ROSARIO.-Una sola persona había comprado en un lapso de un año y medio 42 pistolas 9 mm. Pero no solo era la cantidad lo que asombró a los investigadores, sino la metodología: era un testaferro. De ese total de armas adquiridas, ese hombre había “comprado” en una armería de la zona sur de Rosario 17 armas de la misma marca y modelo. A nadie de la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac) le llamó la atención, lo que muestra, según los investigadores de la fiscalía de Rosario, el nulo control que hay en la adquisición de armas de fuego.

En la causa que sigue el fiscal Gastón Ávila identificaron 220 operaciones de esas características, con el uso de testaferros. La hipótesis es que ese armamento estaba destinado al “mercado negro”, una entelequia nunca identificada, que tras los 31 allanamientos que se realizaron en Rosario, donde se secuestró documentación y teléfonos celulares posiblemente, se avanza por primera vez en lograr corporizar.

Uno de los puntos clave que fueron allanados es la armería Bordoni, ubicada en bulevar Seguí al 1700, en la zona sur de Rosario, donde se hacían las operaciones de compra de armas. Esa armería arrastra desde hace tiempo sospechas de maniobras oscuras. Tiene una particularidad, según relató un asiduo comprador de municiones para la práctica deportiva, los pagos se deben hacer en efectivo. La sospecha es que esta mecánica responde a un modo de elusión impositiva, pero también podría esconder otro tipo de operación aún más oscura. En esa armería se detectó en una causa anterior que en septiembre de 2021 José Luis Andino, investigado como proveedor de armas, había adquirido 21.000 balas. Este hombre era un proveedor de las bandas narco.

Los allanamientos que ordenó el fiscal Ávila fueron coordinados entre la Policía Federal Argentina, funcionarios de la Anmac y de la Fiscalía Regional de Rosario.

Según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, la mecánica de la adquisición de armas y municiones estaba centrada en los testaferros. Es decir, había personas que se transformaban en legítimos usuarios de armas de fuego, sus nombres figuraban en los registros, pero las pistolas terminaban en otras manos. Este tipo de maniobras deja al descubierto la falta de control de la Anmac.

Entre las armas decomisadas, una cifra total de 220, se contaron armamento de guerra como revólveres calibre.38, pistolas Glock y pistolas .9 mm Taurus , entre otras. Lo que llamó la atención de los fiscales fue haber hallado un fusil Kalashnikov. En las imágenes de las armas largas secuestradas también quedó expuesto un Fusil Automático Liviano (FAL).

La investigación comenzó en abril de 2024 cuando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación realizaron un relevamiento de las armas vendidas y registradas por distintas armerías de Rosario. En ese trabajo encontraron que personas que mantenían deudas incobrables en bancos oficiales y privados y monotributistas de todas las categorías; habían adquirido armas para caza mayor, habitualmente usadas en nuestro país para la caza de jabalí. En el operativo se detuvo a siete personas que serán imputadas el viernes próximo.

En una de las armerías allanadas, los efectivos encontraron el sello de un médico con el cual se justificaba la capacidad psicofísica de un comprador apócrifo de una de estas armas. En otro procedimiento se detectó que el hijo del titular de otra armería mantenía en su casa particular un depósito de armas de guerra.

“Otra cosa que pudimos certificar es un reporte falso de las unidades de balas vendidas a quienes tenían los permisos correspondientes para usar ese tipo de armas. Por ejemplo, se reportaba que se habían vendido tanta cantidad de balas a una persona y las unidades declaradas no condicen con la factura de pago, quedando un remanente que después podía ser comercializado por otro canal ilegal”, aseguró un funcionario, según publicó el diario La Capital.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expresaron que mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego a cargo del fiscal Ávila se pudieron realizar estos allanamientos en diversos puntos de Rosario y lograr la detención de estas siete personas.

Los procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del plan de persecución penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en abril de 2024. El convenio implicó un trabajo en conjunto de MPA, el Anmac y la Policía Federal. Con estos procedimientos, según expresaron desde el MPA “se encuentra en camino de acreditar mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales”.

Ese convenio tiene como objetivo, según expresaron, “reducir la circulación ilegal de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por el MPA es el abordaje de los mercados ilegales de armas de fuego relacionado directamente con homicidios, heridos de armas de fuego y tiroteos”.