CÓRDOBA.- Mientras el gobierno nacional ahora acelera el traspaso de obras públicas a las provincias, los empresarios del sector alertan que el “parate histórico” está provocando “desempleo, escaso desarrollo y pobreza”. Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre pasado, se dejaron de financiar alrededor de 2.000 obras en todo el país, incluso las que tienen certificaciones de avance presentadas, por lo que hay empresas que analizan ir por la vía judicial para cobrar. Es que, pese al paso de los meses, no tienen novedades. La deuda ya facturada se estima en $250.000 millones.

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En diálogo con LA NACION, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss explicó que el cálculo de la deuda total acumulada es de unos $400.000 millones, de los que alrededor de $250.000 millones está facturado y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios.

Desde el año pasado, en la gestión de Alberto Fernández, la Cámara viene planteando los problemas por la fórmula de redeterminación de precios; el exministro nacional Gabriel Katopodis modificó el esquema poco antes de terminar el Gobierno. Las deudas acumuladas son tanto de la era Fernández como de la de este semestre.

Aunque haya traspaso de obras a las provincias, ese rojo debe ser cancelado por Nación. En el medio año de gestión que lleva la administración libertaria salieron “muy pocos” pagos, según los constructores. Hay empresas que ya intimaron al Estado, enviándole cartas documentos. Las titulares de la totalidad de los contratos frenados podrían ir a la Justicia, aunque todavía la mayoría espera por los tiempos que lleva litigar y por los costos que implica.

Weiss advirtió que hay empresas con problemas para seguir adelante porque la facturación es prácticamente nula y están endeudadas con bancos, con proveedores e incluso con la AFIP.

El clúster de la construcción de Córdoba -reúne a las diferentes industrias relacionadas con el sector- emitió el último viernes un comunicado en el que plantea que la inversión en obra pública, “por medidas nacionales, enfrenta un estancamiento a niveles jamás suscitados”.

Agrega que la “falta de normativas claras”, la “incertidumbre económico-financiera” y la “constante irrupción de medidas judiciales” para parar emprendimientos tanto privados como públicos que se acogen a la normativa vigente terminaron retrayendo las inversiones privadas, que “optan por generar desarrollo en otros lugares donde la seguridad jurídica es condición esencial”.

En las últimas semanas, con Guillermo Francos a cargo de la Jefatura de Gabinete, se empezó a apurar el traspaso a los gobernadores básicamente de obras en rutas nacionales, centros de salud, trabajos hídricos y de saneamiento. Ya se firmaron convenios con Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén, y hay avances con Córdoba, Catamarca y Santa Fe. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Francos recibió hace dos semanas a Katopodis (hoy ministro de Infraestructura bonaerense), quien pidió la transferencia de unas 1.000 obras nacionales a la gestión del gobernador Axel Kiciloff.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y de los primeros en firmar, dijo: “Con este acuerdo, en definitiva podemos decirles a los vecinos de Entre Ríos qué obras se van a continuar y de qué manera”. Agregó que la provincia también trabaja con los municipios el tema. En tiempos de billeteras flacas hay que ver quién paga.

En la Casa Rosada estiman que con el nuevo esquema podrían reiniciarse alrededor de 900 obras en lo que resta del año. Los pases a provincias no incluyen los recursos, con lo que cada una debe tener el dinero para seguir los trabajos.

Las arcas subnacionales están muy golpeadas tanto por la recesión como por el recorte de giros del gobierno nacional, con lo que tampoco están en condiciones de continuar todos los proyectos. El gobierno nacional se haría cargo de las que tienen un avance de 70% o más y que son interjurisdiccionales, y también de las que tienen créditos externos aprobados.

Ese es un problema, como ya adelantó LA NACION. Hay consultas de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento porque con las iniciativas paradas no se ejecutan los desembolsos y, por lo tanto, el país tiene saldo negativo y tendrá que usar fondos propios para pagar.

En los primeros cinco meses del año, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los gastos nacionales totales cayeron 27,6% interanual en términos reales: las jubilaciones y pensiones y los gastos de capital fueron los rubros que más incidieron en la reducción ya que explican 9 puntos porcentuales (p.p) y 4,9 p.p., respectivamente.

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La retracción de los gastos de capital es del 82,3% real interanual y se da porque bajan tanto las transferencias de capital destinadas a provincias y municipios (98,4% real respecto del período enero-mayo de 2023), los fondos fiduciarios (-72,1%), los giros a empresas públicas (-63,8%), la inversión real directa, fundamentalmente destinada a proyectos viales (-87,7%) y a equipamiento en el sector educativo (-97,4% a/a real).

Durante la campaña electoral, Milei había planteado que avanzaría en un “modelo a la chilena” para la obra pública, en la que los privados se harían cargo del sector. En Camarco insisten en que en ningún lugar del mundo los privados ejecutan más del 15% o 20% del total de esas obras, y ese global se concentra en los trabajos en los que pueden recuperar la inversión a través del pago de los usuarios. Por ejemplo, rutas en las que se utilizan peajes.