El Ministerio de Economía sigue acumulando notas de reclamo del sector energético por deudas sin cobrar. En este caso, no se trata de las generadoras eléctricas y las productoras de gas, a las cuales el Estado les debe al menos $600.000 millones, sino de las distribuidoras y subdistribuidoras de gas.

El Tesoro les dejó de girar el dinero que les corresponde por el reintegro del régimen Zona Fría, que subsidia entre 30% y 50% del total de las boletas de gas de los hogares en localidades con condiciones climáticas que necesitan más calefacción. En 2021, a través de una iniciativa del diputado Máximo Kirchner, se extendió el alcance del tributo a más localidades por fuera de la región patagónica, Puna y Malargüe, y quedaron alcanzados Mar del Plata y Rosario, entre otras ciudades.

La deuda acumulada de enero, febrero, marzo y abril ya supera los $10.000 millones, según fuentes del sector privado y de la Secretaría de Energía. Lo curioso es que se trata de fondos que no implican un gasto fiscal para la cartera que conduce el ministro Luis Caputo. El dinero es aportado por todos los usuarios de gas natural, que pagan con su servicio un impuesto que nutre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, más conocido como Fondo Patagónico.

Cada usuario residencial, comercial e industrial puede ver el impuesto en su boleta con el nombre FDO ART. 75 Ley 25.565, que tiene una tasa de recargo de 5,6% en promedio sobre el precio del gas natural en boca de pozo (PIST). La recaudación de este tributo se destina al fondo fiduciario que está depositado en el Banco Nación. Hasta febrero, la Secretaría de Energía administraba ese dinero para financiar el subsidio Zona Fría.

Desde marzo, sin embargo, luego de la publicación del decreto 215/2024, que cedió el control de todos los fondos fiduciarios integrados por bienes del Estado al Ministerio de Economía, el fondo está inactivo: sigue recibiendo aportes, pero frenó completamente el pago a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras.

La Secretaría de Energía dijo ayer que ya se había emitido la orden de pago por los meses de enero y febrero, que suman $4273 millones. En los siguientes días se giraría el dinero de marzo, mientras que para el de abril todavía faltan 15 días para que venza (se reintegra a los 60 días de mes finalizado).

Estas compañías, entre las que se encuentra Camuzzi, Naturgy y 40 subdistribuidoras, se hacen cargo del subsidio a los usuarios que viven en zonas frías y luego reciben los fondos del Estado. Para ello, las distribuidoras envían al ente regulador del gas, Enargas, el detalle con los volúmenes vendidos, que hace la fiscalización y lo remite al Ministerio de Economía para que destrabe los pagos.

“Esta situación te quita certidumbre de la caja, porque no se reciben los pagos en tiempo y forma. Además, los aumentos de tarifa se pusieron en tela de juicio, lo que obliga a tener una administración financiera más puntillosa”, dijeron en una de las empresas.

Hace unos meses, el Instituto de Subdistribuidores de Gas (ISGA) le envió una nota al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, manifestando la preocupación “ante la delicada situación económico – financiera que atraviesa el colectivo de subdistribuidores de gas por redes (SDB), y que se ha visto agravado recientemente a partir del decreto 215/204, que determinó que para la liquidación de dichos fideicomisos sean intervenidos por el Ministerio de Economía”.

La cámara dijo que la modificación de ese procedimiento generó “un retraso aun mayor” al que estaban teniendo en el recupero de los importes, que en el caso de estas empresas implica entre un 35% y 45% de su facturación mensual.

“Por lo tanto, entendiendo que en el caso de este fideicomiso de Zona Fría se financia por el aporte de los mismos clientes que consumen gas natural de todo el país, no afectando las finanzas del Estado, y considerando que las distribuidoras y subdistribuidoras somos simples operadores del sistema, a los que se nos obliga a realizar una bonificación a los clientes de alta incidencia en nuestros ya alicaídos ingresos, le solicitamos encarecidamente que extreme todos sus esfuerzos para poder ordenar al Banco Nación que nos realice los correspondientes depósitos de reintegro de bonificaciones por Zona Fría en forma inmediata”, cierra la carta firmada por el presidente de ISGA, José Luis Kelly.

En diálogo con LA NACION, Kelly advirtió que a futuro podría ocurrir que lo que se recauda con el impuesto para nutrir el fondo puede no alcanzar para cubrir el régimen de Zona Fría. Sucede que se paga el impuesto sobre el precio del gas, pero el subsidio cubre entre el 30% y 50% del costo total de la boleta, que incluye también los servicios de transporte y distribución de gas. En el último mes, estos dos segmentos tuvieron fuertes aumentos de tarifas, sobre todo del costo fijo.

“Este régimen funciona desde 2002, pero en 2021 se decidió ampliar el alcance a zonas como si fuera que hubo una ola de frío polar en el país. Para ello se subió la tasa del impuesto. Ahora hay que ver si con los aumentos de tarifas de distribución y transporte, lo recaudado por el fideicomiso alcanza para cubrir el subsidio. Nosotros tenemos una propuesta para cambiar el esquema del régimen: que en algunas zonas solo se subsidie en el periodo de mayor consumo por el invierno (del 15 de mayo al 15 de septiembre) y que cubra solo el cargo variable de las tarifas, no al fijo”, sugirió Kelly.