En la última Asamblea General de la ONU se firmó por aclamación el Pacto del Futuro, un acuerdo multilateral que estableció una larga lista de acciones: desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo; paz y seguridad internacionales; ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital; juventud y generaciones futuras, y transformación de la gobernanza global. Un anexo incluye acciones sobre regulaciones, controles, medidas sobre las redes sociales, las empresas tecnológicas y un capítulo de enorme importancia referido a la inteligencia artificial.

El Pacto tuvo el respaldo de 143 países, liderados, entre otros, por los Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Israel, Irlanda y España, y los rechazos de Rusia, Irán y Nicaragua. Se abstuvieron Cuba, Bolivia e Irak, entre otros. El caso de la Argentina fue particular. Fundó su decisión, entre otras razones, en que el actual gobierno se encontró con negociaciones ya avanzadas y decidió no votar, sumándose a Afganistán, Brunéi, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, El Salvador, Haití y Venezuela, entre otros. El acuerdo subraya el aumento y diversificación de las amenazas a la paz mundial y reitera compromisos fundamentales como el respeto de la Carta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, la protección de los civiles y la diplomacia para resolver conflictos, y la eliminación de las armas nucleares. La cuestión del cambio climático, uno de los mayores retos, ocupa un lugar destacado.

El pacto promete acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a erradicar la pobreza extrema, luchar contra el hambre, lograr la igualdad de género y promover la educación para 2030. También a agilizar la reforma de la arquitectura financiera global para facilitar que Estados excluidos puedan acceder más fácilmente al crédito por parte de bancos internacionales, invertir en los objetivos de desarrollo y prepararse para el cambio climático.

La canciller Diana Mondino explicó que la decisión de no adherir al pacto responde a discrepancias entre los términos del acuerdo y las prioridades de la nueva agenda política y económica de la Argentina. “Disociación” fue la palabra que utilizó. No se trata de aceptar imposiciones de cuestiones no prioritarias, pero tampoco conviene dejar la silla vacía en las discusiones globales, aunque sea para rechazarlas o proponer alternativas.