento

En un comunicado de la oficina del fiscal general de California, señalan que los demandantes buscan una disposición preliminar a nivel nacional para evitar la negación de los derechos constitucionales de decenas de miles de bebés que nacen cada año en EE.UU. que deberían ser ciudadanos, incluidos aproximadamente 24.500 nacidos en la entidad.

Además, destacan que si se permite que la orden siga en pie, privaría a decenas de miles de niños que nacen cada año de ser parte plena y justa de la sociedad estadounidense como ciudadanos legítimos, con todos los beneficios y privilegios. “Estos niños perderían sus derechos más básicos y se verían obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación”, añaden.

Los recién nacidos perderían la elegibilidad para una amplia gama de programas de beneficios federales, la obtención de un número de Seguro Social, el derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse como candidatos a determinados cargos.

“La orden ejecutiva también perjudicaría directamente a California y a otros estados, ya que pondrían en riesgo la financiación federal de programas vitales que administran, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños”, esto debido a que dichas iniciativas están condicionadas a la ciudadanía y el estatus migratorio de los menores.

Un juez bloquea decreto de Trump para estos estados

El juez federal de distrito John C. Coughenour bloqueó temporalmente el jueves la orden ejecutiva de Trump que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos de padres que viven en el país ilegalmente. Este fallo corresponde a una demanda de los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon.

“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como en este”, dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia, de acuerdo con The Associated Press. “Esta es una orden manifiestamente inconstitucional”, agregó.

La decisión del juez impide que la administración actual tome medidas para implementar la orden ejecutiva durante 14 días. Coughenour programó una audiencia para el jueves 6 de febrero para decidir si la bloqueará a largo plazo.