Motores de avión, hélices, motores para vehículos, neumáticos, computadoras último modelo, baterías, cargadores para celulares, grupos electrógenos y armas de aire comprimido fueron secuestrados en las últimas horas en procedimientos hechos por la Dirección General de Aduanas (DGA) en distintas terminales portuarias. Se trata de mercadería de contrabando y que su valor superaría los 15 millones de dólares.

Así lo informaron fuentes oficiales. “En la primera semana de gestión de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la DGA se encuentra realizando exhaustivos controles en las distintas terminales portuarias”, se informó en un comunicado de prensa.

Se trata de una metodología similar a la que se descubrió en la causa conocida como la Mafia de los Contenedores, donde contrabandistas, con la colaboración de funcionarios y personal aduanero, intentaron ingresar en el país de forma ilegal mercadería valuada en 284 millones de dólares.

En este nuevo caso de contrabando quedó a cargo del juez en lo penal económico Alejandro Catania y el fiscal del mismo fuero Emilio Guerberoff.

“Se encontraron 22 contenedores repletos de mercadería ilegal valuada en varios millones de dólares”, explicaron fuentes de la Aduana.

Un funcionario judicial que participó de la investigación de la causa de la Mafia de los Contenedores –que tuvo entre sus condenados a Claudio Minnicelli, cuñado del otrora poderoso ministro kirchnerista Julio De Vido– dijo: “Parece que los procesamientos y condenas no hacen mella”.

“Los delitos económicos, especialmente el contrabando, perjudican la actividad económica y financiera del Estado, obstaculizando el logro de los objetivos establecidos en nuestra Constitución Nacional. Este daño a la recaudación fiscal afecta la meta del artículo 4 de la Carta Magna, el cual establece que el Gobierno federal provee los gastos de la Nación con fondos del Tesoro originados en los derechos de importación y exportación. La corrupción económica tiene efectos negativos multiplicadores en la sociedad, que se traduce en competencia desleal, distorsiones de precios y expansión de las prácticas ilegales. La mercadería ingresada al país de forma fraudulenta pronto circula en el mercado nacional, evadiendo impuestos y perjudicando las finanzas públicas en todos los niveles”, sostuvo el juez Marcelo Aguinsky en el proemio de la elevación a juicio del último tramo del expediente de la Mafia de los Contenedores, como publicó LA NACION en mayo pasado.

Entre los señalados como jefes de la banda, testaferros, personas jurídicas, despachantes de aduana, contadores, personal aduanero, funcionarios y responsables de depósitos fiscales son casi 100 imputados que deberán enfrentar un juicio oral y público.

Los exfuncionarios de la Aduana que estarán sentados en el banquillo de los acusados son Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, a quien en un allanamiento en su casa le secuestraron US$500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una conocida cadena de heladerías.

En la resolución, Aguinsky había afirmado que, al evaluar el grado de cooperación por parte de la DGA, “corresponde dejar constancia de la intensa labor desarrollada por la querella bajo la dirección de las respectivas jefaturas que tuvo la DGA a lo largo del proceso. Pero, por otra parte, no puede dejar de manifestar mi asombro al constatar el nivel de resistencia de los estamentos intermedios del organismo, al esclarecimiento de esta maniobra delictiva a gran escala”, en referencia a un informe interno elaborado, en su momento, la jefatura Buenos Aires de la Aduana.