Un grave hecho de corrupción sin precedente, cometido desde la primera línea del Estado nacional. Así, con esas palabras, confirmaron los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la llamada causa Vialidad.

La expresidenta de la Nación fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque el fiscal Mario Villar ha dispuesto acertadamente insistir ante la Corte Suprema de Justicia para que la condenada sea también acusada como jefa de una asociación ilícita, lo que llevaría su pena a 12 años de cárcel.

En las 1541 páginas de la sentencia, los magistrados subrayaron el papel central de Cristina Kirchner en el direccionamiento de las licitaciones que favorecieron a Lázaro Báez y confirmaron “con grado de certeza” la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, que constituyeron “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Sin embargo, solo uno de los tres camaristas, el juez Gustavo Hornos, consideró con acierto que no solo debía aplicarse la figura del fraude, sino también la de asociación ilícita. Fue este magistrado quien respondió a la infundada acusación de la expresidenta de que todo se trató de una estrategia de “lawfare”, en la que se urdió una persecución judicial, política y mediática en su contra para condenarla y proscribirla. Según el doctor Hornos, el “lawfare” aparece solo como “una nueva teoría conspirativa” y “una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos y ante la sociedad toda, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”.

Lo cierto es que, a lo largo de todo el proceso judicial vinculado con la causa Vialidad, intervinieron más de 20 funcionarios, entre magistrados y fiscales. Atravesó una etapa de instrucción, otra a cargo del Tribunal Oral Federal y la de la Cámara Federal de Casación Penal, al tiempo que la propia Corte Suprema de Justicia debió tratar numerosos recursos interpuestos por la expresidenta y en ningún caso objetó el progreso de la investigación judicial. Muchos de esos jueces y fiscales fueron designados durante la gestión de Cristina Kirchner como primera mandataria. Queda claro que la conspiración que plantea la exjefa del Estado habría requerido la connivencia de una gran cantidad de funcionarios judiciales de diverso origen y responsabilidad. Algo que resultaría absolutamente inverosímil, habida cuenta de las sobradas pruebas acerca de los inusitados y comprobados hechos de corrupción.

Según el juez Hornos, existió una “organización criminal” que cometió una multiplicidad de delitos, al tiempo que la expresidenta dio órdenes, dispuso traslados, organizó reuniones, solicitó información y tomó decisiones claves para el funcionamiento de esa asociación ilícita. En tal sentido, como señaló el juez Mariano Borinsky, Cristina Kirchner habilitó el funcionamiento de un fideicomiso que destinaba lo cobrado por la tasa al gasoil para las obras públicas, y colocó su control en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, al tiempo que facultó a su secretario de Obras Públicas José López –también condenado– a realizar modificaciones al fideicomiso, permitiendo así el uso discrecional de los fondos.

Asimismo, los jueces destacaron la intervención directa de la expresidenta en la parte final de la maniobra, cuando coordinó con López y Báez el “plan limpiar todo”, que consistió en el cierre de las empresas de este último, en el despido de los trabajadores y en asegurar que el empresario cobrase todo lo que tenía pendiente del Estado.

A la vergonzosa defensa que intentó Cristina Kirchner, apelando a su victimización y a su presunta persecución, hay que sumar la escandalosa y obscena decisión de las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en 2022 –en plena presidencia de Alberto Fernández– resolvieron abandonar su papel de querellante en la causa Vialidad. Poco antes de la defección de este organismo de sus obligaciones, la Oficina Anticorrupción también incumplió sus deberes, dejando en claro que, durante los gobiernos kirchneristas, a los organismos de control del Estado no solo no les interesaba avanzar sobre expedientes que involucraran a la entonces vicepresidenta de la Nación y a varios de sus exfuncionarios, sino que además procuraron crear un muro de protección a su alrededor, tendiente a garantizarles impunidad.

Es de esperar que el proceso judicial concluya cuanto antes con la más contundente condena contra la expresidenta y sus secuaces, sin que el paso del tiempo juegue, como ha ocurrido en otras situaciones, a favor de quienes merecen un ejemplar castigo.